Lentamente la Corte Suprema de Justicia ha venido llamando a juicio a sindicados de parapolítica en Santander
Por Mujeres contra la guerra
Las organizaciones de víctimas refirman que las denuncias por los casos de parapolítica en Santander eran ciertas, así lo han revelado las historias contadas por los llamados a juicio en la corte suprema de justicia.
Con languidez o Vehemencia, Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño Castillo han intentado negar las acusaciones que algunos testigos han hecho de sus vínculos con la comandancia de los paramilitares en Santander.
Al parecer entre el año 2001- 2002 el comandante Báez de las "autodefensas unidas de Colombia" participó en varias de las reuniones realizadas en Puerto Berrío en donde se discutían las listas al senado y la cámara del departamento de Santander.
En estas reuniones, se evidenciaron las alianzas entre políticos, concejales y ganaderos, quienes por aquella época afinaban sus estrategias para sacar de la arena política a los viejos caciques que se oponían al proyecto paramilitar.
En estas reuniones, se evidenciaron las alianzas entre políticos, concejales y ganaderos, quienes por aquella época afinaban sus estrategias para sacar de la arena política a los viejos caciques que se oponían al proyecto paramilitar.
En poco tiempo Luis Alberto Gil , Alfonso Riaño Castillo y otros políticos como Hugo Aguilar, Alexander Arriza, Rafael Castillo, Hugo Eliodoro Naranjo y una lista bastante larga de concejales de los municipios de Landázuri, Cimitarra, Puerto Parra, Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Rio negro, Lebrija,-
Puerto Acuña, La verde, Puerto Araujo entre otros, lograron concentrar en el departamento una fuerza importante que les permitió salir elegidos en sus aspiraciones políticas y extender sus lazos de amistad con otros políticos y empresarios en los departamentos más cercanos.
A través de las investigaciones que adelanta la corte suprema de justicia sobre estos casos, la sociedad civil espera que se indague no solo a los políticos y a sus amigos en Bogotá, sino que se busquen los mecanismos para que se pueda investigar directamente en las zonas afectadas en donde los testimonios de abusos, amenazas y delitos contra la población civil podrían contribuir en el esclarecimiento de la verdad.
