Diálogos de pazPonencia de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, en el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP
Lectura a Cargo de OlgaLucia Quintero de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat y Hubert Ballesteros de Fensuagro y Pupsoc.
El despojo violento ha sido la constante en la historia
de campesinos, afrodescendientes, e indígenas
en Colombia. El despojo de la tierra, de la cultura, de los derechos,
de la dignidad.
Si bien el régimen político y económico se ha basado en la exclusión de los más
amplios sectores de la sociedad, no dudamos que tal exclusión se ha ensañado en
contra nuestra.
La concentración de la tierra manifiesta en un coeficiente
Gini por encima del 0,8 lo confirma, junto con los mayores indicadores de pobreza que afectan al campo,
la violencia política contra el campesinado, y una contrarreforma agraria que
ha dejado entre 8 y 10 millones de hectáreas de tierra despojada a los
pobladores del campo.
A lo largo de la historia, el despojo de la tierra ha
tomado forma de latifundio ganadero, plantación de caucho, explotación de
hidrocarburos y minera, monocultivo de caña y de palma, apertura económica,
implementación de megaproyectos sin consulta
a las comunidades.
La ley ha sido desde inicios del siglo pasado,
instrumento de los acaparadores de tierras, para despojarnos. Desde la ley 200
del 36, hasta la ley 135 del 61, los tímidos intentos de redistribuir la tierra
han sido rápidamente neutralizados por nuevas leyes regresivas, que aprietan la
tenaza con que la han asegurado.
La ley 160 del 94, redujo las esperanzas de acceder a la
tierra, a la imposición del Banco Mundial de crear un mercado de tierras, que
más bien favoreció de nuevo a latifundistas y narcotraficantes.
La Constitución del 91, que representó una ventana de
oportunidad para indígenas y afrocolombianos al reconocerles parte de sus
derechos sobre la tierra y el territorio, nos
dejó a los campesinos al margen
de tal reconocimiento, y desprovistos de recursos efectivos para tener la
tierra.
En la actualidad, el despojo se asoma en el proyecto de
ley general de tierras y desarrollo
rural, bajo la forma de derecho de superficie, nefasta fórmula bajo la cual no
solo seremos forzados de nuevo a entregar la tierra, sino que se legalizará el despojo y, la
tierra y nuestros territorios serán arrasados, en favor de la producción de
agro-combustibles, en contra de nuestra soberanía alimentaria, y de la integridad de ecosistemas
estratégicos.
La reforma agraria por la que hemos luchado a lo largo de
más de un siglo, se nos ha revelado como un mal remedo que en el mejor de los
casos, nos entregó tierras que después nos vimos forzados a mal vender o
abandonar por falta de infraestructura, tecnología, servicios, financiamiento y
acceso a mercados, y por la violencia política que siempre ha operado en favor
de nuestro despojo.
Reforma agraria que por último fuera burlada y
reemplazada por el artificio de un mercado de tierras, que ni en la imaginación
podría redistribuir equitativamente la tierra, y que ha querido ser sustituida con
la ley de víctimas y restitución de tierras.
Lejos de restituirnos la tierra, con esta ley a lo sumo nos entregarán títulos, para
entregársela asegurada a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, de
quienes se nos dice como un mal chiste, que
nos convertirán en “empresarios”,
mote con el que ocultan una renovada forma de explotación de nuestra fuerza de
trabajo.
También se nos ha querido despojar de la dignidad, se nos
ha tildado de “atrasados”, “incapaces” “violentos”. Incluso, “negro”, “indio” y
“campesino”, se convirtieron en insulto para las gentes de la ciudad, el campo
ha sido satanizado, visto como un lugar inhóspito, inseguro, indeseable, y a
los campesinos se nos ha visto y tratado como delincuentes.
Hemos sido los primeros objetivos de la lucha contra las
drogas, encarcelados, fumigados, desterrados, una y otra vez. Los medios
masivos de comunicación han jugado un lamentable papel en la reproducción de
estos imaginarios.
