PutumayoComunidades denuncian que soldados atracan y roban en viviendas
Por Organizaciónes SocialesLa Mesa Departamental de Organizaciones Sociales Campesinas Indígenas y afrodescendientes del Putumayo denunciamos y advertimos ante las instituciones del estado competentes, al Gobierno Nacional y a los organismos Defensores de Derechos Humanos de carácter Internacional, sobre la grave situación que se viene presentando en toda la jurisdicción del departamento del Putumayo, en los últimos días.
Situación Humanitaria en el corredor fronterizo Puerto Vega a Teteyé, municipio de Puerto Asís
El día 27 de Junio de 2011, siendo las 12:30 p.m., cuatro soldados vestidos de pantalón camuflado con camiseta verde, usando pasamontaña y pañoleta, llegaron a la vivienda de María Eugenia Chávez, quién se encontraba acompañada de un primo mayor de edad, un sobrino y su hija menores de edad.
Los soldados encañonaron a las personas y las encerraron amarradas en una de las habitaciones y luego procedieron a esculcar toda la casa, robándose 6 celulares y doscientos mil pesos. Acto seguido sacaron a María Eugenia Chávez, de la vivienda situada a menos de 200 metros de la base militar de Nuevo Porvenir en la Batería petrolera de Cuembí,-
vereda Aguablanca Los Cristales, corregimiento La Carmelita llevándola maniatada hacia una zona montañosa cercana a su casa donde la torturaron psicológicamente, la amenazaron con asesinarla a ella y toda su familia si los denunciaba.
Los militares intentaron matar a María Eugenia porque ella reconoce a uno de los militares quienes finalmente le dijeron que tiene que irse de la región porque de lo contrario acabaran con su familia, luego se fueron.
La víctima inmediatamente dio a conocer los hechos a la junta de acción comunal de la vereda Aguablanca Los Cristales y a la Asociación Acsomayo. A las cuatro de la tarde María Eugenia, acompañada de directivos de varias juntas de acción comunal de la región fueron a la base militar de Porvenir y denunciaron al teniente Julián Ortiz Plaza, por los hechos.
La familia afectada siguiendo el procedimiento legal, ha interpuesto la respectiva demanda ante la Fiscalía de Puerto Asís y ante la Personería municipal.
En Teteyé
El 30 de Junio de 2011, la comunidad campesina de la Vereda Teteyé se encontraba en minga para la limpieza y rocería de la vía desde el pozo petrolero Curiquinga. La Minga que habían empezado desde tempranas horas de la mañana duró hasta el mediodía y toda la comunidad retornó a sus casa, a eso de las tres o cuatro de la tarde la comunidad del caserío de Teteyé observó que un pelotón del ejército se dirigían hacia la Base Militar de Quillacinga, al frente de la escuela vieja, se escuchó una explosión.
Después de la detonación la comunidad escuchó ráfagas que eran disparadas por los soldados, que llegaron hasta una de las casas que quedan a la entrada del caserío, y empezaron a maltratar física, verbal y psicológicamente a las personas que se encontraban.
Entre las víctimas del ejército estaba una mujer embarazada y una niña. Luego los soldados avanzaron hacia la casa del pastor de la Iglesia Evangélica a quienes también insultaron y maltrataron.
La comunidad por su parte se congrego en la caseta comunal de Teteyé y al ver que no llegaban las otras familias de las casas localizadas a la salida de la vía, decidieron ir hasta allá para verificar que había pasado. Los militares al ver que la comunidad llegó empezaron a retirarse.
La comunidad denuncia que los soldados amenazaron a toda la población de esta vereda con adelantar operativos de bombardeos contra el caserío para acabar con todos porque “todos eran una partida de guerrilleros, alcahuetes” y acusaron a la población civil de ser ellos los que habían sembrados los explosivos y les dijeron que iban a traer a los paramilitares para que mataran y desplazaran a los campesinos.
Después de un corto tiempo hizo presencia en el caserío de Teteyé, otro grupo de soldados con un alto mando militar que deseaba hablar con la gente de lo sucedido. Cabe anotar que la población de Teteyé fue desplazada forzadamente en el año 2000 por la militarización de la zona y la extracción del petróleo en esta región, hechos que han sido debidamente denunciados ante todas las instituciones y autoridades competentes.
A raíz de esta grave situación la Defensoría del Pueblo convocó a una Mesa Municipal de Prevención al Desplazamiento, espacio interinstitucional para tratar los hechos ocurridos, en el cual se programó una misión humanitaria de carácter urgente para el día 6 de julio que no se pudo realizar por la inundación de la vía principal que desde Puerto Vega lleva a Teteyé, quedando esta actividad pospuesta para el día viernes 08 de julio.
