IV Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)El Gobierno persiste en burlarse de las víctimas
Así lo afirmó Iván Cepeda director del Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado en entrevista con VOZ
Por Camilo Raigozo
El IV encuentro nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se va a realizar en Bogotá los días 6, 7 y 8 de marzo del presente año. Asistirán al menos 1.500 delegados de todo el país y tendrá el acompañamiento internacional de unas 25 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Al respecto, su director contestó así las inquietudes planteadas:
¿Cuáles son los principales objetivos del IV Encuentro Nacional de Victimas del Terrorismo de Estado?
Nos proponemos hacer un balance de lo que ha sido el trabajo del Movimiento en el tiempo transcurrido desde el tercer encuentro, una especie de balance político. Valoraremos el crecimiento organizativo que ha tenido nuestra coalición y además estimaremos el papel que ha jugado el Movimiento en la lucha contra la impunidad. Pero el espacio fundamental va a estar consagrado a profundizar las estrategias del Movimiento.
El Movice aprobó en el tercer encuentro ocho grandes estrategias de lucha contra la impunidad. Varias de esas estrategias han tenido desarrollos concretos. Por ejemplo se ha instalado oficialmente la Comisión Ética Internacional, que conforman 25 organizaciones encabezadas por la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Esta Comisión ha comenzado ya a hacer pronunciamientos y a realizar visitas en el país.
El Movimiento quiere profundizar en otras estrategias de carácter judicial con relación a los procesos que se están desarrollando actualmente en varios aspectos de la lucha contra la impunidad.
¿En que consiste el Catastro Alternativo?
El Movimiento ha logrado ir adelantando la iniciativa que ha denominado el Catastro Alternativo de Tierras, que consiste en la elaboración de una serie de instrumentos y de procesos tendientes a que las comunidades que han sido desplazadas y a las que se les ha arrebatado la tierra y el territorio, dispongan de una serie de vías para hacer eficaz su exigencia de reparación en materia de tierras.
El Catastro Alternativo ya comenzó con dos grandes experiencias este año en el municipio de San Onofre, Sucre y también va a realizar una experiencia similar en el municipio de San Carlos, Antioquia. En estos dos lugares se van a comenzar a hacer procesos tendientes al diseño, pero sobre todo a la puesta en práctica de estas herramientas concretas del Catastro.
¿Qué actividades ha desarrollado el Movice con las comunidades?
Entre otras actividades, el Movimiento ha acompañado y ha realizado cinco audiencias por la verdad, en varias partes del país. A estas audiencias han asistido más de siete 7.000 personas y han sido los escenarios en los cuales las víctimas han podido entregar a las autoridades judiciales más de 400 casos de crímenes contra la humanidad.
Un resultado concreto de esas audiencias fue en el municipio de San Onofre en Sucre, donde se obtuvo tanto la renuncia, como el encarcelamiento del alcalde de este municipio que está relacionado con los paramilitares que han actuado en esta región y con las autoridades corruptas que han auspiciado desapariciones forzadas.
Otras actividades por las que el Movice ha ganado un reconocimiento político, en el país e internacionalmente, son los avances en las regiones contra los políticos involucrados en la parapolítica y también los procesos por la verdad, la justicia y la reparación de las organizaciones y las comunidades en muchas partes del país donde la acción de las comunidades y de las organizaciones del Movice han logrado hacer visible la situación de impunidad y han logrado avances concretos y eficaces con relación a las víctimas.
¿Cómo va la lucha contra la impunidad de las multinacionales involucradas en crímenes de paramilitares?
Uno de nuestros empeños tiene que ver con la relación entre las multinacionales y los grupos paramilitares.. Hay esfuerzo que se han adelantado en estos dos años, que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, sobre crímenes en los cuales están implicadas las multinacionales.
Igualmente, en Estados Unidos ha comenzado un proceso judicial muy serio contra la multinacional Chiquita Brands e igualmente las organizaciones del Movimiento impulsan procesos contra las multinacionales Coca Cola, Droumond y otras.
Se trata de darle un serio impulso a los procesos que tienen que ver con crímenes cometidos con el apoyo de las multinacionales y buscar no solamente reparaciones indemnizatorias para las víctimas, sino que se puedan esclarecer estos crímenes y llevar a la cárcel a ejecutivos de estas compañías involucradas con la violencia en Colombia.
