Parauribismo/Álvaro Uribe Vélez: una hoja de vida 'ejemplar'
La verdad debe guiarnos en la búsqueda de la paz y la reconciliación. Tenemos la obligación de romper los vínculos con los mafiosos, aunque haya tantos untados.
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Si no están resueltos a pagar sus delitos, terminaremos como el Haití suramericano que nos decretó Alfonso López Michelsen, uno de los fundadores de la república mafiosa neoliberal.
Álvaro Uribe Vélez: padre del paramilitarismo en Colombia
Hoy, cuando el gobierno le ha abierto al paramilitarismo las puertas para que tenga una mayor participación en las instancias de poder, a nivel nacional y regional, y que sus crímenes queden en la absoluta impunidad.
Hoy, cuando los vientos de reelección soplan cada vez más fuerte, cuando los medios de comunicación masiva se empeñan en mostrar en sus “encuestas” la popularidad del presidente, es necesario recordar quién es Uribe Vélez. No podemos olvidar los estrechos vínculos que él y su familia han tenido y tienen con los grandes capos del narcotráfico y con los paramilitares.
Si hay alguien que pueda ser considerado el máximo jefe de los grupos paramilitares es Uribe Vélez, por ello es quien encabeza las hojas de vida que presentaremos a partir de esta entrega de los jefes paramilitares. Por su largo prontuario, hemos dividido su hoja de vida en dos entregas.
¿Quién es Álvaro Uribe Vélez?
Su formación académica
Nacido el 4 de julio de 1952, abogado, egresado de la Universidad de Antioquia, y doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en 1977. Especializado en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard. 1993. Realizó estudios en “Negociación de Conflictos”, en la Universidad de Harvard, 1993.
Su origen
Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, fue un reconocido narcotraficante, vinculado con el “Clan de los Ochoa”, gestores en 1981 del grupo paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores - MAS. Siguiendo la tradición de los narcos antioqueños, adquirió la ganadería brava "La Carolina", que heredó a su hijo Álvaro.
En 1977, Inversiones Uribe Vélez, de propiedad de AUV y su padre, adquirieron la finca La Mundial, ubicada en Maceo (Antioquia). Después de varios años de negociación con el sindicato de trabajadores de la finca, el 30 de diciembre de 1982, la-
finca fue entregada a los trabajadores y, a partir de ese momento fueron víctimas de todo tipo de atropellos por parte de carabineros de la Policía, que tenían una base en la finca La Manada, de propiedad de la familia Uribe y era comandada por el Teniente Elkin Cifuentes Gómez.
Los carabineros los “visitaban”, los trataban de “ladrones y guerrilleros” y los amenazaban. El 14 de julio de 1983, el trabajador Emilio de Jesús Medina fue detenido-desaparecido por el Teniente Cifuentes.
Uribe Sierra estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces Secretario de Gobierno de Medellín, intercedió por él y logró que lo pusieran en libertad.
Uribe Sierra murió en un enfrentamiento armado entre paramilitares de su finca La Guacharaca (ubicada en San Roque, Antioquia) y guerrilleros de las FARC, el 14 de junio de 1983.
A su entierro asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioqueña, que no era ajena al negocio de las drogas ilícitas.
Su nefasta vida política
1976-1977 Jefe de Bienes en Empresas Públicas de Medellín
Desde ese cargo lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo Peñol para la construcción de una represa en los terrenos del antiguo municipio. Este hecho generó gran inconformidad, por lo que los pobladores de las zonas afectadas realizaron varios paros cívicos, que fueron reprimidos violentamente.
1978 Secretario General del Ministerio de Trabajo
Da a luz el decreto 1469 de 1978 sobre libertades sindicales, que de manera engañosa convenció a los trabajadores que el decreto era necesario para que entrara en vigencia la ratificación de los convenios de la OIT ratificados en 1976 por el gobierno colombiano, aunque el convenio reza que sin necesidad de intervención de las autoridades públicas.
Además el decreto fue aprovechado por los abogados de las empresas para obtener nulidades de los avances establecidos en cuestión de libertad sindical por los convenios.
1979 Gerente Liquidador de Mineros del Chocó.
Los grupos financieros Bogotá, Grancolombiano y Suramericana, fundaron Mineros Colombianos S.A., que compró parcialmente a la International Mining Corporation (saqueadora de Colombia desde 1864, que en 1979 controlaba casi el 60% de las empresas mineras del país y extraía más de la mitad del oro) dos de sus filiales, la Chocó Pacífico y la Pato.
La nueva empresa, viendo que las luchas del pueblo de Condoto (Chocó), no dejaron que las dragas se comieran sus casas, requisito para evitar una catástrofe económica, trasladó la quiebra a los obreros, cambiándoles los supuestos mil millones de activos (en verdad su achatarrada maquinaria apenas valdría 80), por los 500 millones que en prestaciones les debía. En este proceso fue gerente liquidador Álvaro Uribe Vélez.
Marzo 1980 – Agosto 1982. Director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil
Desde este cargo nombró como subdirector de la misma a César Villegas, quien después fue sentenciado a 5 años de prisión por vínculos con el cartel de Cali. Villegas fue asesinado el 4 de marzo del 2002, en Bogotá, luego de aportar dineros a la campaña presidencial de Uribe Vélez.
Cuando el narcotráfico estaba en auge, expidió en tiempo record, un alto número de licencias de pilotaje a empleados de los capos del narcotráfico y de permisos para la construcción de pistas.
Entre estas licencias estaba la de un helicóptero de su padre, que luego caería en una importante operación antinarcóticos en el sitio conocido popularmente como tranquilandia, en la cual también cayeron tres avionetas más que tramitaron su licencia el mismo día. Privatizó el recaudo de la tasa aeroportuaria y el impuesto de salida del país.
1982 Alcalde de Medellín
Este cargo tuvo que abandonarlo sin cumplir los 5 meses, del período de 2 años, por presión del presidente Belisario Betancur Cuartas, al enterarse de una reunión clandestina de éste con los capos de la mafia Pablo Escobar Gavira, los Ochoa Vázquez, Carlos Ledher Rivas y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Uribe presidió personalmente la ceremonia de cortar el listón en la inauguración del barrio “Medellín sin Tugurios” construido al oriente de Medellín por Pablo Escobar Gaviria. También lanzó públicamente este plan de vivienda en Bogotá, siendo Alcalde de Medellín.
Así mismo adelantó el programa “Medellín Cívico”, en el que Pablo Escobar donó miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques de la ciudad.
Creó Metroseguridad, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de servicios tecnológicos, logísticos, de capacitación y de asesoría, dirigidos tanto al sector público como al privado, a través de un sistema integral de seguridad.