Se nos ha tildado de depredadores ambientales. Después
que la falta de voluntad de redistribuir la tierra, y el poder violento
de los terratenientes, nos
expulsaron a la ampliación de la frontera agraria, a la siembra de cultivos de
coca, marihuana y amapola, a las selvas que hemos tenido que domar a costa de
nuestra salud y la vida de muchos de nuestros hijos.
Pero se ha desconocido que además de sobrevivir, muchas
de nuestras comunidades se han comprometido con la protección del medio
ambiente. Sin embargo, tales reclamos no son hechos a las grandes empresas
extractivas de hidrocarburos y minería, que depredan la naturaleza a una
velocidad y escala muy superior.
Por el contrario, se les han generado las mejores
condiciones políticas, jurídicas y económicas para que amplíen su accionar, y
sean hoy día una de las mayores amenazas en contra de nuestro pueblo y nuestros
ecosistemas.
En las últimas décadas, la única forma en que el país
volvió sus ojos a nosotros, fue para mirarnos con desconfianza o con una
inactiva compasión, trajinar por las calles de sus ciudades y edificios
oficiales, hacinarnos en barrios marginales, intentado sobrevivir, escondernos,
reorganizarnos, y reclamar algo de lo nuestro, a un Estado indolente e incapaz
de hacer justicia.
Ni la declaración del estado de cosas inconstitucional de
la Corte Constitucional, las presiones de la comunidad internacional, ni la movilización social han logrado
reversar el desarraigo y la injusticia. Al despojo hemos respondido con una aguerrida lucha
social por la tierra y la justicia.
Por una reforma agraria estructural, por un cambio
trascendental no solo para el campo, sino para la vida social, económica y
política del país. La organización y la
movilización social ha sido nuestra única arma contra el establecimiento que
nos ha desterrado y desconocido.
Los paros agrarios, las marchas campesinas, las tomas
entre otros, han sido los mecanismos de presión con los que nos hemos hecho
escuchar de gobiernos soberbios con su pueblo, reacios al diálogo nacional,
pero dóciles a los mandatos coloniales.
Nos hemos hecho oír de una sociedad apática y absorta en las promesas
incumplidas de modernización y desarrollo mal copiados, y ajenos a nuestras
identidades y realidad.
Los acuerdos y compromisos alcanzados con el Estado y
gobiernos de turno, representan la
constancia histórica de nuestras exigencias, pero también de nuestros desoídos
aportes a la vida social, económica y política del país.
No hemos exigido otra cosa, que el cumplimiento delos
derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de toda la población.
Hemos propuesto estrategias de desarrollo basadas en el conocimiento del medio
natural, la soberanía alimentaria y la garantía de derechos.
El incumplimiento de estos acuerdos y compromisos
arrancados al calor de la lucha social, ha sido generalizado o en el mejor de
los casos, se ha reducido a marginales raciones asistencialistas.
Nuestras luchas han tenido como respuesta, una sangrienta
represión. La masacre de las bananeras y
el Plan Laso, representan destacados pero no únicos, vergonzosos
ejemplos de la barbarie con que hemos sido tratados.
Sus huellas en la memoria del país, se niegan a
desaparecer, al ser seguidos por
millares de crímenes aún sin terminar de cuantificar.
Muchos de los cuales fueron conocidos a través de
sórdidas confesiones paramilitares televisadas a los ojos de una sociedad
pasmada por el horror, o distraída en reinados,
telenovelas, y chismes mediáticos.
Masacres, torturas, detenciones injustas, ejecuciones
extrajudiciales, amenazas, pueblos incinerados, mujeres abusadas y familias
desterradas.
Crímenes que en su mayoría permanecen en la impunidad al amparo
del fuero penal militar, estatutos de seguridad, justicia sin rostro, entre
otros mecanismos, son el costo de la movilización social campesina.
Hoy, en esta nueva y trascendental oportunidad para la
paz, saludamos el diálogo porque como hemos venido insistiendo, estamos convencidos que el diálogo es la ruta
hacia la paz con justicia social.
