Pereira
Casi muertos sacaron a las 3 personas que se enterraron
vivas para de protestar por su derecho a vivienda digna
Por: Oficina de prensa de Hernando Hernández,
Representante a la Cámara
”Es absurdo que el
gobierno nacional pretenda resolver todos los problemas por la vía de la fuerza
o con mesas de interlocución sin capacidad de decisión. La garantía del derecho
constitucional a la vivienda hoy es una prioridad en Pereira y otras ciudades
del país.
“Las medidas extremas de protesta adoptadas por la gente
de bajos recursos, así como los campesinos en Catatumbo y los mineros en
Marmato, Antioquia solo por mencionar algunos lugares,-
evidencian una vez más el abanado estatal en el que se
encuentra gran parte de la población colombiana y el poco interés que el
gobierno le está prestando al tema de inversión social", dijo Hernando
Hernández Tapasco.
Después de casi
dos días que pasaron enterrados la señora Luz Marina García, Jhon Fredy Silva y
Rubelio Silva, quienes adoptaron este acto como medida extrema de protesta para
evitar el desalojo de sus familias y otras 40 que se enfrentan a la misma
situación, el día de ayer fueron sacados del sitio, en el cual se encontraban
sepultados hasta el cuello, en condiciones críticas de salud.
Tras casi 48
horas de ser ignorados, hoy se encuentran en un centro hospitalario de la
ciudad sin que el alcalde se haya pronunciado sobre el tema ni se hayan tomado
medidas para encontrar soluciones por parte de ninguna instancia estatal.
La políticas
institucionales orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna,
consagrado en la constitución, son un sofisma de distracción que no responde de
manera efectiva al grave problema para la gente de bajos recursos que los
convierte en víctimas de la política de desalojos que actualmente opera en el
departamento y el país.
Las condiciones
de abandono en las que están obligan cada día a la gente a tomar medidas
desesperadas, lo cual se agrava al no obtener respuestas efectivas y de fondo
por parte del gobierno nacional.
Los enterrados habían solicitado desde tiempo atrás
posibilidades de reubicación y garantías suficientes para su traslado, así como
la presencia del alcalde para obtener soluciones acordes a la situación.
Esta negligencia de la administración casi les cuesta la
vida y hoy los tiene en un grave estado de salud en un hospital de Pereira, con
agravantes como el hecho de haber tenido que los pacientes, tuvieron que ser
trasladados en carros particulares hacia
centros hospitalarios para recibir atención médica tras esperar las ambulancias
que no acudieron de manera perentoria.
Esta situación demuestra la desidia del alcalde y la
falta de medidas que permitan afrontar la crisis de vivienda de una manera
eficaz, esperamos que las instituciones del Estado tomen cartas en el asunto y
tanto la Carder en calidad de reclamante de los predios,-
la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Risaralda, el Ministerio de Vivienda, y la Defensoría del Pueblo entre otros, se pronuncien y resuelvan la crisis humanitaria de estas familias que como muchas otras en el país se encuentran en la calle.