Metroseguridad ha sido denunciada por vincular a sus programas de seguridad a miembros de grupos paramilitares en Medellín.
Privatizó el manejo de las basuras entregando el relleno sanitario de la Curva de Rodas al sector privado.
1984-1986 Concejal de Medellín
Ponente del acuerdo de exención tributaria a las cooperativas. Figura que desde entonces empezó a ser utilizada por los empresarios como una forma de eludir el pago de impuestos.
Durante este tiempo en su finca Guacharacas, ubicada en San Roque (Antioquia), él y su familia tenían una base paramilitar, que operaba con el apoyo de miembros de los Batallones Palagua y Bomboná.
Este grupo asesinó e hirió a varios trabajadores de La Finca La Mundial, que había sido entregada por la familia Uribe a los trabajadores para cancelar las deudas que tenían con ellos.
Atropellos que continuaron hasta diciembre de 1992, en que tropas de la XIV Brigada bombardearon la finca, destruyeron los cultivos e hicieron huir a los trabajadores que aún permanecían allí.
1986-1990 y 1990-1994. Senador de la República
Intentó evitar la extradición de narcotraficantes cuando la reforma constitucional del gobierno de Virgilio Barco Vargas.
Fue ponente entusiasta de la Ley 50 de 1990, aprobada con el pretexto de acabar el desempleo pero que en realidad lo agudizó, pues lo que buscaba era la flexibilización laboral para acomodarse a las necesidades del mercado global, sacrificando las conquistas que durante años de lucha habían logrado los trabajadores organizados.
Se encontraba en Estados Unidos, cuando la Asamblea Nacional Constituyente revocó el Congreso en 1991. Fue elegido nuevamente.
Enero de 1995 – Diciembre 1997. Gobernador de Antioquia
Nombró como Secretario de Gobierno Departamental a Pedro Juan Moreno Villa, próximo a la mafia y sindicado por la DEA en 1997 y 1998 de importar desde Asia con destino Colombia, sin reportarlo, 50 toneladas de permanganato de potasio, un químico-
controlado, a nombre de su empresa 'GMP Productos Químicos S.A.', y de efectuar sus registros y comercialización de manera fraudulenta, destinado a la producción de cocaína en Córdoba.
Promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada Convivir, iniciativa destinada a legalizar el paramilitarismo. En el Congreso de Ganaderos, en 1996, se aprobó extender esa iniciativa de Uribe Vélez a nivel nacional y además promover su candidatura presidencial.
El diario El País, de la ciudad de Calí, del 3 de agosto de 1998, dio cuenta de la fusión de Convivir con los paramilitares: “ Representantes de más de 2.000 cooperativas de seguridad privadas han anunciado que se armarán y unirán al movimiento paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.
“El movimiento fue formado en 1996 por más de 16 agrupaciones paramilitares de todo el país y están lideradas por Carlos Castaño, jefe de la principal organización de extrema derecha de todo el país”.
El 22 de abril de 1996, durante una acción coordinada por miembros de la Brigada XIV, el Batallón Bomboná, la Policía y paramilitares, fueron asesinados 17 pobladores en el municipio de Segovia (Antioquia).
La respuesta que dio el Gobernador Uribe Vélez fue la expedición, el 10 de mayo de 1996, del decreto 2035, que declaraba los municipios de Segovia y Remedios como “Zona Especial de Orden Público”, dando mayores facultades a la Fuerza Pública para controlar y amedrentar a los pobladores de la zona.
En octubre de 1996, 1.500 campesinos de Remedios y Yondó (Antioquia) y del sur del departamento de Bolívar, marcharon hacia Barrancabermeja reclamando por el abandono estatal y la violencia que se vivía en la región.
El éxodo terminó con la firma de unos acuerdos con el gobierno nacional que se comprometía a garantizarles la vida y desarrollar proyectos de inversión social en la región. Pero, la respuesta real que recibieron los campesinos fue más represión.
Entre el 21 y el 27 de diciembre del mismo año, las veredas Puerto Nuevo Ité, La Congoja y La Troja, de Yondó, fueron arrasadas por tierra por paramilitares, mientras eran bombardeadas por aviones militares. Esa fue la respuesta del gobierno de Antioquia, en cabeza de Uribe, a las exigencias de los campesinos.
Entre el 25 y el 29 de octubre de 1997, el corregimiento El Aro de Ituango (Antioquia), fue prácticamente destruido y varios pobladores fueron asesinados durante una operación conjunta entre tropas de la Cuarta Brigada y paramilitares de las ACCU.
Uribe Vélez como Gobernador y el General Carlos Alberto Ospina Ovalle como Comandante de la IV Brigada facilitaron que los militares que participaron directamente en los hechos pudieran “escapar” de la justicia.
Pronunció el discurso principal en el “homenaje de desagravio” a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (jefes de las guarniciones de Urabá y César respectivamente), después de que fueron retirados del servicio por las múltiples denuncias que los vinculaban con las Auc y con la participación en masacres y otros crímenes ocurridos entre 1996 y 1997.
El 7 de octubre de 1996, se dictó resolución de acusación por conformación de grupos paramilitares (del grupo conocido como "la banda de los Erres") y participación en asesinatos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, a los hermanos Carlos Alberto y Juan Diego Vélez Ochoa, primos tanto de Uribe Vélez como de los confesos narcotraficantes del “Clan Ochoa”.
Los hermanos Vélez Ochoa fueron detenidos y, según figura en el proceso, el entonces Gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, intercedió por su libertad, y en la segunda instancia del proceso fueron absueltos de toda responsabilidad.
También se han conocido denuncias que en la década de los 90 el centro de operaciones del grupo paramilitar 'Los Doce Apóstoles' estructura integrante de las AUC, es la finca de Alvaro Uribe Vélez conocida como La Carolina. V arios testimonios señalan a-
Santiago Uribe Vélez como el líder de Los Doces Apóstoles, grupo responsable de más de 50 asesinatos cometidos en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal.
La política económica y social de Álvaro Uribe Vélez - cuando fue gobernador en Antioquia - fue decididamente neoliberal, impuesta a la fuerza. Su objetivo principal fue la "desburocratización", Uribe se jactó de haber eliminado a dos tercios de los-
empleados, haciendo pasar su número de 14.000 a 5.500. ¿Su método? El desprecio por los derechos de los trabajadores, las presiones sobre los sindicalistas y la ayuda de los paramilitares, para lograr sus propósitos.
En un primer momento Uribe utilizó la forma suave, proponiendo jubilaciones anticipadas y dimisiones. Los trabajadores no aceptaron, y jubiló a la fuerza a algunos trabajadores; algunos de ellos tenían 36 años.