¿Y la lucha contra la impunidad de otros actores ocultos pero determinantes en los crímenes paramilitares?
Igualmente se trata de desarrollar estrategias más puntuales con relación a otros responsables de crímenes contra la humanidad y genocidio, como son empresarios nacionales, generales de la República y políticos que todavía no han sido llamados por la Corte Suprema de Justicia en lo que se conoce como el proceso de la parapolítica.
El énfasis esencial es ampliar las acciones judiciales que puedan desembocar en la sanción y en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante las últimas décadas por paramilitares y agentes del Estado.
¿El gobierno del presidente Uribe tiene una estrategia para impedir que esto suceda?
La estrategia judicial que el Gobierno va a llamar el Programa de Reparaciones Administrativas, es un decreto mediante el cual se van a decretar reparaciones no judiciales. Son reparaciones que van a ser fundamentalmente de carácter indemnizatorio para algunas víctimas.
Nosotros detectamos que esta propuesta tiene grandes vacíos y problemas muy serios. Uno de estos es que excluye, por ejemplo, a los desplazados, de la reparación, con el pretexto, de que los desplazados serán beneficiados por programas futuros de reparación. El Gobierno quiere eludir esta situación que es la más grave sin lugar a dudas en el orden humanitario ya que tiene que ver con cuatro millones de personas que han sido desplazadas violentamente de sus tierras .
En ese decreto que se prepara no hay ninguna medida sustancial con relación a las tierras y a los territorios usurpados por los paramilitares, tampoco contempla reparaciones para las víctimas de los agentes estatales por que únicamente tiene en cuenta a las víctimas de los llamados grupos ilegales.
El decreto señala que las reparaciones van a ser indemnizatorias y a pesar de que habla de una reparación integral, no existen medidas sustanciales para garantizar el desmonte de los paramilitares ni la garantía de no repetición de los crímenes.
No se prevé ninguna medida seria para reformar las Fuerzas Armadas, para cambiar la doctrina de seguridad que ha auspiciado el paramilitarismo y tampoco se prevén mecanismos serios para hacer que al conflicto armado se le ponga punto final a través de una salida negociada.
¿Hay otras infamias contra las víctimas en el mencionado decreto?
El decreto que prepara el Gobierno intenta hacer que medidas asistenciales y servicios que debe proporcionar el Estado aparezcan como medidas de reparación.. Por ejemplo, otorgar becas en materia educativa, dar subsidios de salud, dar subsidios de vivienda, etcétera. Es decir, obligaciones que tiene el Estado con la población se hacen aparecer como medidas de autentica reparación, lo cual es enmascarar y simular la reparación de las víctimas .
Igualmente el decreto prevé que la carga indemnizatoria salga del presupuesto de la Nación, lo cual significa que los ciudadanos tendrán que a través de impuestos contribuir a que se repare a las víctimas lo cual es inaceptable. Esto busca ahorrarle la carga de la reparación tanto a los jefes paramilitares y sus empresas criminales, como a los grandes empresarios, ganaderos, terratenientes y a las empresas multinacionales que se han beneficiado directamente con estos crímenes contra la humanidad.
Con ese decreto el Gobierno persiste en burlarse de las víctimas al pretender negarles una auténtica reparación integral. El Movimiento presentará las acciones legales tendientes a que este decreto no se convierta en la única posibilidad de reparación para las víctimas.
¿Qué otras comunidades victimizadas se visibilizarán en el encuentro?
Obviamente un capitulo particular especial tiene que ver con el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica . La discusión aquí gira en torno a pensar y diseñar tareas concretas y acciones específicas para visibilizar y hacer que se reconozca la existencia del genocidio contra la UP, no solamente en un plano jurídico como ya se viene adelantando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sino también de casos individuales, de acciones políticas, educativas y culturales que puedan hacer que se cree una memoria con relación a este hecho. Ahí se han dado unos pasos, pero todavía es necesario avanzar mucho más en esta dirección.
Estarán las comunidades indígenas que han sufrido procesos de genocidio. También está la situación particular del movimiento sindical que ha registrado una muy importante cantidad de líderes y miembros que han sido asesinados o desaparecidos.
