El régimen colombiano es torturador
Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron torturadas en Colombia al menos 899 personas de las cuales 833, el 92,6 por ciento, fueron cometidas por agentes del Estado
Por Camilo Raigozo. Voz

A Lily Johana Oviedo el Ejército no solo le asesinó al esposo, sino que la tiene sometida junto a su hija a una persecución implacable. Con valentía ella autorizó la publicación de esta foto, pero advertimos que sí algo les ocurre a estas dos colombianas el único responsable es el Ejército. Foto Camilo Raigozo.

“Soy Lily Johana Oviedo. Vengo desplazada de la ciudad de Buga, Valle del Cauca. En la madrugada del 13 de noviembre de 2005, llegaron a mi casa miembros del Batallón Agustín Codazzi, con sede en Palmira en el mismo departamento sur colombiano.

“Nos sacaron violentamente a mi esposo, a mi hija y a mí y nos torturaron de forma brutal durante al menos dos horas. Luego se llevaron a mi esposo aún con vida, mientras ignoraban las súplicas mías y de mi hija de que no le fueran a hacer nada.

“A las dos horas de haberlo secuestrado las tropas informaron que lo habían dado de baja en combate.

“Desde esos momentos, el Ejército nos ha sometido a mi hija y a mí a torturas sicológicas por los acosos, amenazas y persecuciones a que nos tiene sometidas. Nos prohibieron terminantemente que denunciáramos los hechos criminales ‘o que nos atuviéramos a las consecuencias’.

“Como me he atrevido a denunciar el caso ante organismos de derechos humanos y autoridades competentes, los militares persisten en llevar a cabo sus amenazas. Hace poco intentaron secuestrarme nuevamente pero por fortuna me salvé de milagro.

“Desde la fecha en que asesinaron a mi esposo prácticamente mi hija y yo hemos permanecido prisioneras en los sitios de vivienda, los cuales hemos tenido que cambiar frecuentemente. Una de las consecuencias es que mi hija no ha podido estudiar por el apremiante peligro que corre al salir a la calle”.

Tal vez en el momento de escribir esta nota Lily Johana y su hija hayan tenido que abandonar el país para salvar sus vidas, ayudadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes le dijeron a VOZ que “su salida es inminente y pronta dado el grave peligro que corren de permanecer en el país”.

Como el anterior, existen por lo menos otros 833 casos en el que la Fuerza Pública u otros agentes del Estado son los responsables. Sobra decir que en dichos casos reina la impunidad.

El pasado 11 de noviembre la Coalición Colombiana Contra la Tortura presentó su informe anual sobre el comportamiento de este crimen de lesa humanidad en Colombia, el cual arrojó cifras escalofriantes sí se tiene en cuenta que casi en su totalidad, el 92.6 por ciento, fueron cometidos por agentes del Estado y que la impunidad raya el cien por ciento.

El informe da cuenta entre otros datos, que entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica. De los 296 casos en que se conoció la edad de la víctima, el 30,4 por ciento, 90, fueron niñas y niños.

De 793 casos en que se logró conocer el sexo de las víctimas, 685 fueron hombres, 86,3 por ciento y 108 fueron mujeres, 13,6 por ciento.

Así mismo el documento dice que el 50,6 por ciento de los casos fueron perpetrados directamente por agentes estatales y por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a los paramilitares, el 42 por ciento. Las guerrillas fueron halladas culpables de 49 casos, es decir el 7,4 por ciento.

La Coalición identificó los siguientes patrones incidentes en el crimen de tortura:
Primero, la tortura como medio de persecución política, en el marco de detenciones, con el propósito de obtener una confesión o información, segundo, como método de-

sometimiento de la población carcelaria, tercero, como mecanismo de discriminación por razones étnicas, de ideología política, de género, de edad o de orientación sexual, cuarto, como forma de control social y para sembrar terror en las comunidades, quinto,-

como instrumento de represión de la protesta social (uso de la fuerza en manifestaciones públicas), sexto como método de sometimiento contra las personas secuestradas y séptimo como parte de la instrucción de miembros de la fuerza pública.

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