No solo recalcamos que el país no puede vivir de espaldas
al campo, sino que no puede vivir de espaldas a las mayorías trabajadoras, a
las comunidades étnicas, sexuales, y culturales, a las mujeres, a los jóvenes,
a los niños.
El país, y particularmente los sectores dominantes que
han ostentado el poder, no pueden seguir negándose a la participación política real, a la
democratización, a la justicia social.
La estrepitosa crisis del capitalismo, que no solo se
expresa en crisis económica, desempleo, el hambre de más de mil millones de
personas en el mundo, enormes desigualdades y guerras, sino en el agotamiento
de los recursos naturales devastados,-
en una carrera frenética hacia un
supuesto progreso que solo ha beneficiado a unos pocos, deja en claro que es un suicidio seguir
entregándole el destino de la humanidad
y del planeta, a los grupos económicos transnacionales y a las potencias
neocoloniales, a merced de su libre competencia.
La paz que anhelamos y en la que nos comprometemos, es la
paz que se opone a esas desigualdades
generadas por un modelo devastador y a la libre competencia entre devastadores.
La paz que anhelamos, y en la que reclamamos participación, es la paz con
justicia social, la de la distribución equitativa de la riqueza, la del
reconocimiento político, y la vida digna para todos.
No solo reclamamos la redistribución de la tierra, sino
la redistribución de toda la riqueza que los trabajadores colombianos
construimos día a día. Reclamamos la redistribución del poder.
No reclamamos el poder al que estamos sometidos, el poder
que oprime, discrimina y excluye, el poder que despoja, arrasa la vida, y teme
a la diversidad.
Tenemos derecho y podemos ejercer el poder, el poder que
desde la base enriquece a toda la sociedad.
En ejercicio de ese poder hemos sobrevivido las
comunidades rurales, hemos intentado
domar la naturaleza y nos hemos dejado domesticar por ella, hemos aprendido sus
secretos y sus lecciones, hemos construido comunidad,-
consensuando normas
propias, produciendo alimentos,
organizándonos a partir de la solidaridad, para sobrevivir al destierro, a la exclusión, al abandono
estatal, a olvido social, y al terror del Estado y las clases dominantes.
De ese poder desde la base, somos capaces todos los
colombianos y las colombianas. Así lo ha demostrado una rica historia de
movilización obrera, estudiantil, cívica, indígena, cultural, de géneros,
afro, y por la paz, resistiendo a la exclusión política, social y
económica.
La organización de los diversos sectores de nuestra
sociedad como artesanos, artistas, comerciantes, vendedores ambulantes, madres
comunitarias, profesionales, pequeños y medianos empresarios, transportadores,
mineros artesanales, maestros, defensores de derechos humanos,-
comunicadores
comunitarios, consumidores, y muchos otros que están organizados en
cooperativas, asociaciones, redes, desde las que se construye tejido social,
democracia y economía, da cuenta de una sociedad dispuesta y capaz de
participar en el ejercicio de la
construcción de la paz con justicia social.
A esos sectores y a todos los que se comprometan con esta paz, queremos sumarnos. En ese surco, y
con todas esas manos queremos sembrarla, y cosechar la vida digna que anhelamos
para toda la sociedad.
Incluso con los terratenientes, empresarios, banqueros,
estamos dispuestos a definir las reglas de la justicia social.
Estamos conscientes que en el campo no estamos solos, no
queremos estarlo, no queremos un campo para los campesinos, queremos el campo
para el país, el campo para la soberanía alimentaria, para la conservación de
los ecosistemas, para el futuro de nuestros hijos. El campo articulado a las
ciudades.
Construyamos soberanamente nuestras formas políticas,
nuestra economía, nuestra cultura. La
globalización no puede seguir significando la subordinación de nuestros países,
y la entrega de nuestra riqueza natural
en la reproducción de un modelo económico extractivista, para sostener el
desaforado anhelo de ganancia y consumo del llamado primer mundo.
Nuestra integración al mundo globalizado debe
desarrollarse en dirección a la justicia social global, a la cooperación y la
paz. Basta ya de seguir modelos impuestos, de medidas de ajuste, de
recomendaciones de política, de Alianzas para el Progreso, de Planes Colombia.
