Parauribismo/Por: Camilo Raigozo. Con información de Credhos
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos
Humanos, Credhos, denunció que paramilitares autodenominados “Rastrojos”,
“Botalones”, “Urabeños”, “Gaitanistas”, “Águilas Negras”, entre otras
denominaciones, quienes nunca se desmovilizaron, siguen su orgía de sangre en Barrancabermeja
y el Magdalena Medio.
Estos grupos de exterminio del régimen son los autores de
desaparición forzada, secuestro, tortura y asesinatos selectivos y
sistemáticos, contra la población, especialmente contra los jóvenes y moto
taxistas de Barrancabermeja y la región.
Crímenes que producen indignación y frustración por parte
de los familiares de las víctimas y de la sociedad en general, si se tiene en
cuenta que toda vez que se conoce de la desaparición de una persona, sus
familias acuden a las instituciones como la Fiscalía y la Policía para poner en
conocimiento la situación y,-
en principio, no reciben apoyo de nadie porque
según versiones de los afectados, las autoridades responsables les dicen que
deben esperar 72 horas o que no tienen garantías para llegar a un sitio o en el
mejor de los casos, que no tienen los medios ni el personal para iniciar las
búsquedas de inmediato, desconociendo los mecanismos y disposiciones de la Ley
589 de 2000 y 986 de 2005.
Con la captura del paramilitar de
“Los Rastrojos”, que operan en el sitio conocido como Tenerife, jurisdicción
del Corregimiento El Centro, Luis Gregorio Ramírez Maestre, de 32 años de edad,
luego de aceptar cargos por el homicidio del joven Jhon Jairo Amador de la
Rosa, desaparecido, torturado y posteriormente asesinado el 20 de mayo de 2012,
en inmediaciones de la Vereda Tenerife.
En ese mismo sitio han sido encontradas asesinadas este
año otras cuatro personas, atadas y con señas de tortura, entre ellas, Luis
Enrique Méndez, secuestrado, torturado y asesinado el 20 de septiembre de 2012.
Un hecho similar ocurrió el 30 de junio de 2009, cuando
desapareció de manera forzada el estudiante de once grado del Colegio
Industrial, Jaime Andrés Hernández Rincón, quien salió de su casa en moto a trabajar
como mototaxista y no regresó nunca más. Algunas personas dijeron haberlo visto
por última vez en la vía al corregimiento El Centro.
De acuerdo con los familiares de las víctimas y de quienes
conocen el lugar, las acciones de los criminales no son hechos casuales de un sicópata, como se
pretende hacer creer a las familias de las víctimas y a la población, para
desviar la atención.
“Es el actuar de una organización armada con estructura y
miembros al servicio del paramilitarismo que se hacen autodenominar: “Los
Rastrojos”.
“No existe explicación alguna de estos hechos macabros y
criminales en la vereda Tenerife y sus alrededores, ya que esta zona está
controlada por una base militar del Ejército Nacional, denominada “Base del
Centro” y de una importante estación de la Policía Nacional bajo la dirección
del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entre otras fuerzas estatales”,
advierte la denuncia.
La ONG defensora de derechos humanos cree que con la
captura de este criminal miembro de estructuras paramilitares en el Magdalena
Medio, debe ponerse en evidencia la existencia de un conflicto social que desde
el año 2003 enfrentan a los transportadores formales contra los moto taxistas.
Credhos también advierte que la situación puede agravarse
si se tiene en cuenta que las comunidades están expresando su inconformismo por
los crímenes de paramilitares que se mantienen alternando prácticas y alianzas
soterradas con fuerzas oscuras para mantener el miedo y el terror entre los
pobladores.
Así mismo –dice la fuente- persisten las amenazas contra los
colectivos de habitantes de los diferentes sectores, contra quienes se atreven
a denunciar o poner en conocimiento los hechos de barbarie ante las autoridades
o defensores de derechos humanos, como se viene presentando en la vereda
Tenerife y el barrio Antonio Nariño de Barrancabermeja.
La ONG y las comunidades instan a la Fuerza Pública y a
las autoridades judiciales a que cumplan con su obligación constitucional de
brindar garantías a la vida de la población de Barrancabermeja y el magdalena
Medio.