El método fue ilegal, para el gobernador no fue su primer abuso, como prueban los recursos a la justicia y denuncias contra su administración, un tercio de las 3100 sentencias por denuncias contra las instituciones públicas durante 1997 en Antioquia fueron contra la Administración.
Mientras tanto, por todas partes en el departamento, los paramilitares salieron contra las luchas de los obreros. En Salgar, entre el Urabá y el Magdalena Medio llegaron hasta amenazar a los empleados y sus familias para que aceptaran "las propuestas del Gobernador"." No los queremos ver más aquí", decían los paramilitares.
Propició que los ganaderos entregaran a grupos paramilitares 650 hectáreas en Urabá y 900 hectáreas en el Magdalena Medio, lo que ayudó a consolidar el control paramilitar en estas regiones.
La política del gobernador Uribe Vélez tuvo muchos opositores entre ellos el jurista Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quien denunció días antes de ser asesinado: "Estamos exportando a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como la costa y el Choco.
“Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país (...) y los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan...". Valle Jaramillo fue asesinado en su oficina, el 27 de Febrero de 1998.
La mejor síntesis de lo que fue la gobernación de Uribe Vélez en Antioquia se presenta a continuación: La periodista del Espectador María Teresa Herrán, con ocasión de un homenaje nacional que se le brindó al gobernador Uribe en Bogotá, decía que "no sabía si el homenaje era por su apoyo a ultranza a las Convivir o porque su Departamento estaba bañado de sangre".
Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de Colombia
De él diría el jefe de las Auc: es "el hombre más cercano a nuestra filosofía"
Los antecedentes de Álvaro Uribe Vélez, que demuestran su compromiso personal con la estrategia paramilitar, no han sido investigados por el aparato de justicia de Colombia que está construido para garantizar la impunidad e impedir que las organizaciones populares avancen en la construcción de su proyecto de país.
En la entrega anterior de la abundante hoja de vida del presidente de Colombia, detallamos muchos hechos de este sujeto que lo comprometen con el paramilitarismo, recordemos apenas dos casos que ilustran bastante bien esta afirmación: El caso de la hacienda Guacharacas ubicada en San Roque, Antioquia.
Existen testimonios que afirman que en dicha hacienda de su propiedad operaba una fuerte estructura paramilitar que perpetró muchos crímenes. El segundo caso es el de la hacienda La Mundial ubicada en Maceo, Antioquia.
Un comunicado del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Antioquia emitido el 2 de abril de 2002, denunciaba la persecución a 50 familias de esa hacienda, luego de que el actual Presidente Uribe la "entregara" a los trabajadores.
Producto de esa persecución ha dejado hasta ahora un saldo de 12 personas muertas o desaparecidas. Tampoco hay que olvidar el apoyo que Uribe Vélez le dio a las cooperativas Convivir, cuando era Gobernador de Antioquia. Las Convivir estuvieron estrechamente ligadas a la estrategia paramilitar.
En esta segunda entrega presentamos a nuestros lectores las cuatro poderosas razones por las cuales Alvaro Uribe Vélez, antes que reelegirlo presidente, habría que someterlo a un juicio popular por sus delitos de lesa humanidad contra el pueblo Colombiano.
Hacemos un balance en lo económico, social, seguridad democrática y su papel protagónico en el fortalecimiento del paramilitarismo en el país.
Razones para haber dicho NO a la reelección
1. Económico
Durante el gobierno de Uribe el país fue entregado a manos extranjeras
El 27 de septiembre de 2005, Uribe Vélez afirmó públicamente que el TLC se va a firmar así caigan rayos y centellas porque, según él, esto es lo que más le conviene al país. Pero veamos cuál es la concepción de conveniencia nacional que tiene este criminal:
El TLC, nos inundará aun más con comida estadounidense, de la cual ya se importan más de siete millones de toneladas al año. Quedando así damnificados, todavía más, los agricultores nacionales, que suman casi 5 millones de trabajadores.
De esta manera se estará entregando totalmente al imperialismo norteamericano la economía campesina y renunciando por completo a la soberanía alimentaria.
Los costos de los medicamentos se dispararán, los servicios de salud se terminarán de privatizar a manos de grandes multinacionales de la salud en manos de los laboratorios farmacéuticos.
A pesar de las protestas y del rechazo de las comunidades, se mantiene la exploración de yacimientos de petróleo en territorios indígenas U'wa y Sicuani. Ya se canalizó el río Meta.
Se continúa con la extracción indiscriminada de carbón en la Guajira en territorio de los Wayú. Se adelantan estudios para la construcción de la represa Urra II. Todos estos proyectos se desarrollan a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y convirtiendo su territorio en un botín de los grupos económicos nacionales y extranjeros que cuentan con el respaldo incondicional del Estado colombiano.
Recién iniciado el periodo presidencial de Uribe Vélez, se firmó con el Fondo Monetario Internacional un compromiso que es una rendición del Estado, una renuncia a la poca soberanía nacional que nos quedaba.
El propósito fundamental de ese documento es liberar fondos para pagar puntualmente los intereses de la impagable deuda externa, que en el año 2001 alcanzó la cifra de 39.038 millones de dólares.
Todo esto por la vía de la expropiación ciudadana. Al finalizar el 2003 el solo pago de intereses de la deuda externa alcanzaba el 90% de los ingresos corrientes de la nación. Por efectos de esta política criminal, 27 millones de colombianos viven por debajo del umbral de la pobreza.
Los "compromisos" adquiridos por el gobierno con la firma de este acuerdo se sintetizan en:
1. aumentar los ingresos corrientes de la nación a través de un incremento de la base del IVA.
2. Incrementar el ahorro en el gasto público, lo que se traduce en la congelación de los salarios de los empleados públicos.
3. Sacar adelante la reforma pensional, como mecanismo de ahorro.
4. Se exigió la disminución del tamaño del Estado, que incluye la fusión y eliminación de organismos estatales y la supresión del 10% de la nómina gubernamental.
5. El gobierno se comprometió con la flexibilización del presupuesto que se puede traducir en la sustracción de los fondos públicos destinados a salud, educación y saneamiento ambiental y usar esos fondos, productos del recorte, para los pagos de intereses a la banca mundial.
Otro de los compromisos fue el de reducir los costos laborales mediante la prolongación de la jornada diaria de trabajo, y la reducción de costos por concepto de pago de horas extras e indemnizaciones por despido. Así lo aprobó el Congreso de la República en la reforma laboral.
Paradójicamente, el presidente Uribe acaba de anunciar que presentará una iniciativa para incrementar la base gravable del IVA y disminuir el impuesto a la renta. Este hecho, sumado a los propósitos expuestos en la Ley 963 de 2005 - Ley de estabilidad-
jurídica para los inversionistas en Colombia- reflejan una disposición del Gobierno a privilegiar a quienes detentan los medios económicos y a depositar la carga de la financiación del Estado sobre los hombros de los sectores medios y bajos.