El jueves 30 de Junio de 2011 en la chiva o bus escalera del turno de la tarde que sale de Teteyé, donde viajaba Flor Payoguaje, afiliada a la vereda Teteyé, fue interceptada por dos tipos de civil armados, en una moto, quienes pararon la chiva y por la fuerza hicieron descender a Flor Payoguaje y la subieron en una motocicleta.
Según la información la señora fue secuestrada con fines económicos, pues al parecer los secuestradores le pedían a sus familiares la suma de 60 millones de pesos. Al parecer la familia reunió una parte del dinero que no alcanzaron a entregar, porque el día domingo 03 de Julio a eso de las 8:00 p.m. fue encontrada muerta en un camino cercano al caserío de la vereda Medellín.
Tan pronto se conoció estos hechos se procedió a llamar a la Secretaria de Gobierno Municipal para solicitar gestión inmediata con la Fiscalía para que se practicara su levantamiento. Según informaciones de la comunidad el cuerpo de la mujer no presentaba impactos de bala, pero al parecer había sido objeto de maltrato físico y tortura. Cabe anotar que toda la zona está altamente militarizada por la expansión de la explotación petrolera.
Desde el marzo de 2011 hasta la fecha se han presentado continuos robos, como el de los computadores en las escuelas de las veredas Horizonte, Naranjal y la Manuela; la extorsión realizada a un campesino en la vereda La Yet, inspección Guadualito, donde por acción militar fue frustrada la extorsión, dando de baja a dos de los presuntos delincuentes.
En la vereda Santa María Medio de la Inspección Puerto Vega, el presidente de trabajo de la JAC, fue víctima de un atraco para robarle un millón de pesos. Por la acción colectiva de la población se logró evitar el robo de los recursos de la comunidad y que le hicieran daño al directivo, pues los delincuentes portaban un machete afilado por ambos lados.
Después de dar captura a los delincuentes se descubrió que estos eran miembros de la misma comunidad, en conjunto con otras personas del casco urbano de Puerto Asís. La comunidad procedió a denunciar ante la Fiscalía los hechos y a las personas responsables de estos actos delincuenciales.
Sin embargo, a pesar de que se puso la demanda, las personas involucradas en los hechos se encuentran en total libertad. En últimos días ha sido denunciado por el gerente de la Cooperativa Ecootransvias- Acsomayo, de un hecho que pone en riesgo la seguridad personal de este representativo líder campesino,-
quien denuncio que el día 26 de junio en horas de la mañana cuando se movilizaba en su motocicleta desde la vereda Santa María hacia Puerto Vega, dos hombres de civil, encapuchados, que también se movilizaban en una moto de alto cilindraje ,-
intentaron detenerlo y ante la negativa del gerente iniciaron la persecución y lo llamaron insistentemente para que arrimara, pero el señor Segundo Rubiel Solarte al observar que los dos sujetos eran desconocidos y tenían intenciones negativas contra él, decidió acelerar y logró llegar a un sitio donde había mucha gente.
Situación humanitaria en Valle del Guamuez
Hasta la fecha aún no se ha resuelto la situación de inseguridad y de riesgo que afronta el líder Luis Adriano Rodríguez, presidente de la junta de la vereda Miraflores, perteneciente Sintracap, ni la situación de su hermano Hermes,-
quienes fueron víctimas de estigmatización, persecución y de amenaza de muerte por reclamar los derechos violentados con la implementación inconsulta del proyecto de la Vía y el Oleoducto que hacen parte del proyecto petrolero que adelanta Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.
Tampoco la gobernación del Putumayo ha dado respuesta a las propuestas que las comunidades presentaron en la reunión del pasado 18 de Junio de 2011 en la vereda Sinaí, Inspección El Tigre, Municipio del Valle del Guamués, en que únicamente se construya la Vía y no el oleoducto.
Que el proyecto de la Vía, sea un proyecto vial integral que contemple inversión para todas las vías terciarias y puentes de la región y no solo vía central y asignación de recursos para proyectos productivos.
Apoyo y ejecución de un plan de contingencia en el tema de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Solicitud de que se respete y se cumpla el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas existentes en el territorio.
Apoyo y ejecución del Plan de Manejo ambiental comunitario de la vía, para que la comunidad identifique los impactos negativos y positivos y las medidas propias de prevención, mitigación y control. No se acepta que la vía se ha construida por l Fuerza Pública.
El sindicato Sintracap ha denunciado el señalamiento, estigmatización, persecución, seguimiento y expedición de orden de captura contra las siguientes personas afiliadas a las veredas de Miraflores y Maravalez de la Inspección el Tigre: Gilmer Gómez, presidente la junta de Padres de Familia del Restaurante Escolar; Wolliam Acosta, Orlando Daza, Edwuar Gómez, Jhon Andrés Mesa y Eufemia del Carmen Valdéz.
