Denuncian torturas a presos de la cárcel Bellavista de Medellín
Por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

El día 26 de enero de 2009 los detenidos políticos recluidos en el establecimiento penitenciario y carcelario Bellavista, de Medellín, nos informan que en horas de la madrugada fue sacado el personal de los patios 5 y 2 hacia la cancha del establecimiento penitenciario.
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Una vez allí, fueron seleccionados y separados de los demás 150 reclusos, aproximadamente, por parte de agentes del Inpec que se presentaron encapuchados.

Entre las personas elegidas se encontraban 6 detenidos políticos, líderes de los procesos organizativos y de convivencia en el penal.

Solo hasta avanzada la tarde los detenidos no seleccionados fueron devueltos a sus respectivos patios. Siguiendo lo hecho con los de los patios 5 y 2, son sacados los internos de los pabellones 4 y 8. En esta oportunidad fueron seleccionados 4 detenidos políticos.

En la requisa realizada en celdas, aunque no sufrieron daños en los muebles y enceres, les fueron confiscados objetos personales como fotografías, cuadernos, agendas telefónicas y documentos de estudio.

Los detenidos seleccionados estuvieron aislados y separados de sus pertenencias hasta el día 27 en horas de la tarde, tiempo durante el cual estuvieron hacinados en dos espacios reducidos, en uno de ellos estuvieron entre de 150 a 200 personas, en el otro 65 reclusos aproximadamente.

Durante el tiempo de aislamiento, en uno de los espacios el servicio sanitario se encontraba en el mismo lugar de confinamiento, el otro no contaba con servicio sanitario. Además no se permitió el uso de implementos de aseo y las condiciones del lugar no permitía utilizarse como dormitorio por lo que debieron estar de pie durante todo el tiempo de aislamiento.

El servicios de agua potable estuvo suspendido en todos los patios y solo en uno de los espacios de aislamiento se contaba con una llave con poco suministro. De igual manera tanto los detenidos que fueron devueltos a los patios, como aquellos que fueron aislados, se les suspendió el servicio de alimentación durante el día 26 y el día 27 sólo recibieron desayuno.

Durante el desarrollo del operativo que estuvo a cargo del GRI (Grupo de Reacción Inmediata) del Inpec, quienes fueron los encargados, junto con la guardia del Inpec y la policía del operativo realizado. Varias personas resultaron heridas, incluso hubo uno con tiro de fusil, también se hubo utilización de gases lacrimógenos

Los detenidos aislados sufrieron agresión psicológica por parte de la guardia, quienes constantemente les amenazaron con que serían trasladados. Varios de los reclusos que fueron aislados informan que se les hizo el trámite para salida de la cárcel, pero al fin no se realizó el traslado, por lo que debieron ser ingresados como nuevos reclusos para poder ser devueltos a los pabellones.

Para efectos de su regreso a los patios se les exigió firmar un documento donde se comprometían a mantener un ambiente de convivencia y no agresión, pero el Inpec por su parte no asumió ningún compromiso.

Finalmente fueron trasladadas 23 personas, reconocidas como los caciques, quienes contaban con el control de los patios. Son evidentes los serios problemas de ingobernabilidad al interior del Establecimiento penitenciario y carcelario, situación que ha generado por parte del Inpec, señalamiento y estigmatización a los detenidos políticos líderes de los procesos organizativos y de convivencia al interior de la cárcel.

Estos graves hechos de tortura manifestados en violencia, hacinamiento, negación a los servicios públicos y asistenciales, implica la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y compromete las obligaciones del Estado en el cumplimiento de proteger la vida, la integridad física, la dignidad y seguridad jurídica de los ciudadanos privados de la libertad.

Constatamos violaciones a las garantías mínimas a las que tienen derecho las personas que se encuentran privadas de la libertad, debido a que fueron victimas de tratos inhumanos y degradantes y se les negó el acceso a los servicios mínimos de agua potable y alimentación.

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