Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria,
Campesina y Popular
Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y
Popular donde nos movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país,
hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular.
Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de
diversos sectores populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la
reciente movilización y para contribuir a la definición de las rutas de
encuentro para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.
El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para
el movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos,
indígenas y afros.
El Paro representa la movilización más importante y
contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por
primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle
a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra
dignidad y nuestros derechos.
Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22)
departamentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por
las políticas de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más
humildes.
A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie
de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que
recogen nuestros planteamientos.
Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del
gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el
excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados.
Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno
respondió con la detención de nuestros líderes, con la militarización de los
campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta
social.
La represión gubernamental deja un saldo desolador, que
incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de
violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país,
262 detenciones arbitrarias,-
485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de
fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes
sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en
diferentes departamentos del país.
El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la
crisis del campo y del país en general generada por políticas que han
empobrecido en especial a la población rural.
Los gobiernos de turno han impulsado un modelo económico
diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales,
desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro.
Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado
la importación de productos subsidiados que han quebrado a los pequeños
productores colombianos.
Se ha puesto en marcha una política de impulso a la gran
minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado a los
pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado
nuestros territorios.
Como si fuera poco, el gobierno persigue a los
cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción, amenazando
gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los
grandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.
Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo
en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los
territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y
territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes
latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.
También planteamos la derogatoria de las leyes que han
incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el
desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras
falsos auspiciados por notarios espurios.
En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis
agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones
frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de
las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales
que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración
justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.
En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que
recogen nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para los
pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de
la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina.
Lo anterior solo se lograra con la adjudicación y
dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos.
La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de
buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los
campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.
También exigimos que se declaren nulas las compras
masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la
ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y Detener
la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo
caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para
la producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los
productores, así como precios accesibles para los consumidores.
Exigimos la reducción de los precios de los combustibles,
de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos
agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran
minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de
proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación
de la política agraria.
También se plantean condiciones para la discusión pública
de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política
petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las
grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución autónoma y
concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las
fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que
no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no
debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la
política del Estado.
Luchamos por el reconocimiento político del campesinado.
Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el
ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social
en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho
para el campesinado colombiano.
Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y
hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular,
rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos.
Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del
Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma
agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e
inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para
apropiarse de su trabajo y de su sudor.
Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de
Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de
contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y
desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la
política agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros
pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus
habitantes más humildes.
Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde
los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los
afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan
espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y
decidir sobre su futuro.
Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros
problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este momento
histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre
agraria y popular teniendo en cuenta que la movilización no es algo que haya
terminado, es un proceso que está en curso, como determinante del ejercicio de
soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción
colectiva, que contribuya a la unidad en la acción de las diversas
organizaciones que confluimos en este espacio
Por lo tanto, buscamos construir el proceso de
resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de
lucha, anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para
traducirlos en una propuesta alternativa.
Así también buscamos elaborar a partir de políticas
democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases
de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que recojan
los deseos,-
sueños y anhelos de paz con justicia social de las
colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo,
municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso
organizativo.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos
y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones
agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana,-
a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a
realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva
de los diversos sectores populares y sociales, que permitan construir las
propuestas, soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que
vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social. Foto tomda de Internet.
