Pide acción oportuna del Gobierno para evitar impunidad
en el país.
Por: Agencia Efe
Por: Agencia Efe
Las mujeres y niñas desplazadas en Colombia, en su
mayoría víctimas de violencia de género, enfrentan un "espectro
desalentador de obstáculos" para el acceso a servicios médicos y
judiciales, según denunció Human Rights Watch (HRW).
En un informe, la organización advirtió al presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, y al Congreso del país que, si no toman
medidas, "se perpetuará la impunidad de los abusos contra mujeres y niñas
desplazadas y subsistirán los obstáculos que se interponen a su acceso a la
atención médica básica".
HRW llegó a esa conclusión tras visitar entre diciembre
de 2011 y octubre de 2012 cuatro ciudades colombianas -Bogotá, Cali, Cartagena
y Medellín- y entrevistar a 80 mujeres y niñas desplazadas, además de a 46
funcionarios del Gobierno y profesionales sanitarios y a otros 65 activistas de
derechos humanos.
"En los casos examinados por Human Rights Watch, en
general tanto el marco (jurídico) como las rutas de atención no se aplican
adecuadamente, las víctimas no reciben la atención médica que por derecho les
corresponde y los responsables no son llevados ante la justicia", indicó
el informe.
La organización recordó que la violencia de género afecta
a casi una de cada dos mujeres desplazadas, según datos de la Agencia Estadounidense
para el Desarrollo (Usaid), y que, cuando éstas buscan justicia, encuentran
retos como "el maltrato de algunas autoridades, las dificultades
probatorias y el temor a represalias".
Varias mujeres y niñas consultadas por HRW afirmaron que
los fiscales no habían tratado sus casos seriamente o las habían culpabilizado.
En otros casos las autoridades indicaron que no
iniciarían acciones penales "a menos que presentaran pruebas físicas del
abuso", lo cual "fue imposible debido a demoras en el acceso a los
exámenes forenses" y, en la práctica, "contribuye a que mujeres y
niñas renuncien a la justicia".
HRW denunció también "deficiencias" en la
implementación de medidas de protección y en la entrega de asistencia
humanitaria, que suele destinarse a la familia como unidad con el hombre como
suscriptor, lo que hace que muchas mujeres decidan quedarse en "un hogar
abusivo" para no perder beneficios "indispensables".
En cuanto a los servicios médicos, citó establecimientos
de salud que "no implementan debidamente las leyes relevantes" y
ofrecen un "examen inadecuado" para identificar signos de violencia
de género, además de la "negación o demora arbitraria en la prestación de
servicios esenciales".
Ante esos retos, la organización pidió a Santos que
presente un "plan interministerial claro" para implementar medidas
contra la violencia de género, y que lance una encuesta nacional "para
determinar la magnitud de la violencia sexual vinculada con el conflicto
armado" y la que sufren las personas desplazadas
También instó al mandatario a crear "una comisión
independiente integrada por representantes del Estado, incluida la Defensoría
del Pueblo, y de la sociedad civil para efectuar una evaluación rigurosa de las
prácticas que prevalecen en las instituciones" estatales dedicadas a
responder al problema de la violencia sexual.
Recomendó además que Santos anuncie públicamente la lucha
contra la violencia de género como una "prioridad" de su Ejecutivo y
que dote de recursos suficientes a la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, HRW instó al Congreso colombiano a
aprobar el proyecto de ley sobre acceso a justicia de las víctimas de violencia
sexual y a actualizar el Código Penal para reflejar más tipos de abusos; y
emitió recomendaciones para cada ministerio y agencia estatal que toque el
problema en su actividad.