Denuncian torturas del Ejército en San Vicente del Caguán, Caquetá

Por Camilo Raigozo

La organización defensora de los derechos humanos Caguán Vive, denunció ante la opinión pública nacional e internacional que:

Primeras tres víctimas

El 1 de abril de 2012, tropas de la Futal de Algeciras, del Ejército Nacional, torturaron durante varias horas a Donaido Arias Valle y a Jhon Fredy Ruiz Tovar, de la vereda Alto Avance, San Vicente del Caguán.

Los militares detuvieron a Donaido y a Jhon Fredy y los insultaron con palabras soeces. Le dijeron que ellos sabían de la bomba. Les dijeron a ambos que los iban a matar, apuntándoles con los fusiles.

Les pegaron puntapiés, les botaron las pertenencias, les dijeron que los iban a soltar, pero que si les daba la gana los cogían nuevamente. Tenían una fotografía y le dijeron a Ruiz Tovar que él era el de la foto.

También gritaban que ellos sabían que el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Alto Avance era guerrillero.

Los acusaron a los dos de ser guerrilleros y que tenían que colaborar o de lo contrario “los hacemos pelar de la guerrilla”, mientras que simultáneamente les daban patadas y puños.

A la mamá de Jhon Fredy Ruiz, María Ilda Tovar, mayor de edad, también la trataron mal, a pesar de que ella les vendía comida. Le dijeron que “vamos a matar a su hijo, vamos a sentarlo en una bomba”.

Según la denuncia Jhon Fredy Ruiz tuvo que huir de la vereda, ante el peligro de que los militares cumplieran las amenazas de asesinarlo.

Cuarta víctima

El mismo día torturaron a Carlos Ramírez, de la vereda Alto Avance, de San Vicente del Caguán, por espacio de varias horas, según el relato interpuesto por la víctima ante la Personería municipal.

El 1 de abril de 2012 en horas de la tarde los soldados se dirigieron a la finca de Jair Méndez Amaya y se tomaron por completo la vivienda, sin que su dueño pudiera hacer nada ante el atropello.

Al día siguiente, martes, a las seis de la mañana retuvieron a uno de los trabajadores de la finca, identificado como Carlos Ramírez, cuando llegó a la escuela donde vive su esposa, que es la profesora.

Los militares entraron a la escuela y le preguntaron a Ramírez sobre la remesa que allí había. Él les contestó que pertenecía a la comunidad y de algunos finqueros que por la dificultad de transportarla, pedían el favor de guardarla mientras traían bestias.

Los uniformados argumentaron que eso era falso, que la remesa era de la guerrilla y seis soldados, uno de ellos de apellido Ríos, cogieron a Ramírez y le pegaron puños y patadas,

Después lo obligaron a sacar la remesa a la cancha de la escuela insistiéndole que dijera que era de la guerrilla. “Si no canta por las buenas, canta por las malas”, le repetían.

Luego los “héroes de la patria” llevaron a la víctima a la cocina, lo tiraron al piso, trataron de asfixiarlo, mientras le introducían los dedos en las fosas nasales y le tiraban la cabeza hacia atrás poniéndole las rodillas en el pecho o en la espalda.

Cuando estaba próximo a la asfixia lo soltaban y volvían a repetir la tortura, “para que cantara”. Después cogieron un  trapo con jabón Trax y se lo restregaran en los ojos.

Después llegó un comandante y ordenó que no lo torturaran más. Dicho comandante no tenía ninguna identificación o insignia, como lo ordena el Derecho Internacional Humanitario.

Acto seguido lo dejaron en “libertad”, no sin antes obligarlo a firmar con huella dactilar dos papeles, uno de los cuales decía que la remesa era de la guerrilla y el otro afirmaba que de la escuela no se había perdido nada. La víctima no tuvo más alternativas que firmar contra su voluntad.

Luego ordenaron traer a Jair Méndez para ofrecerle algo de remesa. Nuevamente les ordenaron, a Ramírez y a otro muchacho que habían retenido, recoger la remesa. Hecho esto la quemaron.

