Popayán, Cauca
Con éxito se realizó la Audiencia pública por los derechos humanos y solución política al conflicto social y armado
Por Camilo Raigozo
Con una asistencia superior a las mil 500 personas, las cuales colmaron el auditorio del colegio Alejandro de Humbolt de Popayán, Cauca, y la presencia de la senadora Gloria Inés Ramírez, el senador Alexander López y el representante indígena a la Cámara Hernando Hernández, entre otras personalidades, se llevó a cabo con éxito durante el 29 y 30 de abril de 2011, la Audiencia pública por los derechos humanos y la solución política al conflicto social y armado que padece Colombia desde hace cinco décadas.
Las comunidades hicieron múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La Fuerza Pública, principalmente tropas del Ejército Nacional, fueron acusados de ser las mayores violadores de estos derechos, en muchos casos en connivencia con la estrategia paramilitar, en el Cauca.
Ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; connivencia con paramilitares; torturas; amenazas; abusos sexuales; bombardeos y ametrallamientos sobre poblaciones civiles; ocupación de colegios, viviendas y otras áreas civiles; detenciones arbitrarias; control en la movilización de personas,alimentos y medicinas; muerte de animales; daños de bienes, alambrados, robo y pillaje, fueron entre otras las acusaciones que hicieron las comunidades contra el ejército.
Los congresistas del PDA, Gloria Inés Ramírez y Hernando Hernández, tomaron atenta nota de todas las denuncias presentadas, las cuales mostrarán ante el Congreso de la República para hacerles seguimiento y control político a los agentes del Estado y a las instituciones involucradas en las violaciones.
También denunciarán los casos ante los organismos nacionales e internacionales encargados de vigilar el respeto a los derechos humanos. Igualmente lo harán ante el Ministerio Público y los organismos de control, con el fin de que los crímenes cometidos no queden en la impunidad.
Ramírez fue enfática en señalar que el Estado será el único responsable por lo que le pueda ocurrir a la vida y la integridad de cada una de las personas y sus familias, que valerosamente denunciaron a los agentes del Estado como los mayores violadores de los derechos humanos, en este departamento del suroccidente colombiano. Fotos Giovanny Aristizabal y Camilo Raigozo.
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