Estará la población que ha sufrido detenciones ilegales y que están en la cárcel de manera arbitraria, lo mismo que los presos políticos. Igualmente está la situación de las personas que viven el refugio y el exilio político, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sus familiares, las víctimas de la violencia policial y de los Esmad, las víctimas de bombardeos indiscriminados y muchas más personas y comunidades que han padecido la violencia desde el Estado y que aún no están asociadas.
¿Qué información posee de las detenciones arbitrarias y de la situación carcelaria?
El dato que ha entregado la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que es la liga de organizaciones de derechos humanos en Colombia, es que actualmente hay documentados alrededor de 6.000 casos de detenciones arbitrarias en Colombia en los últimos cinco años.
Obviamente la detención arbitraria genera una situación grave para las personas que sufren esta violación de derechos humanos, por que les genera no solamente la privación de la libertad, sino además de eso, la deshonra, el desprestigio que significa verse acusados falsamente por autoridades judiciales; incluso ya hay una acción de tutela que señala que las detenciones arbitrarias han sido en muchas oportunidades causas de desplazamiento forzado.
Así que nosotros queremos que las víctimas de detenciones arbitrarias o también los presos políticos se organicen y puedan visualizar su situación. Además por que la situación que se vive en las cárceles del país es una situación infrahumana.
Hay informes de instancias internacionales que muestran que en Colombia las detenciones y las condiciones que hay en cárceles son realmente condiciones crueles, denigrantes para las personas que están detenidas o encarceladas.
¿Y acerca de la comunidad exiliada perseguida políticamente?
Igualmente está la situación de las personas que viven el refugio y el exilio político. Hay que señalar que hay cientos de líderes sociales, de líderes de la UP, de líderes de movimientos políticos que han tenido que optar por exiliarse fuera del país. Esa es una realidad muy grave.
No tiene las dimensiones del desplazamiento forzado, pero en cambio tiene una dimensión cualitativa muy importante. Las personas que están exiliadas, regularmente son líderes . Para mencionar solamente el caso de la presidenta de la UP, Aída Abella.
A ella le ha tocado después del atentado que sufrió, vivir en el exterior. Así que se trata de un sector muy representativo. cualitativamente muy importante para el movimiento social en Colombia, pero al mismo tiempo, prácticamente invisible o invisibilizado por la impunidad que se ha cernido en el país.
Entonces, el Movimiento quiere discutir, obviamente con las personas que están refugiadas. No se puede hacer sin ellas esta discusión y este debate, como visibilizar, como hacer tangible, la situación de los exiliados.
¿Qué otras victimas van a tener cabida en el Encuentro?
Hay muchas otras poblaciones de víctimas de la violencia estatal que aun no están organizadas. Por ejemplo las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sus familiares, las víctimas de la violencia policial y de este cuerpo que se llama el Esmad, que son también miles de personas en Colombia.
En el territorio nacional también hay víctimas de bombardeos indiscriminados. Digamos que muy impactante que el Ejército Nacional realice frecuentemente bombardeos y que no sea visible el daño que producen esos bombardeos, que repito, a veces tienen un carácter indiscriminado sobre poblaciones enteras en la geografía.
Se habla mucho de las víctimas de las minas antipersonales o de las minas antipersonas, pero muy poco de estas otras víctimas que producen el uso de armas indiscriminadas, que según el Derecho Humanitario, pueden ser calificados como crímenes de guerra bombardear indiscriminadamente poblaciones civiles.
Las mujeres que han sufrido violaciones sexuales. Las personas que han sufrido la tortura, que también es un crimen que se practica con frecuencia en Colombia. Todas esas poblaciones de víctimas, que han sido prácticamente invisibles en Colombia, deseamos que cuenten con nosotros y serán escuchadas en el IV Encuentro.
La imagen mediática está monopolizada con relación al secuestro, con relación a solamente determinadas formas de violencia que se practican, pero todos estos inmensos sectores que han sufrido en carne propia, que han visto a sus familiares perecer en alguna de estas formas de violencia, pues son prácticamente invisibles hasta ahora.
Así que queremos que el encuentro discuta como diseñar procesos organizativos para visibilizar estos sectores también.
¿Cómo va la organización de víctimas de la desaparición forzada?