Finalmente les hicieron firmar un documento en el que quedaba constancia de que las víctimas eran entregadas a la comunidad sanos y salvos y que habían gozado del buen trato del Ejército Nacional. Rosalbina Rojas Méndez, esposa de Carlos Ramírez, también fue obligada a firmar.

Quinta, sexta y séptima víctimas

El día 1 de abril de 2012 tropas de la Futal de Algeciras, del  Ejercito Nacional, torturaron a José Emiliano Quitumbo Casamachin, miembro del resguardo indígena de Altamira y a Jair Méndez, de la vereda Alto Avance de San Vicente del Caguán por espacio de varias horas.

José Emiliano Quitumbo Casamachin se disponía  a llevar unos becerros que estaban cerca de la escuela  y ante la oposición de los soldados regresó al corral y se dispuso a ordeñar las vacas.

Tres soldados fueron hasta donde el indígena se encontraba y le ordenaron subir a la escuela. “Sube a las buenas o a las malas”, le dijeron.

Quitumbo subió en compañía de Jair Méndez. Al llegar a la escuela los separaron y les preguntaron de la remesa de la escuela, a lo que respondieron que ellos tenían entendido que era de la comunidad y de algunos finqueros que la habían dejado a guardar.

De la carretera a la escuela hay seis horas de camino y de la escuela a la finca más cercana son otras dos horas, por lo que les queda mejor a los campesinos dejar la remesa guardada y después recogerla. Esa era la razón por la que estaba la remesa en la escuela.

A veces unos finqueros se encargan de la remesa de todos, porque unos tienen bestias y otros no.

José Emiliano Quitumbo les dijo que no sabía nada más. Entonces los militares dijeron que había que torturarlo ya que no quería hablar.

Un soldado le pegó una patada y otro dijo que mejor trajeran un balde con agua donde le metieron la cabeza y lo dejaban hasta el punto de ahogarlo. Luego lo dejaban respirar y volvían a repetir el suplicio una y otra vez.

También le apuntaron con el fusil en el pecho mientras amenazaban con matarlo. Así pasó un buen rato hasta que llegó otro militar y ordenó parar la  tortura, que mejor era llevarlo para Neiva, si es que no quería hablar.

Cuando se aproximaban otros miembros del cabildo lo metieron en un baño, luego lo sacaron y lo hicieron parar en medio de la remesa donde lo fotografiaron y lo filmaron. Lo mismo hicieron simultáneamente con Carlos Ramírez.

Los militares conversaron por radio y le dijeron a sus interlocutores que “tenemos dos capturados con remesa ¿los llevamos a Neiva?”

Los uniformados les insistían a las víctimas que se desmovilizaran, que se acogieran al plan del gobierno, que se llevaban a toda la familia y que les pagaban 50 millones por denunciar a un miliciano.

También les prometieron que los llevarían a Brasil o a Ecuador y que no les tocaba comprar nada, ni casa ni nada.  Después los obligaron a cargar la remesa para quemarla y les hicieron firmar los tres papeles descritos anteriormente.

Quitumbo no sabe qué fue lo que firmó, pues sabe firmar pero no leer. Luego cogieron unos 15 kilos de abono que había sido adquirido para componentes orgánicos en un proceso de mejoramiento de tierra que se está haciendo con el Comité de Cafeteros.

“Ese abono es para hacer explosivos”, dijeron los militares y condujeron a sus dos rehenes hasta donde la esposa de Jair Méndez. Allí les hicieron firmar otro papel delante de la testigo.

Un muchacho de nombre Juan Carlos, que casualmente pasaba por el sitio, fue retenido por los uniformados. Él les manifestó que venía de jugar futbol en el resguardo.

Los soldados lo trataron de guerrillero, le quitaron un bolso, sacaron las pertenencias y unos polvos que traía se los echaron en la cabeza, le tiraron la ropa al piso y la pisaron. Le pegaron patadas y puños y le dijeron: “Si quiere empútese, responda, defiéndase”. Después lo dejaron ir.

