sábado, marzo 28, 2015

Foto: Crónicas del Quindío
Terrorismo de Estado
El Ejército tuvo que pedir perdón por el asesinato a sangre fría de un campesino en Génova, Quindío
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 27 de marzo en el municipio de Génova, Quindío, cabecillas del Ejército tuvieron que pedir perdón a la familia del campesino Bernardo de Jesús Cano Rivera y a las comunidades de la región por el asesinato a sangre fría del labriego.

La orden fue dada por el Consejo de Estado luego de que se comprobara que esta desprestigiada institución fue la responsable del asesinato.

El crimen fue perpetrado por terroristas pertenecientes al Batallón de Ingenieros 8 Francisco Javier Cisneros, adscrito a la Octava Brigada del Ejército, el 20 de junio de 1997 en zona rural de la localidad mencionada.

Los bandidos del régimen llagaron hasta la finca La Sonora, ubicada en la vereda La Granja y sacaron por la fuerza a Bernardo de Jesús Cano Rivera, de 21 años de edad, padre de dos hijos y lo secuestraron. Posteriormente lo asesinaron y lo presentaron como “guerrillero de las FARC dado de baja en combates”.

Bernardo de Jesús Cano
Rivera, asesinado por el
Ejército. Foto: Crónicas
del Quindío
El alto tribunal destacó que luego de cegarle la vida al labriego los bandidos procedieron a modificar la escena del crimen, a adulterar la vestimenta de la víctima y a planificar la perversa estrategia para cobijarse con el manto de la impunidad que duró más de 18 años.

Acatando la sentencia del Consejo de Estado, este 27 de marzo se realizó en la plaza principal de Génova,  una ceremonia en la que el actual comandante del batallón implicado en el crimen, teniente coronel Édgar Urbina Carrillo, reconoció ante los familiares de Cano Rivera y las comunidades el asesinato del campesino por parte de sus tropas.

Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el ministra de Defensa Juan Carlos Pinzón, el presidente Juan Manuel Santos, el uribismo,  parlamentarios inescrupulosos y altos mandos militares, que tiene como objetivo garantizar impunidad a los crímenes de militares y policías especialmente de alto rango.



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