Sabotaje del DAS al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la paz
La acción inmediata de los participantes al evento lograron evitar la posible desaparición forzada o de otro mal llamado falso positivo de líder campesino
Por Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes
Una multitud de 5.000 personas que marcharon en Cali el trece de noviembre pasad, rompiendo el silencio impuesto por la "seguridad democrática" que señala a quien se oponga a su fundamento guerrerista como integrante de las FARC-EP, instalaron un espacio democrático, reflexivo, multitudinario, abierto denominado “Encuentro Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz”.
Este espacio, que culminó el 15 de Noviembre, coloca nuevamente sobre la mesa los deseos de los colombianos honestos, dignos y trasparentes por avanzar hacia una salida política negociada al conflicto social armado que vive Colombia.
Desafortunadamente este anhelo colectivo de mujeres y hombres colombianos, intentó ser opacado por la criminalidad de la seguridad democrática, cuando durante la realización del encuentro, tres supuestos agentes del DAS mediante engaños intentaron sustraer del evento, a un líder campesino y luego intentaron por la fuerza subirlo a un taxi.
De esa práctica totalmente ilegal, por parte de agentes del Estado, ya se conocen varias experiencias que han terminado con la desaparición forzada.
Es Insólito que el intento de desaparición forzada perpetrado por las fuerzas al servicio del estado se justifique señalando al indefenso líder, campesino y defensor del derecho internacional de los derechos humanos, de ser miliciano de las FARC-EP.
Ahora los victimarios (los agentes del DAS) quienes gozan del amparo de todo el poder concentrado en la presidencia de la República, se presentan como víctimas de una muchedumbre animada por el líder campesino agredido, como lo señala un comunicado del DAS.
El líder campesino Iván Danilo Alarcón Quiceno, socio activo de la Asociación Pro constitución Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto, departamento del Cauca, fiscal de la misma; es ampliamente reconocido en su comunidad como líder que trabaja por el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad.
Es de anotar que la población del municipio de Corinto actualmente son objetivo del guerrerismo de la política se Seguridad Democrática, que recae sobre la población civil, manifiesta en hechos como los sucedidos el primero de agosto de 2009, denunciados en su momento por la RED de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”.
Cuando posterior un ametrallamiento indiscriminado en la zona rural del municipio de Corinto por parte de la fuerza aérea, el mismo campesino Iván Danilo Alarcón, junto a los campesinos Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campana y Hernando Coicue, fueron detenidos arbitrariamente por un grupo de policías pertenecientes al grupo Omega, quienes llegaron a la vivienda donde se resguardaban estas personas del ametrallamiento.
Detención que duró alrededor de hora y media con golpes y humillaciones, y en la cual los policías fotografiaron sus rostros y sus documentos de identificación.
El sabotaje por parte del DAS a las iniciativas ciudadanas de paz es una constantes en el accionar de esta institución, cuestionada históricamente por la participación de funcionarios de esta institución en el genocidio de la Unión Patriótica, por la violación sistemática de la Constitución Nacional y a partir del 2002, desde la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, por los vínculos con el paramilitarismo.
En Colombia se institucionalizó una política de delación que incluye el pago de recompensas en dólares para quienes denunciaran a supuestos alzados en armas. Política que desencadenó un sinnúmero de falsas acusaciones que llevaron a la cárcel a muchas personas inocentes que luego tuvieron que dejarse en libertad.
El DAS no ha sido ajeno a esta política, así como no ha sido ajeno a favorecer con fraude electoral el triunfo de Uribe Vélez como fue confesado por el exjefe de informática del DAS, de otra forma el mismo exjefe de informática del DAS declara que el DAS conocía los aportes realizados por algunos grupos paramilitares a la campaña de Uribe.
A esto se suman los escándalos por las conocidas “chuzadas” telefónicas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Esta es la institución, adscrita de la Presidencia de la República, ahora presentada como víctima del ataque de ciudadanos Colombianos. Quienes llegaron en operaciones encubiertas, dotados con armas de fuego, actuando dentro de la ilegalidad fueron los miembros del DAS.