Consejo de Estado ratifica la destitución del general Álvaro Velandia Hurtado por la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista
Por Comisión Colombiana de Juristas

En una decisión histórica, la Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la Resolución de la Procuraduría General de la Nación que en 1995 ordenó destituir al general Álvaro Hernán Velandia Hurtado y tres suboficiales del Ejército por su responsabilidad en la desaparición-

forzada, tortura y ejecución sumaria de Nydia Erika Bautista de Arellana, militante del Movimiento 19 de Abril (M-19), cuando el militar se desempeñaba como Comandante de la XIII Brigada del Ejército-Batallón Charry Solano, en hechos ocurridos el 30 de agosto de 1987 en Bogotá.

Esta providencia concluye cinco años de trámite de un Recurso Extraordinario de Súplica interpuesto por el Procurador General de la Nación en el año 2004 contra la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ese mismo año declaró la nulidad de la Resolución que ordenó destituir al oficial y que cobijó también a otros tres suboficiales vinculados a la Investigación disciplinaria.

De este modo, el alto tribunal administrativo revocó la sentencia que permitió la restitución del oficial a su rango y al servicio activo, bajo el cual continuó desempeñando funciones públicas como decano de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada.

Esta resolución le otorga la razón al ex Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Dr. Hernando Valencia Villa, que en la época asumió la investigación disciplinaria de los hechos y determinó la responsabilidad del General Álvaro Hernán Velandia Hurtado por haber conocido del crimen, dado su aprobación y no haberlo impedido como se lo imponía su deber legal de Comandante de la XIII Brigada del Ejército-Batallón Charry Solano.

Este fallo sin precedentes en Colombia, confirma la decisión que ya había adoptado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de octubre de 1995, la cual el gobierno colombiano no ha cumplido y remueve los cimientos del muro de impunidad que ha rodeado el caso durante 22 años, reivindica el derecho a una justicia administrativa imparcial para las-

víctimas de desaparición forzada y el papel de los jueces que intentan hacer justicia en forma independiente sobre crímenes de lesa humanidad, y que en el caso del Dr. Hernando Valencia Villa tuvo el grave costo del exilio al verse obligado a abandonar el país con su familia tras adoptar, en su rol de juez disciplinario, la decisión de destitución, debido a las múltiples amenazas y presiones recibidas por este motivo.

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