Por Camilo Raigozo
Un total de 12 personas fueron víctimas este 11 de junio de 2012, de los llamados falsos positivos judiciales, perpetrados por el Ejército, la Fiscalía, la Policía y otros organismos represivos del Estado.
Las nuevas víctimas del terrorismo estatal son acusadas de apoyar a los ejércitos insurgentes de las FARC y el ELN, producto de testigos a sueldo y otros ardides usados en los montajes judiciales.
Entre los detenidos se encuentran Yorley Ballesteros Ortiz, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas de Banadías,-
José Orlando Gamboa Rico y Jhon Jairo Gamboa Giraldo, esposo e hijo de Luz Mila Giraldo, fueron detenidos en el 2006 y luego de permanecer 3 años en la cárcel fueron declarados inocentes, según información de la Fundación Joel Sierra.
Su otro hijo, José Diomdez Gamboa Giraldo, fue privado de libertad en abril del año 2011. Aún se encuentra preso en la Penitenciaría de Cómbita, Boyacá, acusado arbitrariamente de haber participado en el homicidio de la Jueza Penal del Circuito de Saravena.
También denuncia la Fundación Joel Sierra que militares preguntaron por el sitio de trabajo del joven Alexis Sierra Jáuregui, quien fue víctima de desaparición forzada y tortura junto a su hermana Yamile Sierra Jáuregui y el joven Saúl Gualdron Sierra.
el teniente Eberto Villalba Osorio y los policias Mauricio Arley Herrera Luengas, Jhon Fredy Estupiñan, Xavier Alfredo Vásquez y Ericson Niño Jerónimo”, denunció la Fundación Joel Sierra.
Bajo la misma estrategia demencial del régimen, miles de personas inocentes han sido víctimas de encarcelamientos arbitrarios por varios años, hasta que logran demostrar su inocencia, después de pagar un alto costo económico, moral, familiar y social. Cientos de inocentes aún están en las cárceles.
El general Mendoza Guzmán, comandante de la Región 5 de Policía, dijo entre otras cosas a los medios que “los capturados se encargaban de las extorsiones, generaban ataques a la Fuerza Pública y todo tipo de actividades terroristas contra la infraestructura energética y vial en la región”.
Las 12 víctimas fueron judicializadas y entregadas a las autoridades judiciales acusadas de terrorismo, concierto para delinquir, extorsión, secuestro y homicidio.
En el falso positivo judicial, Mendoza Guzmán aseveró que, “de esta manera, se evidencia la unión del ELN y las FARC en el departamento de Arauca para cometer actos contra la población civil,-
la Fuerza Pública y la misma estructura energética y vial en el departamento de Arauca, y que pese a esta situación, las operaciones de las fuerzas del Estado continuarán trabajando para desvertebrar a estos grupos al margen de la ley”.
Con la misma vehemencia con que hacen estas acusaciones, el oficial y los medios, deberían pedirle perdón a las víctimas y a sus familias e indemnizarlas por los daños que les han causados, cuando estas logren demostrar su inocencia en los próximos meses. Foto El Tiempo.
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Un total de 12 personas fueron víctimas este 11 de junio de 2012, de los llamados falsos positivos judiciales, perpetrados por el Ejército, la Fiscalía, la Policía y otros organismos represivos del Estado.
Las nuevas víctimas del terrorismo estatal son acusadas de apoyar a los ejércitos insurgentes de las FARC y el ELN, producto de testigos a sueldo y otros ardides usados en los montajes judiciales.
Entre los detenidos se encuentran Yorley Ballesteros Ortiz, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas de Banadías,-
Luis Enrique Garavito Díaz, fiscal de la Junta de Acción Comunal del
barrio Pablo Antonio, Gladimir Lizcano Prieto, comerciante, Luz Mila Girlado, vendedora
de pescado y el joven Laurin Stefany Bautista Vera.
José Orlando Gamboa Rico y Jhon Jairo Gamboa Giraldo, esposo e hijo de Luz Mila Giraldo, fueron detenidos en el 2006 y luego de permanecer 3 años en la cárcel fueron declarados inocentes, según información de la Fundación Joel Sierra.
Su otro hijo, José Diomdez Gamboa Giraldo, fue privado de libertad en abril del año 2011. Aún se encuentra preso en la Penitenciaría de Cómbita, Boyacá, acusado arbitrariamente de haber participado en el homicidio de la Jueza Penal del Circuito de Saravena.
También denuncia la Fundación Joel Sierra que militares preguntaron por el sitio de trabajo del joven Alexis Sierra Jáuregui, quien fue víctima de desaparición forzada y tortura junto a su hermana Yamile Sierra Jáuregui y el joven Saúl Gualdron Sierra.
“Los responsables de este crimen de lesa humanidad fueron
agentes de la Sijin de Arauca y por el cual se encuentran detenidos y juzgados
el mayor Héctor Gutierrez Arroyo comandante de esa institución para la época,-
el teniente Eberto Villalba Osorio y los policias Mauricio Arley Herrera Luengas, Jhon Fredy Estupiñan, Xavier Alfredo Vásquez y Ericson Niño Jerónimo”, denunció la Fundación Joel Sierra.
Las víctimas fueron presentadas de manera irresponsable por la dictadura mediática colombiana, cómplice de los victimarios, como terroristas, violándoles la presunción de inocencia
y sin que hubieran sido vencidos en juicios justos ante los tribunales.
Bajo la misma estrategia demencial del régimen, miles de personas inocentes han sido víctimas de encarcelamientos arbitrarios por varios años, hasta que logran demostrar su inocencia, después de pagar un alto costo económico, moral, familiar y social. Cientos de inocentes aún están en las cárceles.
El general Mendoza Guzmán, comandante de la Región 5 de Policía, dijo entre otras cosas a los medios que “los capturados se encargaban de las extorsiones, generaban ataques a la Fuerza Pública y todo tipo de actividades terroristas contra la infraestructura energética y vial en la región”.
Las 12 víctimas fueron judicializadas y entregadas a las autoridades judiciales acusadas de terrorismo, concierto para delinquir, extorsión, secuestro y homicidio.
En el falso positivo judicial, Mendoza Guzmán aseveró que, “de esta manera, se evidencia la unión del ELN y las FARC en el departamento de Arauca para cometer actos contra la población civil,-
la Fuerza Pública y la misma estructura energética y vial en el departamento de Arauca, y que pese a esta situación, las operaciones de las fuerzas del Estado continuarán trabajando para desvertebrar a estos grupos al margen de la ley”.
Con la misma vehemencia con que hacen estas acusaciones, el oficial y los medios, deberían pedirle perdón a las víctimas y a sus familias e indemnizarlas por los daños que les han causados, cuando estas logren demostrar su inocencia en los próximos meses. Foto El Tiempo.
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