En lo relacionado con la política petrolera, el panorama no es mejor: El contrato de asociación conocido como Cravo Norte que vencía en 2008, por obra y gracia del gobierno de Uribe, se extendió hasta que la multinacional estadounidense Occidental agote las reservas contenidas en el campo Caño Limón.
Otro regalo de este gobierno a las multinacionales fue la prórroga hasta su agotamiento del contrato con la Chevron-Texaco para la explotación del gas de La Guajira, que vencía en 2005.
Además el gobierno de Uribe dispuso que ni Ecopetrol ni el Estado tendrán participación en el crudo que se extraiga en los campos que se contraten para exploración y extracción con compañías extranjeras, que no sean las regalías de ley y los impuestos nacionales.
Las implicaciones de esta decisión entreguista son: los contratos de asociación con Ecopetrol para la exploración y la extracción de crudo, disponían que de cada barril producido en campos exitosos descubiertos y explotados le correspondían al Estado cuatro partes:
a) lo equivalente a las regalías de ley, que varía entre 5% del barril y el 25%, según la cuantía de la producción diaria;
b) la mitad de lo restante del barril, que se entregaba a Ecopetrol sin que ésta tuviera que pagar;
c) el impuesto nacional de renta que deba pagar la compañía extranjera; y la utilidad que Ecopetrol debe entregar a su dueño único, el Estado colombiano.
Ya el porcentaje correspondiente a Ecopetrol después de regalías había sido bajado ya del 50 al 30%, lo que ya era grave. Lo que decidió Uribe fue suprimir este 30%, con lo cual le está quitando a Ecopetrol y al Estado la participación a que tiene derecho este último, como dueño de las riquezas del subsuelo.
En adelante, las compañías extranjeras que descubran petróleo y lo exploten pagarán la regalía correspondiente; se llevarán todo el resto del barril a venderlo en el exterior, o lo venderán (si lo desean) a Ecopetrol para refinarlo, cobrándolo en dólares (como si ese petróleo proviniera del exterior), y pagarán sus impuestos nacionales. Todo funcionará como si el petróleo colombiano fuera importado del exterior.
Como van las cosas, pronto llegará el momento en que estaremos entregando el petróleo colombiano a las trasnacionales de manera gratuita y sin que ellos dejen a la economía colombiana casi nada, a no ser unos pocos pesos en salarios y gastos menores.
Pero ahí no paran las cosas, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez anunció la privatización de la Refinería de Cartagena, mediante la figura de moda del socio estratégico. La modernización y ampliación del complejo industrial se adelantaría con un socio que será dueño del 51% y Ecopetrol quedará entonces con el 49% y sin la operación.
Con esta decisión, el presidente Álvaro Uribe viola la palabra empeñada en el sentido de no privatizar Ecopetrol. Además desconoce el acuerdo suscrito por el Ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, el Ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el Presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, a nombre del gobierno, y los dirigentes de la USO.
En este acuerdo el gobierno se compromete expresamente a no privatizar a Ecopetrol y a realizar el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena.
Otra razón para decir no a la reelección
Durante el gobierno de Uribe se fortaleció y legalizó el aparato paramilitar
Este ha sido el tema más esgrimido desde el gobierno para mostrar los supuestos resultados positivos que se han obtenido.
Afirma Uribe que con el "proceso de paz" con los paramilitares se está desactivando uno de los actores de la confrontación armada y que esto contribuirá a la recuperación de la paz de los pobladores, sin embargo los hechos demuestran lo contrario.
Las acciones de Uribe Vélez en el terreno de la paz o la negociación con grupos armados son muy disímiles: por un lado ha mantenido cerrados los espacios de diálogo y negociación con la insurgencia, negándose sistemáticamente a aceptar propuestas de diálogo sin condiciones previas.
De otra parte, abrió todos los espacios de negociación con los paramilitares, generándoles todas las condiciones de favorabilidad tomando medidas legislativas que facilitan y aceleran el proceso.
Entre éstas se encuentran: la Ley 782 que suprime la condición del estatus político para poder negociar; así mismo se promovió, con el Decreto 128 del 20 de enero de 2003, la figura del indulto para los desmovilizados, entre los cuales se incluye sin ningún recato a los paramilitares.
Pero no solo se han ido abriendo los caminos para que los paramilitares legalicen sus actuaciones, sino que se les sigue permitiendo que actúen contra la población sin que las autoridades hagan nada.
Los paras condicionaron desde el principio la "negociación". En el primer documento público donde plantearon el tema, se pueden leer afirmaciones como: "El gobierno nacional nos ha pedido que facilitemos los caminos para que el Estado colombiano se-
haga cargo de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos de las diferentes poblaciones y comunidades liberadas por nosotros del flagelo subversivo, y donde nos ha correspondido, hasta el presente, ejercer como autoridades de facto por la ausencia protectora de las fuerzas institucionales".
O esta otra perla: "Ha llegado el momento en el cual el Estado colombiano demuestre su capacidad y voluntad políticas para asumir de inmediato, sin dilaciones burocráticas y contando con nuestra participación cívica y democrática, la defensa y protección de las-
poblaciones y de los territorios, de la infraestructura productiva y de la inversión nacional y extranjera, que hemos defendido durante tantos años las Autodefensas Unidas de Colombia".
De esta última afirmación, hay múltiples ejemplos que demuestran que los paras, antes que nada, han defendido a capa y espada el establecimiento y actúan por la profundización de las condiciones de despojo de nuestro pueblo.
El caso del Urabá chocoano es significativo en el empeño paramilitar, que se ha extendido a lo largo y ancho del país: La política del 'Alemán' (comandante paramilitar de la región) es el crecimiento de los cultivos de palma, plátano y caucho.
Campesinos de la región han visto como los cultivos de esos productos, se incrementan en sus tierras, las que les fueron robadas por los paramilitares. Ha sido tal el nivel del despojo que organismos estatales como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder no han podido negar que algunos empresarios han ocupado "indebidamente" esas tierras.
Un grupo de empresarios, aprovechándose del desplazamiento forzado de las comunidades negras del Chocó debido a la acción de los paramilitares, está ocupando sus tierras. Son más de 26.000 hectáreas, un área que equivale al perímetro urbano de Bogotá y que se están utilizando principalmente para el cultivo de palma africana.
Es importante anotar que estas tierras, en su mayoría, son de titulación colectiva y pertenecen a las comunidades ubicadas en las riveras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.
Algunas de las víctimas del despojo de sus tierras han recurrido al ejército presente en la región para que les restituya sus derechos y la respuesta que han obtenido es que no hay personal ni recursos suficientes, y que "por disposición del gobierno nacional la prioridad son las operaciones tendientes a restablecer el control del orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta".