Igualmente en el encuentro se va a presentar la estrategia del Movimiento relacionada al esclarecimiento y el acompañamiento de las víctimas de la desaparición forzada masiva y concretamente los procesos en los que las personas han terminado en fosas comunes. El Movimiento ha diseñado a través de una reunión nacional que tuvo lugar a finales del año anterior una estrategia particular sobre lo que se relaciona con este proceso de desapariciones forzadas.
¿La estrategia paramilitar del Estado va a continuar vigente como hasta ahora?
Ya el Movice presentó ante el Congreso de la República, un proyecto de ley tendiente a garantizar la prohibición definitiva y el desmonte de las estructuras paramilitares y la ruptura definitiva de todo nexo entre estos y agentes del Estado. El proyecto tuvo que ser retirado pero se va a volver a presentar en la próxima legislatura.
Al mismo tiempo, al lado de este proyecto de no repetición de los crímenes, el Movimiento va seguir diseñando y profundizando en otras estrategias posibles de no repetición para conformar un conjunto de propuestas que hagan parte de lo que llamamos la reparación política, es decir, reparaciones colectivas que no se refieren ya a la indemnización o reparación económica, sino que tienen que ver esencialmente con reparar políticamente a los grupos, es decir que estos obtengan poder político a través de la reparación.
¿Qué otros fines va a tener el IV Encuentro?
El encuentro va a ser esencialmente propositivo. Al mismo tiempo de hacer un diagnóstico de la situación general de las víctimas y de los derechos humanos en Colombia, más que volver sobre las denuncias que ya se han hecho y se conocen, el encuentro intenta lanzar nuevas propuestas , profundizar la lucha por la verdad y la justicia por parte de las víctimas de los crímenes de Estado.
¿Y en cuanto al acuerdo humanitario?
Obviamente en el encuentro estarán voces distintas a las propias víctimas de los crímenes de Estado. Hay invitaciones que se harán a las personas que luchan por el acuerdo humanitario y seguramente tendremos la presencia, como invitados, de personas que tienen familiares en poder de la guerrilla.
Desde luego que el Encuentro va a respaldar la lucha por el acuerdo humanitario y por la solución política del conflicto social armado. Igualmente va a saludar todos los esfuerzos que se hacen dentro y fuera del país en esta dirección de lograr el acuerdo humanitario en Colombia.
¿Hay acompañamiento internacional?
En el Encuentro estarán presentes delegaciones internacionales. Seguramente los miembros de la Comisión Ética Internacional, algunos de ellos honrarán al Encuentro con su presencia. Seguramente saldrán después a las regiones a visitar las comunidades con las que trabajan con el Movimiento. Igualmente como acto inaugural, el Encuentro comenzará con una manifestación pública contra los grupos paramilitares , contra la para-política, contra la violencia de los agentes del Estado.
¿Y por la llamada sociedad civil?
Se ha invitado al Gobierno Nacional, a autoridades locales, gobernadores, alcaldes, al señor alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, a los empresarios, concretamente a los gremios empresariales, a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, a los directores de los grandes medios de comunicación, prensa, radio, televisión y también a otros sectores de opinión.
Consideramos que en el país no puede haber únicamente marchas y expresiones públicas rechazando el secuestro. Tiene que haber también expresiones que por supuesto llamen la atención y que rechacen de manera vertical las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, es decir la amplia gama de formas de violencia que ha empleado el Estado colombiano, sus agente y también los grupos paramilitares que han crecido al amparo de las leyes y del apoyo de la Fuerza Pública en Colombia.
¿Que opinión le merece la Gira de Uribe por Europa y el supuesto respaldo que recibió de esos gobiernos?
El Gobierno ha querido presentar eso como un éxito diplomático cuando en realidad no ha obtenido en resumidas cuentas, digamos algo más de lo que ya se sabía y se tenía. Que la UE mantiene a las Farc y al Eln, en las listas de grupos terroristas no es ninguna noticia nueva.
En cambio, el presidente encontró en Francia, en Suiza, el interés de la comunidad internacional porque se mantengan las gestiones de la comunidad internacional para buscar el acuerdo humanitario y continuar por la vía de la liberación de los secuestrados. Yo creo que en Europa y en Estados Unidos existe una conciencia real de lo que pasa en Colombia .