El trabajo, la conciencia, el equilibrio con la
naturaleza, la cooperación, la solidaridad, la concertación, han sido los
motores de nuestra supervivencia en el campo. A través de ellos, hemos
conformado territorios, mantenido parcelas, hemos producido alimentos para las
ciudades, hemos conservado culturas y ecosistemas.
Esos son valores que le proponemos hoy a la sociedad
colombiana, como motores para la construcción de la paz con justicia social que
se cimente en: El reconocimiento social, político y económico del campesinado;-
El modelo de desarrollo rural que pone en el centro el
respeto por la vida humana y la naturaleza; La explotación de la riqueza minera
gradual, delimitada, diferenciada y revertida al desarrollo local y nacional;-
El ordenamiento territorial social y ambiental que
garantiza el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los recursos y
los ecosistemas; La reforma agraria estructural que tiene en la zona de reserva campesina, un instrumento
privilegiado y articulado a otros.
El reconocimiento social, político y económico del
campesinado, implica que la sociedad colombiana abandone los imaginarios que
nos descalifican.
El Estado debe desarrollar un activo papel en la
transformación de tales imaginarios, mediante la aplicación de una política de
inclusión y reconocimiento que contemple nuestra activa participación en la
toma de decisiones sobre los destinos del campo, y sobre la relación campo-ciudad.
Según el PNUD, somos una tercera parte de la población y
estamos en el 94,4% de la superficie del país. Esto no puede seguir siendo
desconocido.
Los campesinos hemos mostrado nuestra capacidad para
abastecer de alimentos y otros productos a las ciudades, e incluso para la
exportación.
Tenemos que participar en los mercados, en el diseño de
las políticas y en las ganancias, no podemos seguir siendo los del mayor
trabajo y la menor ganancia. Se deben reconocer formas alternativas de mercado
que garanticen la equidad y la satisfacción de necesidades para todos.
Esa capacidad debe ser reconocida y potenciada mediante
el reconocimiento de nuestros saberes tradicionales, y la participación en la construcción del
conocimiento, la ciencia y la tecnología para la producción agraria y la
conservación.
Pero para ello, la educación debe llegar al campo, ser
pertinente y de calidad, nuestras formas
de educación, deben ser respetadas y fortalecidas. Basta ya de transferencia de
tecnología, queremos y podemos construir conjuntamente el conocimiento. Debemos
diseñar estrategias y fondos sostenibles para ello.
Nuestros modos de vida y nuestra cultura deben ser
dignificados, protegidos y fortalecidos. La política nacional de cultura debe
incluirnos como sujetos activos, debemos ser protagonistas y beneficiarios de
la vida cultural del país.
Especialmente mujeres y jóvenes deben ser protagonistas
tanto de la protección, como de la transformación positiva de la cultura
campesina.
Nuestro reconocimiento como sujetos sociales y políticos
debe materializarse a través del consentimiento previo, libre e informado.
Tenemos el derecho a ser decidir sobre el manejo de nuestros territorios que son el futuro de
nuestros hijos, los hijos del campo y los de la ciudad, y tenemos derecho a
participar de los beneficios de la explotación que consintamos.
Las formas de autonomía territorial que hemos establecido
ante el abandono estatal, deben ser respetadas,
y la concertación debe ser el mecanismo idóneo para definir los términos
del desarrollo.
Así, el estado colombiano debe ponerse a tono con el
reciente reconocimiento internacional de los derechos de los campesinos y tomar
las medidas estructurales y legislativas que los hagan aplicables.
Para ello, el respeto y fortalecimiento de las formas
organizativas campesinas debe ser garantizado. Juntas de acción comunal,
reglamentos comunitarios, asociaciones, cooperativas deben ser instancias de
participación y concertación con el Estado, y con otros sectores de la
sociedad, para lo cual deben ser fortalecidas.
Además del Estado, los medios masivos de comunicación, la
academia y el sector agroindustrial deben contribuir en nuestro efectivo reconocimiento.