Les recomendaron acudir a la policía, que tampoco hizo nada. En cambio los paras si comenzaron a buscarlos para asesinarlos. Las comunidades no solo han denunciado que los paramilitares los desplazaron de sus territorios, sino también que al regreso los han puesto entre la espada y la pared: jornalear para ellos o volverse a ir.
Pero eso no es todo, el despojo no se presenta únicamente en zonas rurales y apartadas de los grandes centros urbanos. En las ciudades se presentan, de igual manera, desplazamientos forzados y robos de las pocas pertenencias de los pobladores de los sectores populares.
En Medellín, por ejemplo, son muchos los pobladores que han perdido sus casas a manos de los paras, que se las han apropiado para vivir en ellas y desde allí seguir actuando. Un testimonio recogido por una ONG de la ciudad pone de presente la dimensión de lo que está ocurriendo por la acción coordinada de las autoridades y los paramilitares: Un poblador y su hijo abandonaron la casa en marzo de 2003.
La razón: el acoso de las autoridades y las presiones de los paramilitares. En ese mes, la Fiscalía y la Policía allanaron su casa tres veces. "Siempre nos preguntaban lo mismo: ¿dónde teníamos las armas?".
El último de los allanamientos fue realizado por miembros del Comando Especial Antiterrorista (Ceat) de la Policía: "Me amarraron las manos y me hicieron sentar. Ellos insistían en que confesara dónde las guardaba. Yo les dije que no teníamos nada que ver con nadie.
Luego me soltaron y me ordenaron cavar un hueco en la casa porque supuestamente ahí estaban las armas; además, le dictaron orden de captura a mi hijo, que estudiaba y trabajaba.
Ese día nos fuimos de allí", dice el poblador". Hoy paramilitares viven en la vivienda de él y su familia. Esta historia se repite a lo largo y ancho de los barrios populares de la ciudad.
En el tema de narcotráfico, las cosas no son muy diferentes. Aseguran algunos estudios que en el parque natural de Paramillo hay alrededor de 5.000 hectáreas sembradas de coca que no se han fumigado supuestamente por razones ecológicas.
Lo que para nadie es desconocido es que varios de los jefes paramilitares que "negociaron" en Ralito controlan esos cultivos.
Sin embargo, esas mismas razones ecológicas no han servido para suspender las fumigaciones de zonas campesinas con pequeños sembrados de coca, que están rodeadas de cultivos de pancoger, que son destruidos por la acción criminal de las fumigaciones.
En relación con su injerencia en los procesos electorales, hay testimonios que evidencian la injerencia paramilitar en estos: En un correo electrónico dirigido a "don Berna" se le informa de los resultados de la votación para Alcaldía y Concejo de San Carlos (Antioquia): "Muchos saludos del doctor Nicolás Guzmán García, nuevo alcalde popular de San Carlos, y de los ocho concejales que apoyaron esta causa.
De parte de los concejales le enviamos muchos agradecimientos por su apoyo y esperamos volvernos a encontrar nuevamente".
La revista Cambio publicó en un artículo titulado "Los papeles de don Berna", una investigación según la cual los políticos regionales coincidieron en señalar que en varios municipios de Antioquia no solo hay presencia constante de los paramilitares, sino que manipulan la política local.
Los alcaldes de Tarazá, Cáceres, Heliconia, Caucasia y San Carlos hacen parte de Colombia Viva, el grupo político de Rocío Arias, representante a la Cámara por Antioquia. En todos los casos anteriores, el apoyo de Don Berna en las elecciones ha sido decisivo para el triunfo de los candidatos afectos a los paramilitares.
El 11 de septiembre de 2005, miembros de las Auc de Córdoba reunieron a más de 500 individuos en un lugar cercano al municipio de Valencia para hablarles sobre la aspiración de llegar al Senado que tiene la representante a la Cámara Rocío Arias, quien se hallaba presente.
Sobre los resultados de la reunión fue informado por teléfono el jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, cabecilla del bloque Catatumbo. "Por aquí estuvo la doctora Rocío Arias -le dijo quien hizo la llamada-. Le reunimos un poco de gente, como 500. Estuvo ella y Giovanni Marín, el que se desmovilizó allá en Medellín. Estuvo elegante la vaina".
Don Berna, gira gran cantidad de dinero para preservar su influencia en las comunas de Medellín. Por ejemplo, en diciembre de 2004, alguien identificado como Paloma le envió copia del recibo de la nómina de la Corporación Democracia correspondiente a diciembre, así como la relación de pagos a 11 "trabajadores" de la comuna nororiental.
"Las personas que están recibiendo nómina o apoyo económico con los 30 millones son las relacionadas anteriormente", escribe Paloma, y a continuación solicita un incremento para "contratar dos líderes políticos" en esa misma comuna. Giovanni Marín es el candidato más opcionado desde la Corporación Democracia para acompañar a Rocío Arias en sus aspiraciones para el 2006.
Lo terrible es que al tiempo que se fortalece el brazo paramilitar, se refuerza toda la estructura legislativa para permitir que la impunidad y el poder paraco sigan actuando en extensas zonas del país.
El comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, se ha empeñado en desconocer, por orden del presidente Uribe Vélez, la gravedad de los crímenes de los paramilitares.
Se ha legalizado la impunidad de estos crímenes con el diseño, promoción y promulgación de la llamada Ley de Justicia y Paz que no exige la confesión plena de los crímenes cometidos y se cambia ésta por un testimonio voluntario de lo que el paramilitar quiera contar.
Además los plazos establecidos para la investigación por parte de la unidad especial de la fiscalía hacen imposible que los hechos se logren esclarecer. Adicionalmente premia la mentira y el ocultamiento de la información y no busca descubrir la verdad histórica sobre la conformación y los actos de los grupos paramilitares y la responsabilidad estatal en la actuación de estos.
Así las cosas los 11.161 casos de personas asesinadas y las 1.869 personas desaparecidas forzadamente que se han presentado desde 1988, según lo denuncia el banco de datos del Cinep, se mantendrán en la más absoluta impunidad.
Frente a esta legalización de la impunidad, la Federación Internacional de Derechos Humanos - FIDH, decidió recurrir al Tribunal Penal Internacional para intentar lograr justicia en ese organismo multilateral.
La FIDH denunció penalmente a Álvaro Uribe y todo su gobierno por aproximadamente 2.000 crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares desde diciembre de 2002 (cuando se decretó la tregua unilateral) hasta 2005.
En la mayoría de casos se trata de homicidios, pero también hay documentadas masacres y desplazamientos forzados. Entre los demandados también figuran los principales comandantes de esa organización criminal.
