jueves, noviembre 29, 2012

Cúcuta, Norte de Santander
Denuncian abusos del alcalde y de la Policía contra vendedores ambulantes
Por Camilo Raigozo

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia,  CUT,  denunció las graves violaciones a los derechos humanos contra los afiliados de la Asociación de Vendedores Informales de Cúcuta, “Asovicut.

Las agresiones se han dado, según la denuncia, por parte del alcalde Domaris Ramírez París, el secretario de gobierno, David Castillo, el coronel de la Policía Metropolitana Francisco Javier Mora, los cuales han utilizado para ello a los Esmad.

Los involucrados han arremetido brutalmente contra jóvenes, niños mujeres, adultos, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, en reiteradas ocasiones, por el hecho de trabajar como vendedores informales.

Para los vendedores informales es la única opción que les ha dejado el Estado para sobrevivir en una ciudad donde la informalidad está por encima del 70 % y el desempleo en un 17 %.

El pasado 27 de noviembre desde tempranas horas, los escuadrones Esmad se tomaron el centro de la ciudad arremetiendo con golpes, patadas, bolillazos, tiros al aire y gases lacrimógenos, contra los vendedores informales que apenas se estaban acomodando en sus puestos de trabajo.

La brutal agresión dejó varios heridos, entre los que se encuentran, Marisol Contreras Valencia, Yani Milena Ascanio Carvajal (en avanzado estado de embarazo), Rocío Valencia, presidente de Asovicut, Cesar Valencia, (fue detenido e incapacitado),  Juan Pablo Marín García y Diego Esteban Calderón, menor de edad.

Las agresiones son una constante contra los vendedores informales que en su mayoría son madres cabeza de familia, desplazados, víctimas de la violencia y por lo tanto población vulnerable.

“Como nos gustaría ver al alcalde, a su secretario de gobierno, al comandante de la Policía y al  Esmad, combatir frontalmente a los grupos irregulares y delincuencia organizada que hoy controlan el área metropolitana, especialmente a Cúcuta, zonas donde se han registrado este año, 407 asesinatos, 98 desapariciones forzadas y más de un centenar de amenazas”, aseveran los denunciantes.


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