Creo que es muy ingenua la visión que intenta presentar el Gobierno sobre el hecho de que las organizaciones de derechos humanos o la oposición son las que han creado una imagen negativa del país. Lo que pasa es que visto en la distancia, lo que sucede en Colombia tiene características realmente alarmantes.
Un país que tiene cuatro millones de desplazados, un conflicto que va ya para las cinco décadas, en medio de un escalamiento de las formas más crueles de confrontación, obviamente no puede merecer de la comunidad internacional sino preocupación, alarma y rechazo. Esas expresiones están sucediendo no solo en Europa, sino en los propios Estados Unidos.
Así que creo que es muy difícil sí se ve con una mirada serena y objetiva los hechos, pensar que el Gobierno ha logrado un golpe diplomático con esta gira. En realidad los factores estructurales de la violencia en Colombia siguen ahí y creo que siguen siendo observados por la comunidad internacional.
¿Cómo ve el futuro del acuerdo humanitario con la ayuda de Venezuela u otros gobiernos?
En realidad ese esfuerzo no ha terminado. Lo que ha informado el director de Voz, Carlos lozano, precisamente es que ese esfuerzo continúa y que es posible que se siga avanzando en ese terreno. Lo que a mi me parece evidente es que a través de esa vía se han producido por primera vez en muchos años resultados concretos.
Aquí no hay promesas, no hay digamos planes, proyectos.; aquí lo que ha a habido es la liberación de un primer grupo de personas y eventualmente pueden producirse nuevas liberaciones .
Así que consideramos que esa es una vía que ha mostrado eficacia y que debe seguirse explorando, como también la de otros posibles acompañamientos internacionales al proceso que hay en Colombia. Lo que es evidente también es que la situación del conflicto armado en Colombia se ha ido internacionalizando.
El conocimiento que tienen los países latinoamericanos, sus opiniones públicas e igualmente las opiniones públicas en Europa y en Estados Unidos, muestra que hay un creciente interés por el conflicto en Colombia y sobre todo por buscar una solución negociada a ese conflicto.
¿Que opinión le merece la convocatoria para la marcha del 4 de febrero?
Más allá de ese hecho puntual, a mi modo de ver a lo que hay que prestar atención es al tipo de concepción que se quiere hacer surgir en el país.
Se quiere traer a Colombia un modelo que se ha desarrollado en España que es el de un Acuerdo Nacional Contra el Terrorismo del cual la marcha del 4 de febrero es una parte importante, pero no es digamos, toda la estrategia.
En España, como se sabe ante los actos que perpetró la ETA, se realizaron grandes marchas y culminó con un acuerdo de todos los partidos contra esa forma de terrorismo, pero ese acuerdo significó ignorar otras formas violencia que se han dado en ese país.
Ese acuerdo dejó por fuera la memoria de los crímenes cometidos por el franquismo, por ejemplo, o también la experiencia de la violencia de los grupos GAL , que fueron expresiones paramilitares que se desarrollaron en España en el periodo llamado de la transición.
Los GAL son grupos que se integraron desde las fuerzas militares, para practicar torturas, detenciones clandestinas e incluso asesinatos en España.
Ese acuerdo Nacional significó la ilegalización de un partido político Herry Batasuna y también la ilegalización de medios de comunicación, entre otras tropelías.
¿Cual es la intención de copiar ese modelo?
Yo creo que detrás de quienes lo impulsan hay la intención de generar en la opinión nacional e internacional la idea de que hay un acuerdo nacional contra el terrorismo desde una visión supremamente unilateral.
Como sí el terrorismo en Colombia se redujera simple y llanamente a determinadas acciones que cometen las guerrillas olvidando las prácticas de terror que históricamente han desarrollado las fuerzas militares y su estrategia, los grupos paramilitares.
Entonces la idea de este Acuerdo Nacional contra el terrorismo o contra el secuestro, como lo han promovido los editoriales en los grandes periódicos, es la idea de generar un consenso que uniformice la opinión pública entorno a una concepción de la realidad y de la historia.
Es decir, generar el olvido, ignorar todas las otras formas de violencia oficial que se han desarrollado en Colombia y generar la sensación de que en el país solamente hay una forma de terrorismo y que las demás son “errores” , episodios lamentables, pero a veces necesarios de lo que ha sido el conflicto armado.
