miércoles, noviembre 14, 2012

Seguridad narcocrática/
Procuraduría formuló cargos contra 7 militares por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

El pasado 10 de octubre, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra dos oficiales y cinco soldados del Ejército Nacional de Colombia por asesinatos a sangre fría de dos campesinos en Casanare.

En los crímenes también está implicado el presunto bandido Wiliam Henrry Torres Escalante, brigadier general del Ejército por haber ordenado los asesinatos cuando era comandante de la Brigada 16

Los presuntos criminales son el subteniente Marco Fabián García Céspedes; el cabo Idelfonso Chavarro Parra y los soldados profesionales Julio Cesar Arteaga Vásquez Fernando Calderón Calderón, Fredy Albeiro Vargas Medina, Juan Pablo Bravo y Emilio José Herrera Valero.

Los militares deberán responder por los asesinatos a sangre fría de los campesinos Roque Julio Torres y su padre, Daniel Torres, perpetrados en la vereda El Triunfo, municipio de Aguazul, Casanare, el 16 de marzo del año 2007.

Luego de quitarle la vida a los labriegos, los terroristas del régimen los presentaron como guerrilleros del ELN dados de baja en combate.

Sin embargo, luego de someterse a sentencia anticipada, el bandido García Céspedes, teniente, aceptó su culpabilidad en los hechos y señaló también como responsables a sus subalternos y al comandante de la brigada 16, hoy brigadier general Wiliam Henrry Torres, Escalante, quién habría dado las órdenes de los asesinatos.

Por los hechos ya fueron condenados cinco de los siete militares, quedando por resolver la responsabilidad del soldado Arteaga, el teniente García. Igualmente se espera que la autoridades judiciales inicien investigación formal contra el general Torres Escalante.

Actualmente el gobierno del presidente Santos, el ministro de Defensa, altos mandos militares, el procurador Alejandro Ordoñez, congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, entre otros,-

impulsan una reforma al fuero militar, con lo cual los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública quedarán en la impunidad.

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