El día 1 de Julio de 2011 aparecieron dos personas muertas que presentaban signos de tortura y ahorcamiento en la vereda Miraflores y en la Balastera de la Inspección el Tigre, amabas personas eran desconocidas de la región. Cabe señalar que en el caso de la persona que se encontró en la vereda Miraflores, el ejército se encontraba a un kilómetro de distancia de los hechos.
El 30 de mayo de 2011, en la Hormiga, fueron ultimados dos candidatos al Consejo del Municipio del Valle del Guamués y en el transcurso de estos meses se han presentado en un promedio de 3 a 5 asesinatos selectivos en este municipio.
El municipio del Valle del Guamués fue fumigado en su totalidad, presentándose un caso en El Placer, donde 100 estudiantes y cuatro docentes resultaron intoxicados de acuerdo a una versión preliminar.
Se ha afirmado que la intoxicación se produjo por el consumo de una avena pasada, pero la comunidad sostiene que esta pudo haber ocurrido por el envenenamiento del agua depositada en el tanque por las fumigación con glifosato.
Estigmatización y señalamiento contra organización juvenil de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales del Putumayo:
Los días 7, 8, 9 de Junio de 2011 en el Centro Recreacional Piscinas del Magisterio en Mocoa se llevó a cabo un evento con jóvenes denominado Primer Campamento Juvenil Estudiantil, realizado con apoyo de la Asep, senador Jorge Guevara y liderado por la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales del Putumayo.
Esta Jornada de Integración y Capacitación, contó con la participación de 85 jóvenes de todo el departamento que constituyeron la Organización Juvenil Estudiantil del Putumayo, actividad contemplada dentro del Plan Trabajo, de la Mesa Departamental.
Durante el desarrollo del evento hizo presencia la Policía, quienes con preguntas capciosas intentaron atentar contra la integridad del evento, insinuando manipulación de la actividad y queriendo identificar nombres de líderes representativos.
Situación humanitaria de Villagarzón
Los líderes del sindicato Sintrapetroputumayo de Villagarzón, como las demás organizaciones sociales del Putumayo se encuentran en grave riesgo e inseguridad, en especial esta organización social sindical debido a los señalamientos, estigmatizaciones, seguimientos, amenazas, persecuciones, etc.,
hechos que han sido debidamente denunciados y que han obligado a algunos de sus dirigentes al desplazamiento forzado para salvaguardar sus vidas por la falta de garantías para el ejercicio y la labor de la defensa de los derechos humanos en el departamento del Putumayo.
El Gobernador del Putumayo, Byron Viveros se ha expresado en algunos espacios públicos con comentarios mal intencionados, aduciendo que Sintrapetroputumayo tiene vínculos o relación con grupos subversivos, por lo cual esta organización le ha solicitado que si conoce de algún miembro sindical, que pertenezca a alguna organización al margen de la ley debe poner la respectiva denuncia ante las autoridades competentes, pues es su deber.
De lo contrario le han exigido respetuosamente de no desacreditar y desprestigiar a esta organización sindical, ya que está poniendo en riesgo la vida y la integridad moral de los socios del sindicato con dichos comentarios.
Exigencia de las comunidades
Que de manera enérgica al gobierno nacional que cumpla con su responsabilidad constitucional de protección brindando todas las garantías para salvaguardar la vida y la integridad moral de los dirigentes sociales y sindicales, de las organizaciones y de las comunidades en general dando cumplimiento a las Directivas 007 de1999 y 009 del 2003.
Que el Gobierno Nacional y las entidades competentes haga lo pertinente para que cese la estigmatización y los señalamientos que autoridades civiles y militares hacen contra los dirigentes, sus organizaciones y las comunidades; además deben brindar garantías suficientes para la labor de la defensa de los derechos humanos en el Putumayo, como lo estipulan tratados y acuerdos internacionales.
Ratificaron su disposición al diálogo y exigieron que el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia, se reúna de manera urgente con la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, para hacer la evaluación de los acuerdos pactados en el marco de las movilizaciones pacíficas desde el año 2006, 2009, 2010 y 2011 y que hasta ahora se han incumplido, para tratar allí toda la problemática humanitaria que nos afecta.
Finalmente convocaron a la solidaridad y unidad de todas las comunidades, organizaciones campesinas, indígenas, Afrodescendientes hermanas, populares y sociales del Putumayo y de Colombia y hacemos llamado a los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales a acompañar, hacer seguimiento e intervenir con acciones oportunas e inmediatas sobre esta problemática que estamos afrontando los Putumayenses.