Reacciones auto defensivas de los ganaderos etcétera. Ahora, el peligro de generar ese consenso tan unilateral y unidimensional puede ser que a renglón seguido se considere que quienes no están en ese acuerdo son amigos de los terroristas o también incluso son terroristas y proceder a generar medidas excepcionales para ilegalizar partidos políticos, medios de comunicación, generar la posibilidad de que cualquier persona u organización que disienta de esa visión tan absolutamente sesgada de la realidad termine por fuera del espacio público y político.
Eso es lo que nosotros tememos que se intenta hacer a través de la manifestación del 4 de febrero.
Es necesario reconocer que en Colombia hay una indignación por las acciones que ha cometido la guerrilla y por la situación en la que están las personas secuestradas. Pero también es necesario señalar que los medios de comunicación, especialmente la gran televisión y algunos medios impresos están ambientando esta visión, repito, unidimensional de la realidad.
¿Cuál es su visión sobre las agresiones a Piedad Córdoba?
Precisamente es expresión de lo que venía hablando de la construcción de una opinión pública unidimensional en relación a una sola forma de terrorismo existente supuestamente en Colombia. Son expresiones de intolerancia la que hemos visto en estos días contra la senadora Piedad Córdoba.
Una persona que ha consagrado esfuerzos importantes al acuerdo humanitario y a la paz en nuestra patria y que sea agredida, mancillada de esta forma, muestra ya altos niveles de polarización y odio a quienes disientes del Gobierno.
Ese es un hecho que debe suscitar precisamente la preocupación en relación a las formas de intolerancia que puede desatar precisamente esas formas de fanatismo nacionalista que es lo que se está implementando en Colombia de forma planificada.
Y es más grave aun que el ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, presente esta situación como un hecho en el que es la propia senadora la que es responsable de esa agresión.
Yo creo precisamente que con hechos como ese, comienza a ambientarse en Colombia la posibilidad de que los opositores vayan quedando por fuera de la legalidad , que vayan siendo agredidos por sus conciudadanos con la anuencia del gobierno y sus ministros.
Pero es aún más peligroso, cuando es el propio gobierno quién incita a la violencia ciudadana contra personas que son consideradas de una u otra forma enemigos públicos. El ministro del interior tiende en sus intervenciones públicas incitar a la violencia contra sus opositores.
En Madrid, España, por ejemplo, en medio del debate que tuvimos con relación a la Ley de Justicia y Paz, sin ninguna clase de rubor delante representantes muy distinguidos de la comunidad internacional, el ministro tildó a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que estábamos presentes allí, de ser guerrilleros vestidos de civil, que estábamos señalando que las ejecuciones extrajudiciales cometidas, eran un hecho cierto, cuando lo que el Gobierno ha dicho es que esto es parte de una nueva estrategia de las guerrillas para intentar que cada una de las bajas que se les hacen en combates sean presentadas como crímenes de Estado.
Entonces no es algo nuevo en este ministro quién tiene además un pasado bastante dudoso . Hay que recordar que el actual ministro del Interior ha defendido a personajes como la ex congresista Muriel Benito Rebollo, quién ha confesado sus nexos con paramilitares.
Holguín tuvo en el seno de su partido a varios de los parapolíticos que están siendo juzgados actualmente por la Corte Suprema de Justicia.
También ha sido acusado de haber tenido nexos con el narcotráfico . Así que de un personaje como este, cabe esperar esos ataques que son realmente muy peligrosos.
Hay que recordar en este caso lo que ocurrió ya en otro momento, cuando otro ministro de gobierno, Carlos Lemos Simons, acusó al presidente de la UP, Bernardo Jaramillo, des ser testaferro de la guerrilla y a los pocos días fue asesinado por grupos paramilitares.
La incitación a la violencia cuando viene de autoridades encumbradas del Estado en medio de un conflicto armado, pues realmente tiene la connotación se de ser unas incitaciones que pueden terminar en hechos muy lamentables.
¿Cómo ve la Ley de Justicia y Paz?
Esta ley ha sido un desarrollo de muchos procesos. Hay que recordar que una ley fue la que aprobó el congreso, otra la que quedó modificada después de la sentencia de la Corte y además de otras modificaciones que ha sufrido a través de una serie de decretos con las que el Gobierno ha intentado hacer retroceder la sentencia C-370 de la Corte Constitucional.
