Más de 2.500 campesinos protestan contra erradicaciones no concertadas de cultivos de coca
Las comunidades le reclaman al gobierno alternativas integrales de desarrollo, inversión social e infraestructura
Por Camilo Raigozo. Con información de las juntas de acción comunal de Teorama y El Tarra
Desde el pasado 3 de octubre el gobierno reforzó la erradicación de cultivos de uso ilícito en varios municipios de la región de forma simultánea, lo que está ocasionando una grave crisis humanitaria, ya que centenares de familias sobreviven de dichos cultivos.
Los campesinos denunciaron que varias familias ya han tenido que salir desplazadas ante el abandono en que los tiene el gobierno departamental y nacional. Los labriegos se quejan de que en vez de realizar la inversión social que las comunidades necesitan, el Estado solo ha respondido con militarismo y paramilitarismo.
“Algunos campesinos hemos tenido que salir desplazados de nuestras casas debido a la presencia de las fuerzas militares en nuestras viviendas, en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario”, señalaron.
Uno de los casos de desplazamiento forzado ocurrió el pasado 11 de octubre en la vereda Planada, corregimiento de El Aserrío, municipio de Teorama, cuando a las cinco de la mañana miembros del Ejército en compañía de erradicadores, irrumpieron en los predios de una familia, obligándola a desplazarse, por el alto riesgo que implica la presencia militar en áreas civiles protegidas por el DIH.
Según la denuncia, las comunidades campesinas ya completan más de 10 días de movilizaciones y de instar pacíficamente al gobierno para que los escuche y entable diálogos de concertación, pero este ha sido sordo, ciego y mudo, ante la crisis.
“El gobierno nacional parece más interesado en que los campesinos del Catatumbo encontremos la muerte por el hambre junto a nuestros hijos y familias, o nos desplacemos a las ciudades a vivir en la miseria, dejando atrás nuestras tierras en total libertad para el saqueo de nuestras riquezas naturales”, advierten.
Inicialmente se habían unido para exigirles a los funcionarios del Estado la garantía y el respeto a sus derechos unos 800 campesinos. Hoy mientras el número de inconformes sigue subiendo y ya pasa de 2.500, el gobierno persiste en ignorar las protestas pacíficas.
“Hacemos un llamado a las autoridades del orden local para que hagan presencia en los asentamientos donde se concentran los campesinos afectados, y solicitamos la presencia en estos lugares de la Cruz Roja Internacional, organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, con el fin de verificar el estado de las comunidades y servir de puente para la apertura de diálogo con el gobierno departamental y nacional”, aseveraron los las comunidades.
Los labriegos catatumberos le exigieron de los servidores públicos les permita llevar una vida digna y una solución pronta a la diversa problemática de la región. “Evidentemente la solución no es la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, sino el desarrollo de alternativas productivas para estabilizar la economía campesina”, advirtiron.
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