Proponemos un modelo de desarrollo rural que ponga en el
centro el respeto por la vida humana y la naturaleza, que repudie el
extractivismo y la devastación de los recursos
naturales y que garantice la integralidad de los derechos para toda la
población y todo el territorio nacional.
Este modelo valoriza la economía campesina, la articula
con equidad a la industria, el comercio y los servicios, y se orienta hacia la
soberanía alimentaria.
Este modelo implica que la economía campesina sea
subsidiada, que se garanticen
condiciones para que el campesinado pueda también hacer agroindustria, y
participar en los mercados locales,-
regionales, nacionales e internacionales,
desde formas asociativas como las cooperativas, pero también en alianzas
equilibradas con los empresarios,
favoreciendo la articulación entre el campo y la ciudad.
Este modelo implica la implementación de una verdadera
reforma agraria, y el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos como
claves de un desarrollo sustentable.
Por su coherencia con la dignificación de los campesinos,
la protección ambiental y la soberanía alimentaria, la disminución de costos y
la mayor utilización de trabajo campesino, la agroecología debe convertirse en
una política nacional, de gradual y concertada implementación, amparada por subsidios.
Para ellose deben fortalecer y replicar las experiencias
existentes en alianza con los centros de investigación.
Se debe impedir la implementación de monocultivos,
proteger las semillas del monopolio y el
maltrato genético, diversificar los cultivos y las formasde producir y
distribuir, dando cabida al trueque entre familias y comunidades.
El modelo de desarrollo que proponemos se integra a un
mundo globalizado desde la cooperación y la justicia, por ello saludamos los
tratados de comercio basados en el respeto de la soberanía y en la equidad de
los intercambios,-
proponemos límites a la inversión extranjera y a la acción de
las transnacionales, particularmente en lo que hace a los efectos ambientales,
los derechos de los trabajadores y la
propiedad de la tierra.
La explotación de la riqueza minera y de hidrocarburos
deber hacerse en forma gradual, delimitada, diferenciada y revertida al
desarrollo local y nacional.
El país debe desmontar la locomotora minera. La
explotación minera y de hidrocarburos debe dejar de atentar contra la
permanencia en el territorio de las comunidades agrarias, debe dejar de
amenazar la soberanía nacional.
Se debe convertir en una fuente de soberanía energética,
puesta al servicio de toda la sociedad, e incluso de nuestros vecinos. Pero tal
explotación definitivamente debe tener
límites muy claros y de riguroso cumplimiento.
Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos, en
los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios.
La soberanía energética inicia con la construcción de una
visión estratégica del aprovechamiento minero, bajo la conciencia de que no se
trata de recursos infinitos, y que muchas generaciones vendrán luego de la
nuestra.
El Estado debe comprometerse a generar el conocimiento y
la tecnología necesarios, para que en el mediano plazo, la explotación de estos
recursos sea ejecutada por el Estado.
El conocimiento y las tecnologías propias, garantizan un
mejor desarrollo de la minería para que
responda a las necesidades de abastecimiento, y a la de protección ambiental.
Entre tanto, se debe definir en cada caso si es viable o
no la explotación de los recursos mineros, según las características propias de
cada contexto, para ello el estudio juicioso de los efectos ambientales y
sociales, así como el consentimiento previo, libre e informado de las
comunidades debe cumplirse.
De ser aprobada la explotación, se debe establecer el
tope máximo de explotación, los métodos, los mecanismos de mitigación de
efectos y la participación nacional y local de los beneficios en el marco de
planes concertados de desarrollo sustentable.
Las licencias ambientales deben ser más exigentes para
responder a más ampliamente a los efectos locales y regionales de la
exploración y explotación.
La legislación debe ser modificada para proveer
seguridad para el ejercicio de la pequeña minería y la minería artesanal de la
que viven comunidades agrarias enteras. Así mismo se debe estimular la
producción de oro verde.
El ordenamiento territorial social y ambiental del país
debe garantizar el equilibrio entre
aprovechamiento y conservación de los recursos y los ecosistemas.
El uso de los suelos debe ser coherente con su vocación,
se debe revertir el proceso de ganaderización y aumentar la superficie
destinada a la agricultura organizada en pequeña y mediana propiedad, y
diversificación de cultivos.