En resumidas cuentas, la Ley se ha restringido a 55 jefes paramilitares que están detenidos, efectivamente encarcelados . De los otros 2.900 que están acogidos a esta ley no tenemos hasta ahora una información clara y realmente hasta hoy lo que tenemos son algunas declaraciones que pueden arrojar luz sobre una cierta cantidad de hechos, pero que todavía son informes y declaraciones insuficientes con relación al gigantesco universo de acciones violentas y de crímenes que han perpetrado paramilitares en conjunción con el Estado.
Nosotros hemos señalado varios problemas además de estos de la reparación administrativa que ya mencioné. Uno de ellos tiene que ver con el método de investigación que está aplicando la Fiscalía.
No vale simplemente contentarse con que un jefe paramilitar confiese una cierta cantidad de hechos . Es necesario entender cual ha sido la lógica de esos crímenes . Por lo tanto hemos insistido en que la Fiscalía haga investigaciones con programas metodológicos que reúnan esos hechos en la tipificación de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Hay que entender como todos esos hechos de los que se está hablando hacen parte de crímenes que han tenido un carácter sistemático y como su responsabilidad no se agota y no se detiene en la confesión de un jefe paramilitar, sino que vincula a otros sectores muy importantes del país como empresarios, ganaderos, terratenientes, políticos, que han sido en buena parte de los casos los autores intelectuales de esos crímenes.
De la Ley de Justicia y Paz quedan por fuera esas responsabilidades. En este momento insistimos mucho en entender cual es realmente la dinámica de esas responsabilidades y como la investigación puede avanzar hacia el esclarecimiento de esa responsabilidad.
En la Ley de Justicia y Paz no se ha avanzado de ninguna forma significativa en la desestructuración de los grupos paramilitares en cuanto a su poder económico. Con relación a la riqueza que los ‘paras’ y sus socios lograron acumular, que no se trata de fortunas personales, ni que cada uno de estos jefes tenga una riqueza individual, sino de la estructuración de verdaderas empresas criminales.
Los paramilitares y su entorno social y político han construido redes empresariales que hoy actúan de manera lícita en el país. Esas empresas y esos capitales que se han nutrido además del narcotráfico y que controlan tierras como es en el caso, por ejemplo, de la siembra industrial de palma de aceite , esas empresas deberían ser objeto de una acción judicial que las incaute y las ponga al servicio de las víctimas.
Pero eso la Ley de Justicia y Paz no tiene ni los instrumentos, ni el espíritu para realizarlo. Así que encontramos que allí hay una muy grave falencia que tiene este sistema de justicia.
Igualmente, la Ley y todo este proceso se ha mostrado ineficaz para desmantelar efectivamente a los grupos paramilitares. Existen hoy y lo ratifican múltiples informes, una cantidad considerable de grupos paramilitares que siguen actuando con la misma modalidad con la que lo hacían las Auc, con otros nombres, pero actuando en red nacional, produciendo acciones simultáneas en todo el país, con el amparo en muchas ocasiones de la Fuerza Pública que hace presencia en esos sitios de una manera muy clara y nutrida como es el caso del departamento del Putumayo, Nariño y otros. Entoces, la Ley no garantiza, como lo hemos señalado el mecanismo de no repetición.
Aquí el factor dinámico ha sido el comienzo de este proceso de investigación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, llamado el proceso de la parapolítica . Ese proceso que ha sido muy significativo , no ha sido impulsado por el Gobierno como lo quiere hacer ver el Presidente de la República, el Comisionado de Paz y otras figuras públicas.
Ha sido un proceso autónomo que ha surgido de la conciencia jurídica honesta de los magistrados de la Corte y de sectores de la sociedad que han presionado para que se detenga el creciente ascenso de la maquinaria de los políticos que se han aliado con los paramilitares.
Ese proceso es el que ha logrado hacer que avance también de una manera eficaz ciertos aspectos del esclarecimiento de lo que ha ocurrido en el país. Igualmente los esfuerzos que han hechos las víctimas en múltiples planos, el proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el procesos ante la Corte Constitucional, las audiencias ciudadanas por la verdad.