Octava  víctima

El día 1 de abril de 2012,  tropas de la Futal  de Algeciras, del Ejercito Nacional, torturaron a Gustavo Ramírez Hoyos de la vereda Alto Avance de San Vicente del Caguán por espacio de varias horas.

Ramírez Hoyos subía del cabildo indígena y le contaron que su hermano, Carlos Ramírez, había sido detenido por el Ejército.

Él siguió hasta la casa de Jair Méndez, pero los militares no lo dejaron pasar porque tenían un retén. Lo cogieron, lo metieron en un monte y le dieron una golpiza. Le dijeron, “como ya soltamos a su hermano ahora sigue usted”.

“Hable lo que su hermano es, no lo proteja”, de dijeron. Como Gustavo Ramírez permaneció callado, un soldado dijo: “A este hijo de puta, sáquenle la lengua y verá que habla”.

Le dijeron que él tenía que saber de los hechos, de lo ocurrido; que si no les decía lo mataban  a pata, pero él no entendía de qué hechos hablaban.

Un soldado le puso el fusil en el pecho y en la cabeza y amenazó con matarlo porque él era cómplice de todo lo ocurrido.

El que manejaba la ametralladora lo llamó y le dijo “venga que yo no lo trato mal.  Pero respóndame la verdad porque si no, si me hace dar mal genio”. Le inquirió que si su hermano, Carlos Ramírez, era miliciano, a lo que Gustavo respondió que no.

“Como es su hermano lo tapa, hasta usted es guerrillero. Ustedes no son trabajadores”. Después el sargento Ortiz afirmó que los labriegos estaban mintiendo y que eran colaboradores de la guerrilla.

El suboficial insistió en que tenían que darle información de la guerrilla. En eso llego el teniente Juan Camilo Muñoz Robles. Gustavo Ramírez lo conocía desde cuando estuvo “prestando el servicio militar”.

El teniente lo llamó y le dijo “¿usted ya se dio cuenta de lo que le pasó a su hermano?” Gustavo le respondió que él solo sabía que ellos lo habían detenido. “Dígame, ¿Jhon Edison Aguirre es guerrillero?”, preguntó airado el oficial.

Gustavo Ramírez le respondió que Aguirre era de la vereda y que tenía familia, su esposa y un niño y que no era guerrillero. “Nosotros estamos seguros que él es guerrillero”, pronunció el teniente.

“Acompáñenos a Laureles y nos da información que allá si hay guerrilla”, propuso el oficial, pero la respuesta fue negativa. “¿Entonces no nos va a contar nada? echémoslo por delante”, dijo el sargento Ortiz.

El teniente se negó y ordenó que lo soltaran porque no tenían pruebas. Cuando Ramírez se alejaba los uniformados gritaban “cójanlo, metámoslo al monte y lo torturamos y vera que canta hasta salsa”. El teniente dijo ya no más y lo dejaron ir.

La Corporación Caguán Vive sostiene que durante las torturas estuvieron presentes el teniente Juan Camilo Muñoz Robles, el sargento Ortiz y los soldados Torres y Ríos.

De los demás no se tiene información aunque según testimonios eran aproximadamente ocho. Al hacer los reclamos el teniente dijo agresivamente:

“Demanden si quieren. No tienen pruebas, o donde están las heridas de los maltratados. Yo ya soy viejo  en esto y se cómo son las cosas. Aquí no va a pasar nada. Yo contesto donde me toque y respondo por mis hombres”.

Las comunidades y Caguán Vive exigen la destitución inmediata de los responsables de estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

También exigen investigación, destitución y castigo, a los miembros de las fuerzas militares implicados en los casos de tortura, detención ilegal, extralimitación de funciones, amenaza colectiva y desplazamiento forzado en las veredas Alto Avance y Unión Dos, San Vicente del Caguán, Caquetá.

En la actualidad el Gobierno, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, altos mandos castrenses, congresistas y dirigentes políticos inescrupulosos, así como la extrema derecha del país,-

insisten en que el fuero militar sea ampliado, con lo cual las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por los militares quedarán en la impunidad.

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