Exigen respeto a los derechos humanos de las personas
capturadas víctimas de falsos positivos judiciales
Detención arbitraria de ocho profesionales de diferentes
disciplinas egresados de la Universidad de Caldas, en capturas simultaneas
realizadas en Bogotá, Manizales, Cali, Huila y
Valle del Cauca.
La capturas fueron realizadas violentando la dignidad de
los profesionales pues fueron capturados en sus lugares de trabajo (hospitales,
colegios, fundaciones) frente a sus pacientes, alumnos, compañeros de trabajo,
con despliegue de fuerza intimidatoria.
Además se trata de un proceso que data del año 2006 sin que
los detenidos hubiesen sido notificados
As personas capturadas eran estudiantes de la Universidad
de Caldas en el año 2006 de las áreas de Medicina, Sociología, Trabajo Social,
Biología, Filosofía y Letras.
Las víctimas terminaron sus estudios universitarios, y
desde entonces están dedicados a ejercer su profesión y cualificarse a través
de realización de posgrados y maestrías en sus correspondientes disciplinas.
El pasado 22 de noviembre, entre las 2 y las 5 p.m.
fueron privados de la libertad en diferentes ciudades del país, siete
profesionales hombres y una mujer, quienes fueron trasladados inmediatamente a
la ciudad de Manizales.
En la audiencia pública tanto de legalización de captura
como de imputación de cargos, realizadas durante los días viernes 23 y sábado
24, el fiscal 12 informó que las
capturas fueron ordenadas el día 20 de noviembre en audiencia privada por la
juez quinta penal y hechas efectivas el 22 de Noviembre, es decir a los dos
días.
Llama la atención la rapidez para hacer efectivas las
capturas, si se compara con asuntos de delicada trascendencia para la vida del
país, por ejemplo funcionarios del anterior gobierno nacional con órdenes de
captura que no han sido efectivas varios años después de ser emitidas.
El sustento para las capturas está basado en
declaraciones y señalamiento recibidos supuestos reinsertados e informantes, por supuestos hechos ocurridos
en el año 2006.
Llama la atención y causa mucha preocupación el hecho que
el fiscal 12 de Manizales, al momento de relacionar las supuestas pruebas
contra los profesionales, presentó un escrito extenso en el que aparece una
mención a la Unión Patriótica, haciendo ver este proceso como, “un revés que
sufrió la insurgencia armada y por eso crea un nuevo proceso, el PC3
organización a la que pertenecen los capturados”.
Esto demuestra que el genocidio estatal cometido contra
la Unión Patriótica, así como la persecución, hostigamiento y señalamiento a
sus sobrevivientes se mantiene.
El juez de garantías actuó dando por ciertas las
imputaciones, condenando a la y los profesionales sin empezar la etapa de
juicio, violentando el derecho a la presunción de inocencia,-
pero además mostrando una gran indolencia e
irrespeto a la dignidad humana, pues ante la petición hecha por la
representante de la Procuraduría General de la Nación y los abogados de la
defensa de otorgar-
el beneficio de la detención preventiva domiciliaria, se
negó, sin importar el estado de salud de la profesional en medicina, ni de los
padres de avanzada edad de uno de los profesionales en cuya responsabilidad
recae el sustento y cuidado de sus ancianos padres.
Exigimos
A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo estar atentos y garantizar que se cumpla el debido proceso, así como
ordenar a quien corresponda revisión del estado de salud de la profesional en
medicina trasladada a la institución carcelaria Villa Josefina de la ciudad de
Manizales.
A los organismos de control del Estado, el Instituto
Nacional Penitenciario Inpec, las direcciones de las instituciones carcelarias
de varones y mujeres de la ciudad de Manizales a respetar el debido proceso y
la dignidad humana de la y los profesionales, teniendo en cuenta que la
privación de la libertad no lleva en ningún momento a la privación de los
Derechos Humanos de las personas.
A los medios de comunicación nacional y local a respetar
la dignidad de la y los profesionales, ser objetivos en la presentación de la
noticia y abstenerse de emitir conceptos que violenten el derecho a la
presunción de inocencia.
Llamamos
A los Organismos de Control del Estado, medios de
comunicación, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos Nacionales e
Internacionales, Oficinas en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas,
del Comité Internacional de la Cruz Roja; a los movimientos:
sindical, estudiantil, femenino, cívico popular y
comunidad en general a exigir el respeto por el debido proceso, los derechos
humanos y la dignidad humana de los profesionales.
Carlos Andrés Ospina Parra, Alexander Pérez Jiménez,
Lesner Jafeth Almenares Gómez, Andrés Felipe Álvarez Dávila, Yohan David Ruiz
Rincón, Liliana Ocampo Avila y Julio Cesar Murillo García.
Junta directiva
*Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Caldas