Seguridad narcocrática/ El Tarra, Norte de SantanderEjército asesinó a un joven e hirió a otros tres
Los habitantes de la región del Catatumbo exigen que las tropas del Estado salgan de las áreas civiles y cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario
Por Camilo Raigozo. Voz
Los habitantes de la región del Catatumbo exigen que las tropas del Estado salgan de las áreas civiles y cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario
Por Camilo Raigozo. Voz
El pasado domingo 15 de agosto a las cinco y 45 de la tarde, en el parque principal del casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander, soldados de la Brigada Móvil 23 del Ejército Nacional, asesinaron de un tiro en la cabeza a Luís Esteban Santos Rolón, de 16 años.
Las tropas también hirieron en los miembros inferiores a otros dos adolecentes de 13 y 14 años y a Alexander Osorio Díaz, de 19, quién recibió un tiro a la altura de la pelvis quedando gravemente lesionado.
Ana Dolores Rolón Morantes, madre de la víctima mortal, dijo que su hijo trabajaba como agricultor en la finca de la familia en la vereda La Cristalina, municipio de Hacarí, donde vivía con sus padres y tres hermanos.
“No era ningún guerrillero como dicen las autoridades”, afirmó visiblemente afligida y agregó que “el domingo vino a El Tarra a comprar una medicina porque estaba enfermo y preciso cuando estaba en el parque los soldados le dispararon a él y a otros niños que estaban ahí”.
Según varios testigos, luego del crimen los soldados arrojaron una pistola al lado del cuerpo sin vida de la víctima y argumentaron que tanto el joven muerto como los que habían quedado heridos eran guerrilleros que los habían atacado.
Al respecto, Arnulfo León, concejal de El Tarra, le dijo a los medios que "La gente del pueblo indica que los militares le dispararon al niño y luego le arrojaron una pistola nueve milímetros".
Pero la falacia y el cinismo del general Germán Saavedra, comandante de la Brigada 30 fue mucho más lejos, ya que en un comunicado dijo entre otras cosas:
"La Trigésima Brigada se permite informar a la opinión pública que tropas de la Brigada Móvil 23, adscritas a esta Unidad Militar acantonadas en el municipio del Tarra, se encontraban haciendo patrullaje de presencia en el casco urbano de la-
“población, cuando hacia las 17:45 horas del día 15 de agosto fueron objeto de ataque con arma de fuego por parte de sujetos, que atentaron contra la vida de los uniformados, quienes en legítima defensa respondieron a la agresión causando la muerte a un-
“individuo, al parecer menor de edad, quien portaba un arma de corto alcance, que se desplazaba en una motocicleta y quien responde al nombre de Luís Esteban Santos Rolón, presuntamente integrante del grupo atacante”.
Ante tanta ignominia y abusos de los militares la copa se rebosó y la gente fue en masa hasta las instalaciones del ejército y quemaron una garita de vigilancia, un camión y una tractomula.
Según la comunidad, el Ejército disparó contra un grupo de personas que se encontraban frente a la alcaldía , lo que caldeó más los ánimos dejando como resultado el Banco Agrario y el Palacio Municipal quemados y la alcaldía apedreada.
Las agresiones contra la población no cesaron y cuando la muchedumbre pasaba por el parque con el féretro del joven asesinado sonaron varios disparos y luego la multitud fue atacada con gases lacrimógenos.
Un uniformado lanzó contra Edilsa Martínez, profesora de la vereda La Fortuna, de San Calixto, una granada aturdidora hiriéndola gravemente en el cuello.
Así mismo, según denuncias hechas por la comunidad, tropas del ejército llegaron al barrio Primero de Enero, ingresaron a una vivienda y sacaron a cuatro jóvenes a quienes detuvieron ilegalmente, los mantuvieron secuestrados por varias horas en la base militar donde fueron torturados.
Los moradores de esta región del Catatumbo le han pedido en varias oportunidades al ejército que no los ponga como escudos humanos y que salgan de las áreas civiles protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, pero como respuesta solo han recibido agresiones.
