Por Athemay Sterling*
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, Capítulo Valle del Cauca ante denuncia de cientos de habitantes del Barrio Bellavista, Sector de la Frontera en Cali y luego de visitar la zona, escuchar a sus pobladores, recorrer su territorio, recibir verbal y por-
escrito documentos y testimonios de toda la agresión a los derechos de la ciudadanía de ese sector popular que se encuentra en medio de mansiones y costosas unidades residenciales, expresa las siguientes consideraciones y peticiones,-
coadyuvando la pretensión central de rescatar el espacio público usurpado violentamente por la Constructora Privada Sixta Tulia , en liquidación, con el arbitrario visto bueno de la Curaduría Urbana 2 de Santiago de Cali.
Como bien se afirma en la solicitud de Amparo Constitucional: el Barrio Bellavista localizado en la ladera Occidental de la Ciudad de Cali, tuvo sus primeros pobladores hace aproximadamente 90 años [cuando] el acceso a este sector era agreste, difícil, con caminos peatonales y de herradura,-
lleno de barro y matorrales, con sus primeros colonizadores campesinos desplazados por la violencia estatal contra el pueblo, provenientes en su mayoría de los Departamentos del Sur del País, y ahora con el esfuerzo colectivo es un Barrio popular.
Desde hace 60 años el sector La Frontera en Bellavista lo habitan cerca de 500 personas, además de otras 300 desde hace 30 años en el Sector aledaño cuyos habitantes son personas de extracción popular, desempleados, niñas y niños, jóvenes estudiantes, madres comunitarias quienes aspiran a ser respetados en su vida digna.
Los habitantes de Bellavista hace casi un siglo han tenido como espacio para su recreación y movilidad un área de 9.864.51 metros cuadrados como bien de uso público de propiedad del Municipio de Santiago de Cali como lo certificó Freyber Bernal Torres Subdirector de Bienes-
Inmuebles y Recurso Físico del Municipio a través del Oficio de su Despacho de la Alcaldía de Santiago de Cali 4122, 2,10 de Mayo 10 de 2010 en respuesta dada al Derecho de Petición de la Comunidad de Barrio Bellavista con radicado 03630 de Marzo 23 del 2010 QAP 136052.
A pesar de la calificación dada de bien de uso público de propiedad municipal y sin que mediara su Desafectación por parte del Concejo Municipal, la Curaduría Urbana 2 mediante la Resolución 76001-2-09-0230 se alinea al lado de una Constructora privada que está en liquidación,-
otorgando y expidiendo en claro despropósito jurídico Licencia de Construcción para desarrollar un proyecto de obra nueva en la zona de uso público utilizada por la población para su movilidad y recreación, derechos humanos que prevalecen sobre el interés privado.
Lo peor ocurre cuando este despojo arbitrario del bien de uso público del Municipio se agrava en el momento y acción irregular, violatoria de toda norma, cuando esta Constructora Privada en Liquidación, levanta un muro de concreto, cerrando la calle utilizada como servidumbre para el tránsito de niños, ancianos, mujeres,-
madres comunitarias, trabajadores y población en general, colocando en peligro a la población al tener que transitar por senderos peligrosos para acceder a los colegios, escuelas, centros religiosos, de salud, paraderos del transporte urbano, centros de Bienestar Familiar, ancianatos, tiendas y demás.
Colocar este muro de concreto segrega y agrede a la población, sin que la autoridad competente en representación del Estado acuda a la protección de la gente a pesar que esta se ha dirigido en múltiples ocasiones a diferentes instancias de la Institucionalidad, pecando por omisión estos servidores públicos, y por acción-
la Constructora privada en liquidación, que según los habitantes ha colocado dos guardas sin uniforme, armados y amenazantes que, además, colocan en peligro la vida e integridad de los seres humanos que habitan este sector popular, rodeado de mansiones.
Según afirmación de los moradores de lo que se pretende es arrebatar también los derechos de dominio ya adquiridos por posesión desde hace casi un siglo a los habitantes quienes diariamente están en la zozobra por perder sus bienes.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, Capítulo Valle del Cauca coadyuva las peticiones de estos habitantes.
Por este medio de manera pública instamos a la Curaduría Urbana 2 a revocar la Licencia concedida sin los trámites necesarios a una Constructora Privada en Liquidación.
De igual manera exhorta a la Alcaldía de Cali ordene a la Constructora Privada en Liquidación derribe el muro de la ignominia construido para segregar y vulnerar derechos universales, inviolables, inderogables e indivisibles-
que limitan la movilidad y la libertad a circular libremente y colocan en peligro a la población, y además solicitamos con todo respeto se reintegre a la caleñidad, a la municipalidad el bien de uso público que debe estar al servicio de la comunidad y nunca a los intereses privados.
*Director Cpdh Valled del Cauca y Grupo de Investigación Palenque
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