Carta de Colombianos y Colombianas por la Paz:
Bogotá, septiembre 26 de 2012
Señor Presidente de Colombia
Juan Manuel Santos
Señores comandantes
Timoleón Jiménez, Secretariado del Estado Mayor Central
de las FARC-EP Nicolás Rodríguez Bautista, Comando Central del ELN
Reciban un saludo respetuoso de Colombianas y Colombianos
por la Paz.
En primer lugar deseamos reiterar nuestro júbilo por las
diálogos de paz que se han adelantado para formalizar el inicio del proceso
entre el Gobierno y las FARC-EP,-
y por la posibilidad cierta que el ELN se sume
a dicho escenario de conversaciones para terminar el conflicto armado de manera
definitiva.
Contribuir a superar esta cruenta guerra que nos desangra
desde hace medio siglo construyendo entre todas y todos con imaginación la paz
con justicia social, profundizar la democracia y legar a las nuevas
generaciones un futuro de reconciliación y dignidad es un imperativo ético.
Estamos convencidos que sus disposiciones y sus
voluntades con inteligencia y generosidad lo posibilitarán.
Por esa razón, en este tiempo histórico y único, nos
permitimos invitarles a valorar nuestra propuesta, motivada en el
reconocimiento del dolor humano,-
de la continuidad de daños inenarrables en la
vida de miles de inocentes que viven en zonas rurales principalmente, o en las
ciudades, donde se vive también desplazamiento y desolación.
Del mismo modo, pensamos en nuestra riqueza biológica en
peligro, en lo que es afectado y es perdido para el país.
El motivo de esta carta pública dirigida al Señor
Presidente de la República y a los dos comandantes superiores de los grupos
insurgentes es considerar de nuevo la necesidad de un Cese al fuego y de las
hostilidades y en subsidio un Acuerdo Especial basado en el derecho
humanitario.
Dicha petición la habíamos hecho ya en enero de 2012 y en
recientes ocasiones. Somos conscientes de la enorme responsabilidad y de la
dificultad de concertar tal Acuerdo,-
pero creemos que las razones, que Ustedes
bien conocen, para que ese paso se produzca, son lo suficientemente válidas.
Su necesidad ética es insoslayable; su urgencia es
evidente; su posibilidad de ser pactado y verificado, es tangible. Partimos de
la voluntad de hacer la paz, de la buena fe y el honor que tiene su palabra,
por lo tanto si es así ¿por qué no
avanzar generando aún más confianza, seguridad y
compromisos?, ¿por qué no anticiparnos y remover los obstáculos que puedan
restar legitimidad a los diálogos de paz?
Aunque han declarado el Gobierno Nacional y las FARC-EP
la firmeza para cumplir el Acuerdo y estar encaminado para abordar los puntos
ya pactados,-
no es mentira ante la experiencia y la alta sensibilidad del
proceso, que éste será frágil si están activados de lado y lado planes
militares ofensivos.
Pensamos no solamente en la necesidad del Acuerdo
Especial desde el imperativo de la certidumbre entre las partes, para que
prevalezca el entendimiento sin que nada amenace-
el proceso de terminación del
conflicto hacia la paz, pero también lo proponemos por la exigencia moral de
estar obligadas las partes al respeto del derecho internacional humanitario.
En este sentido no es una contradicción. Sabemos que el
derecho humanitario es precisamente por la existencia de confrontación, pero
pedimos tomar en cuenta que mientras esté activo el conflicto armado, quien más
la sufre es la población civil.
El pasado 5 de septiembre más de 20 comunidades
indígenas, negras y mestizas habitantes en zonas de conflicto les enviaron una
comunicación con un llamado apremiante para que se pactara un Cese Bilateral.
En estas dos semanas transcurridas, estas mismas
comunidades firmantes de la misiva han sido afectadas en su vida, en su
integridad, en sus bienes, por ataques indiscriminados-
con ametrallamientos y
bombardeos, por amenazas, presiones, daños a bienes de supervivencia; algunos
civiles han muerto o han quedado heridos, como nos ha sido reportado.
A esa solicitud se han ido sumando más y más familias y
comunidades que padecen las graves infracciones al derecho humanitario y en
general los efectos del conflicto armado.
El hecho que las FARC-EP y el ELN manifiesten su
disposición a la aplicación del derecho humanitario abre la posibilidad de un
Acuerdo Especial que acordado bilateralmente con el Gobierno, representará un
avance en la confianza requerida para llegar a un feliz término del conflicto.
Invitamos en tal sentido, al Señor Presidente, disponer
la posibilidad de ese Acuerdo Especial se vea materializado sobre aspectos
específicos que será un paso trascendental de protección preventiva y de
proyección humanitaria, preludio de la paz que deberá sobrevenir.
En caso de que el Sr. Presidente Santos siga juzgando que
el Gobierno no cesará las operaciones de la Fuerza Pública en relación con las
guerrillas y que ésta continúe su actividad armada,-
solicitamos se aborde al
menos un Acuerdo Especial de humanización del conflicto, pues los preceptos de
la sola aplicación general del derecho internacional humanitario-
indicado en el
Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo II
adicional de 1977 no han sido suficientes para interponer límites a la
barbarie.
Este derecho admite las posibilidades de Acuerdos ad hoc,
especiales, precisos, sobre principios y aspectos del derecho internacional
humanitario,-
que no significan el alto al fuego, que también son totalmente
materia de verificación por los medios que Ustedes estimen adecuados, ya sea a
través de misiones nacionales,-
internacionales, mixtas, con participación de la
sociedad civil o de organismos internacionales cuyo mandato está dirigido a
esta realidad.