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3. Lo Social
Durante el gobierno de Uribe se incrementaron el hambre, la pobreza, el desempleo y el desplazamiento en el país
El nivel de vida de los colombianos, al contrario de lo que afirman desde el gobierno, ha seguido deteriorándose. En un estudio denominado "Encuesta Nacional de Calidad de Vida" correspondiente al año 2003, la disminución en el gasto en alimentos es la segunda alternativa más utilizada por los hogares colombianos para hacer frente a reducciones en su nivel de ingresos.
El diagnóstico alimentario es preocupante, en esa misma encuesta, en el caso de Bogotá, se encontró que por falta de dinero aproximadamente 165.826 familias, dejaron de consumir una de las tres comidas diarias uno o más días de la semana.
ambién en un informe de un noticiero de televisión se denunció que en los barrios populares muchas personas se ven obligadas a consumir cartón para calmar su hambre.
En el 2004, el gasto social correspondió al 10,4% del PIB, lo que contrasta con el alcanzado a finales de la década de 1990 que fue del 16% del PIB. Esta disminución en el gasto social se refleja en cifras como la de pobreza que en el 2004 llegó al 77,3% de la población, mientras que en el 2001 era del 74,6%.
Durante 2004, la situación social, en cifras, fue la siguiente:
En materia de educación 1,1 millones de niños y jóvenes no asistieron a ningún centro escolar.
En salud, 16,7 millones de personas no tuvieron acceso al sistema de salud.
El número de desempleados fue de 2,76 millones, de los cuales solo el 1% se benefició con el subsidio de desempleo.
La capacitación ofrecida por el Sena cubrió únicamente a 1,4 millones de los 5,9 millones de jóvenes entre 14 y 26 años que estaban por fuera de los sistemas de educación y capacitación.
Los demás programas de capacitación para los jóvenes en condiciones de pobreza cubrieron solamente el 0,8% de la población necesitada.
La capacitación a mujeres en economía solidaria abarcó solamente el 0,9%.
En cuanto a la niñez que requería programas de nutrición, estos solo cubrieron el 10% de los infantes necesitados.
Los problemas de hambre y desnutrición en la población joven y adulta no fueron atendidos por ningún tipo de programa.
La población en condiciones de indigencia en los campos colombianos era de 5 millones de los cuales el 6,5% se benefició del programa de seguridad alimentaria.
Los subsidios de vivienda cubrieron el 9,8% de las necesidades.
Los subsidios para la población mayor de 60 años en condiciones de pobreza cubrieron el 4,7% de la población en esa situación.
En la actualidad se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que reforma la ley 100 de 1993, que pretende concluir el proceso de privatización y desmonte de la red pública hospitalaria, mercantilizando el acceso a la atención, todo ello agravado con la inminente entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, que afectará gravemente el acceso a medicamentos de la población de menores recursos.
Y como si lo anterior fuera poco, el desplazamiento forzado aumentó en los últimos años. Entre mayo y junio de 2005, según datos de la ONG Codhes, al menos 91.467 personas, fueron afectadas por desplazamiento forzado.
Con esta cifra se alcanza un total de aproximadamente 153.463 personas víctimas de desplazamiento durante el primer semestre de 2005, lo que representa un incremento del 15% con relación al mismo período de 2004.
Es decir, se pasó de un promedio de 724 personas desplazadas cada día durante el primer semestre de 2004 a un promedio diario de 848 de los primeros seis meses de 2005.
Pero la población no solo se ve afectada por el desplazamiento forzado interno, muchos colombianos se refugian en países vecinos para tratar de salvaguardar sus vidas, su integridad física y su libertad personal. La cifra total de quienes han solicitado asilo en otros países asciende a 104.474 personas en el periodo 2000 a 2004.
Los principales afectados por el desplazamiento forzado son personas pertenecientes a comunidades negras, indígenas, campesinos y colonos. Un aspecto poco difundido de este fenómeno es que durante el gobierno de Uribe, el desplazamiento se focaliza en zonas en las que se desarrolla con mayor rigor la política de seguridad democrática, en las zonas de frontera y en regiones de amplio control paramilitar.
Las fumigaciones indiscriminadas de cultivos de uso ilícito aportan también una alta cuota de desplazamiento y hambre en casi todas las regiones del país, donde los únicos cultivos que no son fumigados son las grandes extensiones de cultivos de coca y amapola que pertenecen a los paramilitares.
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4. País de inseguridad e impunidad
Durante el gobierno de Uribe Colombia se convirtió en el país de los sapos
La vinculación de la población, a la confrontación armada ha sido uno de los ejes fundamentales de la política de seguridad democrática. No se había acabado de posesionar, cuando se vio a Uribe Vélez inaugurando la red de informantes del Cesar, 1.220 informantes fueron lo que Uribe llamó "cuota inicial" del millón de informantes que había prometido en su campaña.
De igual manera, se comenzaron a publicitar los Frentes de Seguridad de la policía nacional y que ya en 2002 involucraban, en Bogotá a más de 70.000 personas.
Se obligó a los vigilantes vinculados con las empresas de seguridad privadas a colaborar con la fuerza pública suministrando información y poniendo a su disposición todos los recursos técnicos y sus bases de datos. En este caso la cifra de personas asciende a 160.000 trabajadores.
Se inauguró con bombos y platillos la modalidad del programa de soldados campesinos que son entrenados por 3 meses en las instalaciones de diversas brigadas. Campesinos desempleados, son utilizados como carne de cañón en zonas de alta confrontación armada.
De otra parte, la agresión estatal contra la población no solo se registra en términos exclusivamente militares, el aparato estatal en su conjunto, se pone a disposición de este nuevo modelo de represión y exterminio.
En los tres años que han transcurrido del gobierno de Uribe, más de seis mil personas fueron objeto de privación de la libertad, señaladas de pertenecer a organizaciones insurgentes o de prácticas terroristas.
Todas estas detenciones fueron arbitrarias y se fundamentaron en la mera sospecha, en señalamientos de informantes o reinsertados y en informes de inteligencia. En algunos casos se han detenido de manera arbitraria y masiva hasta 2000 personas, como ocurrió en noviembre de 2002 en Arauca.
La mayoría de las detenciones masivas son indiscriminadas y ocurren en el marco de operaciones militares donde la Fiscalía queda subordinada a la autoridad militar.
La figura de las detenciones arbitrarias ha sido utilizadas como una estrategia de persecución contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, campesinos que habitan zonas donde hay presencia insurgente, opositores políticos y, en general, se persigue y judicializa a personas que son consideradas por el gobierno como sus enemigas.
De otra parte, se asegura por parte de los voceros oficiales, que en este periodo las violaciones de derechos humanos han disminuido sensiblemente, pero si se miran las cifras de los organismos que investigan este tipo de crímenes, tal aseveración no es cierta, se han disparado las detenciones masivas, se incrementa el desplazamiento forzado.