Todo eso hace parte de lo que ha sido los instrumentos que se han utilizado durante estos años. No es pertinente reducir los avances a lo que se logre o no se logre en el campo de la Ley de Justcia y Paz , sino hay que ver todo este conjunto de procesos que han ido avanzando, no por la voluntad del gobierno, porque la postura de este es que no se debe avanzar excesivamente en la verdad , que hay que darle estatus político a los paramilitares , que hay que limitar al máximo los instrumentos de justicia, que es necesario absolver a los testaferros de los paramilitares etcétera.
Han sido los esfuerzos de la sociedad, de las víctimas, de los abogados, de organizaciones de derechos humanos, de los periodistas, de los parlamentarios de oposición, de los magistrados honestos los que hacen que se pueda comenzar ha hablar de ciertos avances.
¿Que opina de las agresiones de Uribe al presidente de la Corte Suprema de Justicia?
Este es un hecho muy grave que revela el carácter autoritario que tiene Uribe y además de eso la forma en que asume las investigaciones que está realizando el poder judicial.
Es claro que estos ataques se presentan cuando comienza a desarrollarse un proceso judicial importante, con relación a una persona muy cercana, que es el primo del Presidente, señor Mario Uribe.
Evidentemente, lo que vemos es que se intenta coartar la justicia, generar cortinas de humo que desvíen la atención de la opinión pública con relación a estas investigaciones que implican ya de manera directa al Presidente.
La carrera política del ex senador Mario Uribe , ha estado orgánicamente unida a la del Presidente de la República y hay que recordar que hay testimonios , no uno solo, sino varios testimonios que implican muy seriamente al ex senador Uribe con los grupos paramilitares y con los crímenes perpetrados por estos y además de eso, con el robo de tierras en los departamentos de Córdoba y Antioquia.
Esta investigación que es fundamental para entender como han sido las alianzas estratégicas entre la clase política gobernante y los paramilitares, pues obviamente despierta en el Presidente malestar, que se ve inmediatamente canalizado a través de sus ataques personales contra el presidente de la corte Suprema.
Hay que señalar que el Movimiento de Víctimas ha manifestado su respaldo públicamente a los magistrados de la Corte y en este caso particular al presidente de la Corte Suprema de Justicia a quién consideramos un funcionario honesto qua ha desempeñado con idoneidad y honestidad su trabajo como juez de la República.
¿Como ve la crisis colombo venezolana orquestada por las oligarquías de los dos países y el gobierno de los EU?
Considero claro que los dos países tienen un pasado, un presente y un futuro que los hace patrias hermanas. Creo que es necesario buscar salidas a la crisis que viven actualmente las relaciones diplomáticas.
Se debe señalar, que hay sectores interesados en incentivar los odios entre ambos pueblos y en generar incluso la posibilidad de conflictos muy serios entre ambos países.
La integración de América Latina es una necesidad y es una vocación y creo que en eso, la idea de concertar políticas, instituciones, generar posibilidades de intercambio cada vez más intenso entre los países andinos y sudamericanos es estratégico a nuestros propósitos como sociedades.
¿Ve la aprobación del TLC en un corto plazo?
El TLC no creo que se abra paso en medio del proceso electoral por el que atraviesa los Estados Unidos. Además hay signos de recesión económica en el país del norte, lo cual también puede influenciar seriamente.
El Gobierno está derrochando grandes cantidades de dinero trayendo congresistas a Colombia, haciendo un lobby intenso con ellos, pero también hay una opinión fuerte que tiende a negar la posibilidad del Tratado, debido a las persistentes muertes de sindicalistas y la continua violación a los derechos humanos en Colombia.
¿Finalmente, como está su seguridad?
Han habido varios hechos, amenazas, hostigamientos en el año anterior, y además un intento de judicializarme por una supuesta calumnia e injuria contra uno de los parlamentarios acusados por los habitantes de Sucre de tener vínculos con los paramilitares.
El representante José María Conde, instauró en mi contra una denuncia por injuria y calumnia que estaba desarrollando su parte investigativa en el departamento de Sucre.
Nosotros pedimos a la Fiscalía el traslado de es e caso a Bogotá y solamente cuando se produjo un pronunciamiento de 28 congresistas de Estados Unidos, se logró que el caso fuera transferido a la capital, donde creemos que hay mayores posibilidades de garantías del debido proceso.
Gracias a esta observación internacional se ha logrado de alguna manera limitar esa acción que se venía intentando desarrollar contra mi persona.
