Propuestas de
las Víctimas a la mesa por la Paz
El 6 de marzo es
el día de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. En
esta ocasión, quienes integramos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado (Movice), junto con otras organizaciones sociales y de víctimas,
presentamos al país un documento con nuestras exigencias, de cara a los
diálogos de paz
Para las
víctimas, el actual proceso de paz que se realiza en La Habana es una
oportunidad histórica para la sociedad colombiana, por lo tanto, rechazamos
toda manipulación mediática o política que intente arrebatarle al país la
posibilidad de dar por terminado el conflicto político, social y armado.
De nuestras
propuestas, destacamos:
1. Las partes
del conflicto armado en Colombia deben asumir su responsabilidad por estos
crímenes. En particular, el gobierno colombiano debe reconocer la existencia de
una política de Estado que ha propiciado las violaciones a los derechos
humanos, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra.
El presidente de
la República debe pedir perdón públicamente por estos hechos y se debe adoptar
una ley que prohíba y sancione las actividades que nieguen la existencia de los
crímenes de Estado en Colombia.
2. Las víctimas
tenemos derecho a participar y a decidir sobre nuestros derechos a la verdad, a
la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
Rechazamos que
dos actores del conflicto, a puerta cerrada, tomen decisiones por nosotros y
definan el futuro de nuestra lucha sin contar con nosotros y nosotras. Por tal
motivo, se debe garantizar la participación deliberante y decisoria de nuestros
propios representantes.
3. Debe crearse
una Comisión de la Verdad que investigue los hechos, recoja toda la información
posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las
reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros derechos.
Ante esta
comisión, el Estado y los grupos armados de oposición, partes en un acuerdo de
paz, deben hacer un reconocimiento público de los hechos de su responsabilidad
y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana.
4. Regreso de
todos los desaparecidos a sus hogares, identificación de todos los ‘NN’,
entrega de los restos de quienes hayan sido asesinados y revelación de todas
las sepulturas clandestinas que existan en el país.
5. El Estado
deberá asegurar medidas de reparación colectiva con relación al genocidio
político o las persecuciones políticas contra los miembros de la oposición,
entre ellas la restitución de las personerías jurídicas a los partidos o
movimientos políticos de oposición víctimas de este genocidio, como la Unión
Patriótica, así como de las curules y cargos de elección popular perdidos por
estos crímenes.
6. Es necesario
reducir el tamaño de las Fuerzas Militares y de su presupuesto para el estricto
cumplimiento de sus funciones constitucionales de “defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional”,-
desmilitarizando
la vida social y eliminando políticas que vinculen a los civiles a actividades
castrenses, como el servicio militar obligatorio, los soldados campesinos o las
redes de informantes. Además, se debe separar la Policía Nacional del
Ministerio de Defensa y convertirla en un cuerpo civil.
7. Las tres
ramas del Poder Público deben ser depuradas. Los funcionarios involucrados, por
acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa
humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y actividades
paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos delitos deben ser
retirados de las instituciones públicas.
8.
Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados
del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las
violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra, para que contribuyan a la construcción de la memoria del
conflicto en Colombia y sirvan de insumo a los procesos judiciales.
De la misma
manera, deben derogarse todos los manuales, instrucciones, directivas y
documentos de otra índole de las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad
que califican a los movimientos sociales y los partidos políticos de oposición
como ’enemigo interno’ o con otras categorías similares, que promuevan
actividades ilegales de inteligencia o fomenten la creación de grupos paramilitares,
así como toda política de recompensas que fomente las ejecuciones
extrajudiciales.
9. Las víctimas
tenemos derecho a que se realice una revisión de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras por parte de nuestras organizaciones para formular una
política justa en materia de verdad, justicia,-
reparación
integral y garantías de no repetición, que contemple la reparación de todas las
víctimas y elimine las restricciones para que los despojados ejerzan su derecho
a disponer de su tierra a voluntad, como los contratos de uso y de transacción,
o el derecho de superficie.
Se deben
prohibir las concesiones a agentes externos a las comunidades restituidas para
la explotación de recursos minero energéticos.
10. Para
asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos los responsables de
los crímenes de Estado, reapertura de todas las investigaciones penales
archivadas o declaradas prescritas por los mismos,-
anulación de
todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de justicia y
eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la justicia ordinaria
se encargue de estos delitos.
11. Desmonte
inmediato de la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación
que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el
territorio nacional, y proscripción constitucional de estas prácticas.