El pasado 21 de agosto en el Campamento de Refugio Humanitario organizado por las comunidades y liderado por la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, Jhon Jairo Márquez, alcalde de El Tarra, informó, entre otras cosas, ante la audiencia que la-
comandancia del Ejército se negó rorundamente a retirar la base que mantiene en zona prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, con la disculpa de que las instalaciones nuevas no están terminadas y que no tienen presupuesto para ello. Foto La Opinión.
Las tropas también hirieron en los miembros inferiores a otros dos adolecentes de 13 y 14 años y a Alexander Osorio Díaz, de 19, quién recibió un tiro a la altura de la pelvis quedando gravemente lesionado.
Ana Dolores Rolón Morantes, madre de la víctima mortal, dijo que su hijo trabajaba como agricultor en la finca de la familia en la vereda La Cristalina, municipio de Hacarí, donde vivía con sus padres y tres hermanos.
“No era ningún guerrillero como dicen las autoridades”, afirmó visiblemente afligida y agregó que “el domingo vino a El Tarra a comprar una medicina porque estaba enfermo y preciso cuando estaba en el parque los soldados le dispararon a él y a otros niños que estaban ahí”.
Según varios testigos, luego del crimen los soldados arrojaron una pistola al lado del cuerpo sin vida de la víctima y argumentaron que tanto el joven muerto como los que habían quedado heridos eran guerrilleros que los habían atacado.
Al respecto, Arnulfo León, concejal de El Tarra, le dijo a los medios que "La gente del pueblo indica que los militares le dispararon al niño y luego le arrojaron una pistola nueve milímetros".
Pero la falacia y el cinismo del general Germán Saavedra, comandante de la Brigada 30 fue mucho más lejos, ya que en un comunicado dijo entre otras cosas:
"La Trigésima Brigada se permite informar a la opinión pública que tropas de la Brigada Móvil 23, adscritas a esta Unidad Militar acantonadas en el municipio del Tarra, se encontraban haciendo patrullaje de presencia en el casco urbano de la-
“población, cuando hacia las 17:45 horas del día 15 de agosto fueron objeto de ataque con arma de fuego por parte de sujetos, que atentaron contra la vida de los uniformados, quienes en legítima defensa respondieron a la agresión causando la muerte a un-
“individuo, al parecer menor de edad, quien portaba un arma de corto alcance, que se desplazaba en una motocicleta y quien responde al nombre de Luís Esteban Santos Rolón, presuntamente integrante del grupo atacante”.
Ante tanta ignominia y abusos de los militares la copa se rebosó y la gente fue en masa hasta las instalaciones del ejército y quemaron una garita de vigilancia, un camión y una tractomula.
Según la comunidad, el Ejército disparó contra un grupo de personas que se encontraban frente a la alcaldía , lo que caldeó más los ánimos dejando como resultado el Banco Agrario y el Palacio Municipal quemados y la alcaldía apedreada.
Las agresiones contra la población no cesaron y cuando la muchedumbre pasaba por el parque con el féretro del joven asesinado sonaron varios disparos y luego la multitud fue atacada con gases lacrimógenos.
Un uniformado lanzó contra Edilsa Martínez, profesora de la vereda La Fortuna, de San Calixto, una granada aturdidora hiriéndola gravemente en el cuello.
Así mismo, según denuncias hechas por la comunidad, tropas del ejército llegaron al barrio Primero de Enero, ingresaron a una vivienda y sacaron a cuatro jóvenes a quienes detuvieron ilegalmente, los mantuvieron secuestrados por varias horas en la base militar donde fueron torturados.
Los moradores de esta región del Catatumbo le han pedido en varias oportunidades al ejército que no los ponga como escudos humanos y que salgan de las áreas civiles protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, pero como respuesta solo han recibido agresiones.
El pasado 21 de agosto en el Campamento de Refugio Humanitario organizado por las comunidades y liderado por la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, Jhon Jairo Márquez, alcalde de El Tarra, informó, entre otras cosas, ante la audiencia que la-
comandancia del Ejército se negó rorundamente a retirar la base que mantiene en zona prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, con la disculpa de que las instalaciones nuevas no están terminadas y que no tienen presupuesto para ello. Foto La Opinión.
