Uribe mintió en la ONUPor Camilo Raigozo
En el marco de la 63 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el presidente Uribe defendió su gobierno y presentó cifras alegres sobre su política de “seguridad democrática”.
También advirtió que su país se presentará de forma “voluntaria” al examen anual en materia de Derechos Humanos practicado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, prevista para el próximo 10 de diciembre.
“A ese examen se sumará la política de verdad, justicia y reparación a víctimas, que con la memoria histórica debe cicatrizar heridas y ayudar a apagar para siempre las brasas de la violencia”, dijo Uribe con solemnidad.
En el colmo de la desfachatez, Uribe afirmó sin ningún rubor que bajo su mandato el índice de criminalidad en Colombia se ha reducido en un 30 por ciento y presentó como el más importante logro de su gobierno en la protección de los Derechos Humanos, a la Operación Jaque.
Sin embargo, ONG defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras coinciden en que al menos 13.634 personas han sido asesinadas por asuntos políticos en el tiempo que lleva Uribe en el poder. Los crímenes han sido cometidos casi en su totalidad por miembros de la fuerza pública y paramilitares.
El problema para el mandatario colombiano, es que casi de forma simultánea a su perorata ante la ONU, una veintena de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos colombianas, entregaron un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
En ese informe se aclara ante el organismo internacional, que contrario a lo que manifestó Uribe, el paramilitarismo no ha sido acabado y que al menos 9.000 paramilitares siguen asesinando, amenazando, desplazando y sembrando de dolor y luto el territorio nacional.
El documento presentado contradice también al llamado "proceso de paz" con los 'paras', que según el gobierno concluyó con éxito en el 2006 con la desmovilización de 31. 000 criminales que conformaban esos grupos de derecha proclives al régimen.
Las ONG aclaran entre otras cosas en el informe, que sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes y que ninguno ha sido condenado. Lo que convierte a la mal llamada Ley de Justicia y Paz, en la más cínica y aberrante burla a los derechos de las víctimas y sus familiares.
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