A los 13 años de cautiverio de militar en poder de las Farc quienes se usufructuaban de 'su servicio patriótico' lo tienen olvidado
Por Camilo Raigozo
En acciones inherentes al conflicto social y armado que padece Colombia desde hace casi cinco décadas, el 21 de diciembre de 1997 un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, atacaron una base de comunicaciones del Ejército en el cerro de Patascoy en límites entre Nariño y Putumayo.
En el enfrentamiento perdieron la vida 22 soldados y otros 18 quedaron en poder de los insurgentes, los cuales posteriormente liberaron unilateralmente a 16. De los dos últimos cautivos de Patascoy, en gesto humanitario las Farc le entregaron a Piedad Córdoba al suboficial Pablo Emilio Moncayo, el 30 de marzo de 2010.
De esa toma aún permanece en poder de la guerrilla el sargento José Libio Martínez, quién este 21 de diciembre cumplió 13 años de haber perdido su libertad en acciones del conflicto social y armado impuesto a los colombianos por los sectores retardatarios y guerreristas de la oligarquía criolla y del imperio.
Con cínica hipocresía, jerarcas de la iglesia, altos mandos militares, políticos, poderosos consorcios de “comunicación” y encumbrados periodistas, entre otros, le exigen a las Farc dejar en libertad, tanto a Martínez como a los demás militares caídos en desgracia en cumplimiento de la la misión “patriótica” de cuidarle sus intereses.
Sí la preocupación de esos sectores y personajes fuera sincera, también deberían exigirle al gobierno la realización del intercambio humanitario, para acabar con el dolor que padecen miles de familias por causas de la guerra fratricida impuesta.
Según el mismo presidente Santos, en lo que va corrido del año al menos 460 militares han perdido la vida y más de 2.000 han quedado heridos en el fragor de los combates. En el lado de la guerrilla, la pérdida de vidas humanas también debe ser muy alto, lo mismo que el número de personas heridas.
A estas dolorosas estadísticas hay que agregarle el menoscabo de 61.000’000.000 de pesos de los colombianos, que el gobierno sagradamente le mete a la guerra cada día. Es decir que al barril sin fondo de la guerra van a parar 42’362.000 pesos cada minuto que pasa.
"Le enviamos nuestro saludo y mensaje de esperanza, que de alguna manera vamos a hacer lo que sea necesario para volverlo a traer al seno de su familia", fue el mensaje a Martínez a través de los medios del almirante Edgar Cely, comandante de la Fuerza Militares, dejando claro que insistirán en el rescate a sangre y fuego.
Como no son los hijos de los presidentes, ni de los generales, ni de los almirantes, ni de los accionistas de las multinacionales, ni de los dueños de los consorcios de 'comunicación, ni de las oligarquías criollas o extranjeras, los que tienen que ponerle el pecho a las balas o padecer la pérdida de la libertad en las cáceles o en las selvas, entonces continúa la macabra fiesta.
Soldados, policías y guerrilleros, unos y otros hijos de humildes familias colombianas, son quienes sin otra oportunidad en la vida tienen que exponer sus vidas y su integridad en la guerra fratricida impuesta por los poderosos.
El intercambio humanitario es la salida sincera, inteligente y humana, no solo para con Johan Steven, sino también para con el resto de familiares de quienes han perdido la libertad por causas del conflicto.
De la misma forma se debe poner fin a la confrontación armada que ya arriba a los cincuenta años. La paz es un derecho constitucional de todos los colombianos y está consagrada en el Artículo 22 de la Carta Magna.
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