Como por ejemplo, la abstención de cualquiera de las
partes de usar minas antipersona o precisiones sobre el respeto a civiles,
personas internacionalmente protegidas, niños, mujeres, periodistas, misión
médica
Teniendo en cuenta ese urgente emplazamiento de víctimas
reales, de seres que sufren y tienen el derecho a ser escuchados, les pedimos
discernir esa valiosa posibilidad,-
que ha servido en otros conflictos para
aclimatar hacia acuerdos definitivos de fin de la confrontación y velar por el
fundamental derecho a la vida.
Entendemos las razones por las cuales el Señor Presidente
decide mantener las operaciones militares e igualmente las que argumentan las
guerrillas de las FARC y del ELN.
Nuestra propuesta no pretende entorpecer, torpedear o
dificultar ningún acuerdo constructivo. En absoluto.
Todo lo contrario: deseamos que se facilite el
entendimiento, que el acercamiento sea mayor, que la confianza esté blindada,
que la credibilidad no se menoscabe,-
no sólo entre las partes sino en el
conjunto de la sociedad y la comunidad internacional para lograr el mayor
respaldo y se culmine felizmente el proceso que tanto anhelamos.
Así, con base en lo dispuesto en el Artículo 3º común,
expresión de las consideraciones básicas de humanidad, con la única pretensión
de evitar males mayores derivados de la inútil prolongación del-
sufrimiento de
poblaciones inermes, y del conflicto mismo, atendiendo las situaciones
específicas de cómo se desenvuelve éste, les invitamos a reflexionar y observar
un Acuerdo Especial para su irrestricto y verificado cumplimiento.
Señor Presidente Santos y comandantes de la guerrilla,
elevamos a Ustedes esta propuesta de un Acuerdo Especial, sugiriendo
respetuosamente algunos elementos que pueden debatirse para su-
inclusión, con
un carácter preventivo y una proyección de su finalidad ética, a fin de impedir
daños innecesarios e irreparables en la vida e integridad de civiles y de los
mismos combatientes,-
para que haya respeto a los valores de nuestra común
dignidad, para que los bienes de supervivencia de los civiles en zonas muy
empobrecidas sean respetados, para que se respeten los ecosistemas,-
para lograr
resolver situaciones pasadas y presentes que requieren un encuentro de
voluntades convocadas e interpeladas por la razón, por la significación de lo
humanitario como valor propio y compartido, mientras se firma un acuerdo de
paz.
En tal sentido les proponemos discutir sobre la
posibilidad de un Acuerdo Especial sobre aspectos concretos del derecho
humanitario, de la mayor extensión temporal posible, al menos por noventa (90)
días, prorrogables, iniciando desde el próximo 8 de octubre de 2012.
Sobre los posibles aspectos para contemplar en relación
con los compromisos de las guerrillas de las FARC y del ELN, por ejemplo:
* Cesar unilateralmente la ampliación del uso de minas
anti-persona, asumir el compromiso de actualizar mapas de todos los minados
existentes hasta la fecha, y advertir a la población de las áreas donde se
encuentran dichos dispositivos.
* Abrir la información levantada sobre esas armas o estar
disponible durante este período para ser conocida por una entidad internacional
o una misión ex profeso que le de confianza a la insurgencia-
y sea pactada con
el Gobierno, a fin de que pueda conservarla y entregarla para la desactivación
de los minados si las guerrillas lo piden o cuando se hayan firmado acuerdos
posteriores sobre esta materia.
* Las guerrillas se mantendrán en los lugares de su
presencia o movilidad regular, respetando los espacios de vivienda y trabajo de
la población civil y los bienes de supervivencia de civiles.
* Las guerrillas suspenderán acciones ofensivas contra la
fuerza pública y acciones de sabotaje contra cualquier tipo de infraestructura
pública o privada.
* Las guerrillas se comprometen a identificar los casos
de personas, sean civiles o militares, privadas de libertad por cualquier
circunstancia, para dar razón de su estado, asumir responsabilidades y velar
por la salvaguarda de su vida e integridad.
Respecto a los posibles aspectos para contemplar por
parte del gobierno, por ejemplo:
* Se abstendrá la fuerza pública de todo tipo de
bombardeos y ametrallamientos como parte de operaciones ofensivas que afecten a
civiles, respetando los espacios de vivienda y trabajo de la población civil y
los bienes de supervivencia de civiles
* La fuerza pública mantendrá su presencia y movilidad
regular absteniéndose de operaciones ofensivas a las guerrillas, manteniendo el
control de áreas.
* Se facilitarán mecanismos y condiciones para que de
modo discreto una comisión nacional, internacional o mixta, visite las cárceles
y conozca, diagnostique y proponga medidas de atención a situaciones
humanitarias de personas privadas de la libertad en razón del conflicto armado.
* Se levantará información unificada y sistematizada de
todas sus bases de datos, concernientes a personas desaparecidas forzadas a lo
largo de estas décadas,-
a fin de posibilitar en la implementación de los
acuerdos un esclarecimiento y ubicación de su paradero, o donde puedan
encontrarse cuerpos de civiles y de combatientes sin identificar.
Pensamos es posible asignar un papel en este Acuerdo
Especial a la Defensoría del Pueblo o entidades especializadas de países que
Ustedes acuerden para verificar el cumplimiento-
de esta aplicación del derecho
humanitario, para lo cual estos podrán solicitar a las partes la información
necesaria y tener facilidades de actuación in situ.
Agradecemos que nuestra propuesta sea por ustedes
considerada y en lo posible una respuesta a esta propuesta. Con todo respeto,
nos suscribimos con sentimientos de esperanza en la paz de Colombia.
Colombianas y Colombianos por la Paz
