Parauribismo/ Informe de la ONU
Rotundo éxito de Uribe en impunidad con los ‘paras’
En cinco años de la Ley de Impunidad mal llamada de Justicia y Paz, de 31 mil ‘paras’ desmovilizados solo ha habido una condena y de 280.420 víctimas registradas un solo se ha reparado por la vía judicial
Por Camilo Raigozo

A pesar de que la justicia le esté respirando en la nuca a Uribe y sus secuaces al momento de abandonar este 7 de agosto la “Casa de Nari”, mejores no pudieron ser los resultados para el capo y los paramilitares en materia de impunidad, ya que por un lado,-

en cinco años de vigencia de la Ley de Impunidad, sarcásticamente denominada Ley de Justicia y Paz, de 31 mil ‘paras’ “desmovilizados”, solo ha habido una condena y de 280. 420 víctimas registradas, un solo caso ha sido reparado por la vía judicial.

Las al menos seis millones de hectáreas de tierras arrebatadas a punta de motosierra y plomo, a varios millones de campesinos, masacrados, desaparecidos o desplazados, permanecen en manos de los criminales. Y para rematar, los bienes que estos escuadrones de la muerte han entregado para reparar a las víctimas, es basura con poco valor.

Al respecto, el paso viernes 30 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, manifestó su preocupación por el nivel de impunidad que existe en Colombia y por la presencia de grupos paramilitares que aún accionan.

Unos 20 especialistas en el tema, miembros del organismo internacional, sustentaron en un informe sobre Colombia que "en la práctica existe impunidad para un gran número de graves violaciones de derechos humanos.

Entre los más de 30.000 paramilitares desmovilizados, la gran mayoría no se ha acogido a la Ley No. 975 de 2005 y falta claridad acerca de su situación jurídica", indica el documento, agregando que “sigue existiendo connivencia entre paramilitares y las fuerzas armadas del Estado”.

Fabián Salvioli, uno de los especialistas sobre los derechos humanos en Colombia quienes sostuvieron reuniones desde el 12 de julio analizando la situación del país, declaró a la prensa que uno de los temas que primó en las investigaciones fue el de las-

ejecuciones extrajudiciales conocidos como “falsos positivos”, donde personas civiles en total indefensión son asesinados a sangre fría por miembros de la Fuerza Pública y luego mostrados como guerrilleros dados de baja en combate.

“Una de las peores prácticas destacadas durante el periodo de estudio fueron los llamados 'falsos positivos', que deben ser investigados a fondo y los culpables juzgados", señaló al respecto Salvioli.

Llueven críticas al Presidente

Para colmo de los males de Uribe, quién internamente goza de una alta popularidad gracias a la pericia de los principales medios de “comunicación”, pero que internacionalmente su imagen no pasa de ser una lacra humana, fue también seriamente-

criticado por Naciones Unidas por la falta de investigaciones sobre las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, así como los atropellos contra las altas cortes, opositores, periodistas y los diferentes activistas que critican su régimen.

El Ejecutivo también fue criticado por la instancia internacional debido a la extradición estratégica de los principales jefes sicariales a los Estados Unidos, vulnerando el derecho de las víctimas a conocer la verdad, por considerar que de esta manera se dificultan las indagaciones sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en la sistemática violación de los derechos humanos de millones de colombianos.

“Las extradiciones impiden el derecho a la justicia, el descubrimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, además de que contravienen la responsabilidad del Estado de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones de los derechos humanos”, afirmó Salvioli.

El Comité especializado de la ONU expresó que “el principal problema de Colombia es la impunidad, eso no ha mejorado en nada en los últimos años” y presentó para Colombia algunas recomendaciones, entre las que se encuentran-

emprender el trabajo por la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la prestación de especial atención a las víctimas menores de edad, afrocolombianos e indígenas porque “representan los más desprotegidos por la ley”.

El informe advierte además que “deben ser habilitados los recursos específicamente destinados a brindar atención psicosocial y rehabilitación a las personas objeto de vejaciones”.

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