Diálogos de pazPor: Camilo Raigozo
El Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y otras organizaciones
sociales y de víctimas, presentaron este 6 de marzo 11 propuestas que exigen al
Gobierno de Santos y a las FARC EP tener en cuenta en la Mesa de Diálogos de La
Habana.
Las víctimas
rechazaron la manipulación mediática y política con fines electorales sobre el
actual proceso de paz que se realiza en La Habana, con la intención de quitarle
al país la posibilidad terminar el conflicto político, social y armado.
En un documento entregado a la ONU, el Movice expresó que los
actuales diálogos de paz son "una oportunidad histórica para la sociedad
colombiana" porque puede permitir reconocer a todas las víctimas que ha
dejado el largo conflicto armado.
Entre los 11
puntos las víctimas destacan que las partes del conflicto armado deben
asumir su responsabilidad por los crímenes. El gobierno “debe reconocer la
existencia de una política de Estado que ha propiciado las violaciones a los
derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de
guerra”.
También exigieron que el Presidente le pida perdón
públicamente al país por estos hechos y que
adopte una ley que prohíba y sancione la negación de la existencia de los
crímenes de Estado, como ha ocurrido en el caso del Palacio de Justicia y la
masacre de Santo Domingo, entre otros.
Ante la estrategia perversa del régimen de reconocer solo
las supuestas víctimas de la insurgencia y negarse a reconocer las suyas, las
cuales suman más del 70 por ciento del total de víctimas del conflicto, el
Movice plantea que debe crearse una Comisión de la Verdad que investigue los
hechos.
Del mismo modo exigen que se debe reducir el tamaño de
las Fuerzas Militares y de su presupuesto para que cumpla únicamente la función
constitucional que es la “defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.
Se debe acabar con la militarización de la vida civil
como el reclutamiento forzado, soldados campesinos y las redes de informantes,
entre otras acciones belicistas.
Otro punto importante que exigen las víctimas es la
desclasificación, organización y preservación de los archivos de inteligencia
relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que contribuyan a la
construcción de la memoria del conflicto en Colombia y sirvan de insumo a los
procesos judiciales.
“De la misma manera, deben derogarse todos los manuales,
instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las Fuerzas Militares
y otros cuerpos de seguridad que califican a los movimientos sociales y los
partidos políticos de oposición como ’enemigo interno’”, menciona el documento.
Sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras exigen
que esta se revise para que las víctimas puedan formular una política justa en materia
de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Igualmente piden que todas las víctimas sean reparadas y se
elimine las restricciones para que los despojados ejerzan el derecho a disponer
de su tierra a voluntad. Para ello piden abolir los contratos de uso y de
transacción, o el derecho de superficie.
“Para asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción
a todos los responsables de los crímenes de Estado, reapertura de todas las
investigaciones penales archivadas o declaradas prescritas por los mismos,
anulación de todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de
justicia y eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la
justicia ordinaria se encargue de estos delitos”, asevera una de las peticiones.
Las víctimas exigen finalmente que el régimen desmonte
inmediatamente la estrategia paramilitar, cualesquiera que sean los nombres y
calificativos que las autoridades le den a esos grupos. Exigen una proscripción
constitucional de estas diabólicas estrategias.
