El Gobierno responde con terrorismo a las justas demandas de los trabajadores de la caña
Declaraciones irresponsables de funcionarios del gobierno ponen en peligro la vida y la integridad de los trabajadores. Ni los empresarios, ni el gobierno han mostrado interés en solucionar las condiciones laborales de los corteros, que son lo más parecido al esclavismo. Todas las organizaciones sociales y la sociedad de bien debe respaldar a los trabajadores
A continuación transcribimos el texto íntegro emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos:
Transcurrida una semana desde que se iniciara el paro de 12.500 obreros corteros de caña en los ingenios María Luisa, Manuelita, Mayagüez, Pichichi, Central Castilla, Central Tumaco, Cauca y Providencia, en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, ni el gobierno colombiano ni el gremio cañero (Asocaña), han mostrado el mínimo interés en solucionar el conflicto laboral suscitado con la presentación de un pliego de peticiones el pasado 14 de julio del año en curso.
El Senado conformó el día martes 23 de septiembre una comisión mediadora.
El Gobierno Nacional, de manera irresponsable y a través de Diego Palacio, ministro de la Protección Social, continúa haciendo señalamientos tendenciosos y terroríficos contra el conflicto laboral, al mencionar que el paro no es promovido por los trabajadores y sus organizaciones sindicales sino que “son fuerzas que yo no logro identificar.
Por eso le estoy informando a las autoridades correspondientes (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y el Ministro Delegatario) para que se inicien las investigaciones correspondientes”. “Éste ya no es un conflicto laboral, sino un problema de intimidación que un pequeño grupo está ejerciendo sobre unos trabajadores del sector azucarero que sí quieren trabajar”, aseguró.
En Noticias Caracol decía en el día de hoy el Ministerio de Minas y Energía que el Gobierno Nacional procederá en las próximas horas al desalojo de los responsables del bloqueo con la ayuda de la Fuerza Pública.
Este tipo de señalamientos han sido los causantes del asesinato de miles de hombres y mujeres integrantes del movimiento sindical –cerca de cuatro mil en 22 años-, los cuales se encuentran en total impunidad.
Esta es la respuesta del estado colombiano a las reclamaciones de miles de obreros y sus familias, que exigen de Asocaña, los dueños de los ingenios y Gobierno Nacional que se les aplique la legislación laboral y la Constitución Nacional (contratación directa, estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros), que de años les niegan con la implementación de las cooperativas de trabajo asociado.
Ha sido una respuesta de amedrentamiento y terror contra los obreros; desde mucho antes del 15 el septiembre (hora cero del paro), la presencia del Esmad y del ejército colombiano en los cañaduzales fue evidente, lo mismo que los ataques indiscriminados contra los obreros -33 heridos y la destrucción de sus pertenencias y documentos de identidad-. Esta ha sido la aplicación de la “seguridad democrática” al paro laboral de los corteros de caña.
A pesar de los ataques gubernamentales y la desidia de los patronos, los trabajadores permanecen con una alta moral, continúan fortaleciendo el movimiento y es muy probable que en próximas horas los corteros de caña para los trapiches –productores de panela- y otros trabajadores que hacen parte de la cadena productiva se unan a esta justa lucha.
Es muy importante resaltar la solidaridad efectiva del movimiento sindical, popular, estudiantil, campesino e indígena con el paro.
Alimentos, medicamentos, abarrotes, algunos dineros y la presencia física de compañeros y compañeras, hacen parte del gran apoyo que desde el inicio del conflicto es recibido por los obreros de la caña.
Igualmente, la presencia de delegaciones integradas por miembros de redes de solidaridad internacional.
El año anterior se produjeron en el país 2,28 millones de toneladas métricas de azúcar y 753.425 litros diarios de etanol, que deben ser mezcladas al 10% con la gasolina para los vehículos.
Las inmensas utilidades obtenidas por los empresarios contrastan con la miseria en que viven los obreros. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los ingenios se quedan con cerca de 153 millones de dólares anuales del erario público por la exención del impuesto de IVA (16%) en el etanol, dineros que podrían ser utilizados en la salud o en la educación de nuestros niños. El atraco contra el pueblo colombiano es bien grande.
Desde hace unos tres años el gobierno incrementa los precios de los combustibles mes tras mes. Hoy se le ocurrió incrementarlo nuevamente a costa del paro con el único propósito de crear una opinión pública adversa al movimiento.
Solicitamos de manera urgente a las organizaciones sociales, políticas, religiosas, fortalecer la solidaridad nacional e internacional, exigiéndole al gremio cañero el inicio inmediato de las negociaciones del pliego de peticiones y al gobierno colombiano garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y sus familias.
Las notas deben ser enviadas a:
Álvaro Uribe Vélez. Presidente de Colombia. auribe@presidencia.gov.co
Con copia a:
Diego Palacio. Ministro de Protección Social. dpalacio@minproteccionsocial.gov.co
Luis Fernando Londoño Capurro. Presidente de Asocaña. asocana@asocana.com.co
Sinaltrainal. areainternacional@sinaltrainal.org
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