Los asesinatos se mantienen, aunque la modalidad ha cambiado. Ya no se recurre tan frecuentemente a las masacres que tienen gran resonancia pública. Las desapariciones son la modalidad preferida para atacar opositores y pobladores en general.
Y para acabar de completar el panorama, las víctimas o sus familias no denuncian lo ocurrido por temor a que les suceda lo mismo. Veamos cifras que ratifican lo anterior:
Las cifras de algunos sectores son dicientes por sí mismas: en 2004, 48 maestros fueron asesinados, 320 amenazados de muerte, 30 fueron víctimas de desplazamiento forzado, 5 fueron desaparecidos, y 3 sufrieron atentados en su contra.
Además de estos, 14 maestros fueron vinculados a procesos judiciales, acusados de rebelión. Si se miran las estadísticas de manera comparativa, encontramos que: durante 2000 se presentaron 336 casos de violaciones en contra de docentes, en el 2001 disminuyeron a 198 casos, y en el 2002 a 120.
En el 2003 volvieron a crecer, alcanzando la cifra de 364 violaciones; y en el 2004, se registraron 421 casos. Es decir, durante el gobierno de Uribe Vélez se recrudece la violencia en contra de los maestros.
Aunque el gobierno nacional señala que, gracias a la política de seguridad, las condiciones de seguridad en el país han mejorado, se ha podido determinar que las violencias, incluyendo la violencia sexual contra niñas, son más frecuentes donde la presencia militar es más fuerte.
En el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 1 de junio de 2005 se han cometido 1.761 casos de violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados en Colombia, que consistieron en: 265 homicidios, 984 amenazas de muerte,-
185 detenciones arbitrarias, 15 allanamientos ilegales, 35 atentados con armas de fuego y elementos explosivos, 17 desapariciones, 133 desplazamientos forzados, 100 hostigamientos, 23 secuestros y 4 casos de tortura.
Dos casos ejemplifican la actuación de las fuerzas militares en contra de la población en cumplimiento de los mandatos de la política de seguridad democrática:
El lunes 21 de febrero de 2005 fueron asesinados, por miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional: Luis Eduardo Guerra Guerra, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso; su compañera Bellanira Areiza Guzmán; su hijo Deiner Andrés Guerra.
Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos; su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Santiago Tuberquia Muñoz de 2 años y Natalia Andrea Tuberquia Muñoz de 6 años.
En mayo de 2004, Álvaro Uribe arremetió contra la Comunidad de Paz cuando declaró, en un consejo de seguridad en Apartadó: "Quiero hacer este comentario: la llamada Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En Colombia no debe haber un centímetro del territorio excluido de la presencia de las instituciones.
“Cuando empezó este gobierno expresé claramente que en San José de Apartadó y en todos los sitios de la patria debería hacer presencia el Ejército, la Policía, acompañar a la Fiscalía cuando tome la decisión de hacer presencia.
“Seguimos con muchas dificultades porque algunos de los directivos de esa comunidad, incluso estimulados por presencia extranjera, obstruyen la justicia".
Otro caso que reafirma la acción criminal y terrorista del Estado es:
El jueves 5 de agosto de 2004, tropas del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro - perteneciente a la brigada XVIII del Ejército, con sede en Saravena (Arauca),-
irrumpieron en el caserío de Caño Seco (municipio de Saravena), llegaron hasta la casa donde se encontraba el líder sindical Jorge Prieto lo sacaron de allí en compañía del líder sindical Leonel Goyeneche y del líder campesino Héctor Alirio Martínez. Todos fueron asesinados por disparos a quemarropa.
En los mismos hechos fueron detenidos -y posteriormente encarcelados- otros dos líderes sindicales de Arauca: Samuel Morales Flores, presidente de la CUT Arauca, y Maria Raquel Castro Pérez, dirigente del sindicato Asociación de Educadores de Arauca (Asedar).
Pero las agresiones no terminan ahí. La legitimación de todas estas acciones en contra del movimiento social y popular, la hizo el mismo presidente de la república cuando ha pronunciado discursos agresivos contra las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la defensa y promoción de derechos humanos.
Como resultado de esto, hay organizaciones defensoras de derechos humanos que tienen a casi todos sus integrantes en prisión, como el Comité Joel Sierra de Arauca; otras han sido víctimas de allanamientos como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
Otras han sido víctimas de montajes organizados desde el Ministerio de Defensa, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; otras viven en la zozobra de una posible judicialización ya que la tesis del Presidente es que muchas de estas organizaciones sirven de fachada o hacen de "defensoras de organizaciones terroristas".
Para alcanzar sus objetivos, el gobierno de Uribe, ya en diciembre de 2004, es decir un poco más de dos años de su gobierno, incrementó el pie de fuerza a 374.000 efectivos, es decir entre el 2002 y el 2004 se incrementó en un 33,6%. Con este nuevo pie de-
fuerza se crearon 4 nuevas brigadas móviles, 4 nuevos batallones de montaña, cerca de 600 pelotones de soldados campesinos (15.000 soldados), 12 escuadrones móviles de carabineros (15.000 carabineros), 12 agrupaciones de fuerzas especiales antiterroristas urbanas y 3 grupos Gaula.
Teniendo en cuenta que el costo anual un soldado profesional es de $13,5 millones, un soldado regular $8 millones y el fusil $1,5 millones, según cálculos de la Contraloría General de la República, el costo del programa estaría alrededor de dos billones de pesos en el período 2002-2006
Pero no satisfecho con la represión directa contra las organizaciones sociales y los opositores, el gobierno, en aplicación de su llamada política de seguridad democrática y de la imposición de la visión personal que Uribe tiene del país, ha intentado poner límites a la cooperación internacional.
Veamos algunos extractos de un documento elaborado por Luis Carlos Restrepo y difundido entre agencias y embajadas por Luis Alfonso Hoyos, de la Red de Solidaridad Social:
"Presidencia de la República
Alto Comisionado para la Paz
Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional
Es potestad exclusiva del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República y por su delegación, del Alto Comisionado para la Paz establecer contactos con los grupos armados ilegales. Por lo tanto ningún funcionario público, ni particular, puede establecer contacto con estos grupos armados ilegales.
…(estos contactos) deslegitiman las acciones de paz del Estado creando escenarios paralelos de interlocución con los violentos que son utilizados por éstos para fortalecer su capacidad de intimidación sobre la población civil y las autoridades estatales. Adicionalmente, tienen implicaciones legales.
No hay ninguna posibilidad de adelantar diálogos regionales sin autorización expresa del Presidente de la República. Este escenario no debe ser planteado o propuesto, sin consulta previa con el Gobierno Nacional.
