Seguridad narcocrática
General Arias Cabrales condenado a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas del Palacio de Justicia
Por DhColombia
Bogotá 28 de abril de 2011. A treinta y cinco años de prisión fue condenado el General Jesús Armando Arias Cabrales y 20 años de interdicción de funciones públicas, por las desapariciones forzadas que se presentaron en la retoma del Palacio de Justicia.
La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Doctora María Cristina Trejos, igualmente ordenó compulsar copias para que sea investigada la conducta de José Ignacio Posada Duarte, Gustavo Alonso Velásquez, Ariel Guillermo Valdés Gil, Luis Armando Suárez Rodríguez y del abogado Pedro Capacho Pabón.
En la sentencia también se ordena remitir copias a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se investigue la desaparición forzada de Luís Otero Cifuentes.
Jesús Armando Arias Cabrales, se desempeñó como ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia y al momento de los hechos era el Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, quien ejerció el mando de la operación militar de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985. Era el superior inmediato de Alfonso Plazas Vega, quien fuera condenado a 30 años de prisión en junio de 2010.
Arias Cabrales fue conocido dentro del proceso como “Arcano 6”, indicativo que utilizó durante las radiocomunicaciones con sus subalternos, medio utilizado para dar las ordenes con las que se llevaron a cabo las múltiples violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que protagonizo el gobierno Colombiano y las Fuerzas Militares hace más de 25 años.
Esta sentencia se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial del abogado José Eduardo Umaña Mendoza, quien había llevado la representación de la totalidad de las víctimas, crimen que hoy permanece en la absoluta impunidad.
El abogado Germán Romero, quien representa algunos de los familiares de las víctimas, señaló: “Es el primer General condenado por el delito de desaparición forzada de personas. Es un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos.
Con esto se demuestra que bajo el argumento de la lucha antisubversiva se han cometido y siguen cometiendo crímenes contra quienes han ejercido sus derechos políticos”. Adicionó que “El poder militar no puede estar desligado del control y del sometimiento al Estado de Derecho”.
Por su parte el abogado Jorge Molano declaró que: “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los Jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios.
Arias Cabrales, Plazas Vegas, Iván Ramírez y demás comprometidos con graves violaciones de los derechos humanos, deben ser llevados a cárceles comunes. El derecho a la justicia, no puede seguir siendo burlado”.
Los abogados Romero y Molano enfatizaron que “La memoria de Eduardo Umaña Mendoza, María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra De Castiblanco, Rosalbina León, Enrique Alfonso Rodríguez Hernández y Elvira Forero, quienes murieron en medio de la impunidad, se ve reivindicada. Demandamos del Ejército de Colombia, digan donde están los desaparecidos”.
Adicionalmente concluyeron que “demandamos del Gobierno Nacional reconozca y acate la decisión de la Juez 51 Penal del Circuito, y adicionalmente, otorgue garantías para las víctimas, sus representantes y los funcionarios judiciales que tienen a su cargo estos procesos”.