No son aceptables como resultado, objetivo o finalidad de los proyectos, ningún tipo de enunciación o actividad que pretenda comprometer la acción futura del Gobierno Nacional en materia de acuerdos de paz con grupos armados ilegales.
…Las expresiones "actores armados" o "actores del conflicto", en las cuales se pretende incluir a los miembros de la Fuerza Pública, los equipara con los grupos armados al margen de la ley. Esta situación es inaceptable para el Gobierno Nacional, dado que pretende que los ciudadanos se declaren neutrales frente a sus Fuerzas Militares y de Policía y adicionalmente, justifica convertir en blancos militares a los soldados y policías.
Los conceptos que se incorporen dentro de los proyectos tales como "comunidad de paz", "territorio de paz", "región o campo humanitario", "observatorio de situación humanitaria", entre otros, son generalmente ambiguos y no deben llevar a confusiones como las generadas con la comunidad de paz de San José de Apartado.
Por tal razón, es necesario que se especifique el alcance de dichos conceptos, los cuales en ningún momento deben suponer la imposición de límites a la acción territorial de la Fuerza Pública ni a la acción de la justicia.
Es necesario que se identifiquen actores, sitios y actividades definidas para el logro de los objetivos trazados en estos proyectos. De igual manera, que las actividades sean pertinentes para la consecución del objetivo del proyecto y que por ningún motivo su desarrollo transgreda la ley.
…Ningún concepto puede conllevar interpretaciones que pretendan distorsionar el concepto de "neutralidad profesional" propio de cuerpos competentes como el CICR o la Cruz Roja Colombiana, e intentar trasladarlo al campo de la neutralidad política de los civiles frente a las instituciones legítimamente constituidas.
No se deben incluir actividades denominadas "humanitarias", que impliquen contacto con los grupos armados ilegales.
…Se debe tener presente que Colombia es una democracia pluralista y garantista, donde se cuenta con los cauces apropiados para dirimir las diferencias. El aceptar la existencia de un conflicto armado interno, implica la negación de dichos canales, lo cual es utilizado por los grupos armados ilegales para polarizar y capitalizar su estrategia de poder.
…Los diálogos pastorales son delegaciones unipersonales y puntuales, delimitadas en su objetivo y tiempo de ejecución, que ha otorgado el Presidente de la República a algunos jerarcas de la Iglesia Católica para adelantar contactos con grupos armados ilegales.
Dichas funciones no son extensibles a sus diócesis u organizaciones. Quienes las ejecutan, cumplen labores específicas, encomendadas por el Presidente de la República y por el Alto Comisionado para la Paz.
Las asambleas constituyentes son válidas como mecanismos de participación ciudadana, orientados a afirmar los valores de la civilidad y la democracia y generar espacios para la planeación participativa. En ningún sentido, se pueden entender como escenarios para la interlocución con los grupos armados ilegales.
…No se deben incorporar acciones de "protección civil", dado que la defensa y el amparo de la población es función de la Fuerza Pública y las autoridades legítimamente constituidas.
En su lugar, se pueden utilizar expresiones como "medidas de autoprotección de la población civil" en el marco del fortalecimiento de la democracia.
En los proyectos se debe hacer énfasis, no sólo en los derechos, sino en los deberes que los ciudadanos tienen para con su comunidad.
-ed. Ofic/ial-Rese/rvado
- C. Direct. 2. Interna.
- C. Direct. 3. enviada."
Intervención militar directa de Estados Unidos en el país:
Colombia es el país latinoamericano que más "ayuda militar" estadounidense recibe. Además se ubica como uno de los cinco más "apoyados" a nivel mundial, poniéndose al nivel de países como Israel, Egipto, Afganistán e Irak. Entre 1998 y 2004 se recibieron US$ 3.647 millones de dólares en "ayuda militar". Terminado el 2005 se habrán recibido ochocientos millones más.
Después de Bagdad, Bogotá tiene la sede diplomática más numerosa de Estados Unidos en el mundo. Acá se tienen toda clase de misiones militares, personal especializado del FBI, la DEA y la CIA que operan sin tapujos en el territorio nacional con el apoyo irrestricto del actual gobierno.
La presencia de tropas norteamericanas en el país, asciende fácilmente a 1.200 efectivos del Comando Sur, con presencia en Arauca y Norte de Santander, a lo largo de línea del oleoducto Caño Limón - Coveñas. Estas tropas actúan directamente en operaciones militares como el muy publicitado "plan patriota".
Con la justificación poco creíble de luchar contra el terrorismo, el gobierno de EE.UU. incrementó la participación de los organismos de inteligencia norteamericanos en Colombia. Esto ha estado acompañado de asistencia financiera y logística.
En el país operan, oficial o extra oficialmente: El Departamento de Defensa; El Comando Sur; La Agencia Central de Inteligencia; La Agencia Nacional de Seguridad; La Agencia de Inteligencia para la Defensa; La Oficina Central de Imágenes, la Agencia Nacional de Reconocimiento.
El FBI; La DEA; El Departamento de Seguridad Interna; El Servicio de Aduanas y los servicios de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU.
Algunas de esas entidades coordinan acciones o se mantienen el en país por medio de organismos aparentemente inofensivos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo - Usaid y una Oficina para las Migraciones que tiene el gobierno gringo en Colombia. Así mismo actúan amparados a través de organismos no gubernamentales, programas de ayuda social y la construcción de obras de infraestructura.
También actúan mercenarios que a través de empresas, ofrecen sus servicios en seguridad y defensa y que son contratados por el departamento de estado de los estados Unidos.
Algunas de ellas son: DynCorp; Aerospace Technologies, Inc.; TRW (sistema de radar para el procesamiento de inteligencia antidrogas y contrainsurgencia); Matcom (coordina misiones aéreas de inteligencia antidrogas); Cambridge Communications (radares y equipos desde Leticia hasta la base de Tres Esquinas).
Northrop Grumman, California Microwave Systems (que operan un sistema aéreo para recolectar imágenes y comunicaciones de inteligencia, en zonas de guerrilla y de narcotráfico).
A estas se suman: Alion, LLC (consultores para mejorar la capacidad colombiana de recolección y procesamiento de información); Grupo Rendon (asesora al Ministerio de Defensa colombiano en operaciones sicológicas).
Science Applications International Corp. (análisis de imágenes de inteligencia, sobre la seguridad de la Embajada y el personal de EE.UU.), y Man Tech (maneja bases de información del Plan Colombia y las transmite en "tiempo real" a las autoridades, además opera equipos que interceptan comunicaciones y recolectan imágenes para la DEA).
Y sí con todo esto usted apoya la reelección del sátrapa, será cómplice de sus crímenes y del fracaso del país como Estado.
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