Se debe reconocer la existencia de regiones,
concediéndoles importantes niveles de autonomía y articulándolas a otras
figuras de ordenamiento territorial.
La protección de los ecosistemas y el agua debe
comprometer a las empresas y a las comunidades agrarias que los conocen.
Las figuras de protección ambiental deben contemplar los
conocimientos tradicionales y las relaciones de las comunidades con la
naturaleza, permitiéndoles habitar en ellas bajo normas claras, y estricto cumplimiento de responsabilidades
y límites, en los casos en que su permanencia ha sido histórica, o promoviendo
su abandono con garantías.
Se debe crear en forma concertada con campesinos,
indígenas y afrocolombianos, una figura territorial interétnica que
tramite los conflictos interétnicos y
garantice el respeto de las identidades culturales y la armónica convivencia.
El ordenamiento territorial y la política agraria deben ofrecer
estímulos y des estímulos al poblamiento, distribuidos en el territorio
nacional, de suerte que su ocupación sea equilibrada y sostenible.
Se debe cerrar la frontera agraria, garantizando las
condiciones generadas por la reforma agraria integral.
La reforma agraria estructural tiene cada vez mayor
vigencia, y la reivindicamos una vez más, como una urgente necesidad no solo
para el campesinado, sino para el país.
La estructura agraria del país caracterizada por la
concentración de la tierra y del poder ligado a ella, es responsable de desigualdad
y la exclusión de las comunidades agrarias. Esa estructura agraria debe ser
erradicada y reemplazada por una en la que se desconcentre la tierra y el
poder.
Las relaciones sociales, políticas y económicas en el
campo y con el campo, deben estar basadas en la justicia. La tierra debe ser
redistribuida equitativamente y el retorno de los desplazados debe ser una
prioridad.
Está demostrado que la producción agraria es más
eficiente si de desarrolla combinando unidades productivas pequeñas, medianas y grandes, y diversificando la producción, lo que
adicionalmente protege los suelos, la biodiversidad y la seguridad alimentaria
de los pobladores rurales.
Se deben establecer límites máximos a la propiedad
privada de la tierra, se deben desmontar los latifundios, se debe combinar la
propiedad individual con la propiedad colectiva, se deben expropiar los predios
que no cumplen una función productiva o ambiental.
La producción agrícola debe disponer de infraestructura,
y recursos técnicos y tecnológicos propios que garanticen la protección de los
suelos y del medio ambiente, así como la calidad, suficiencia y pertinencia de
los alimentos y los productos que demanda el país, lo cual debe ser el primer
objetivo de la producción.
Al lado de instrumentos como la expropiación, la compra
de predios, y adjudicación individual,
las zonas de reserva campesina, deben ser
un instrumento privilegiado de reforma agraria, articulado a los
anteriores, a las figuras de protección ambiental y a los resguardos indígenas
los territorios de comunidades negras.
Proponemos la creación de un Sistema Nacional de Zonas de
Reserva Campesina, cuyo objetivo estratégico sea contribuir a la reforma
agraria, y el desarrollo sustentable de los territorios campesinos, esto es la
dignificación de la vida campesina, la
conservación de la biodiversidad y la contribución a la soberanía alimentaria
del país.
Este sistema debe estar integrado por las autoridades
agrarias y ambientales del nivel local, regional y nacional, la academia, pequeños
y medianos empresarios de las ciudades y las comunidades de las zonas de
reserva campesina.
Debe sostener articulaciones con el Sistema de Parques
Naturales y otras entidades y actores relacionados con sus fines. Coherente con
este sistema, se debe implementar un Programa Nacional de zonas de reserva
campesina que cumpla con los objetivos del sistema organizados en el corto,
mediano y largo plazo.
En esta fecha histórica, al gobierno y las FARC-EP, les
decimos desde este foro: la paz que anhelamos y con la que estamos
comprometidos, es la de la justicia social, que solo puede ser construida con
el diálogo maduro y la negociación honesta.
La paz nos compromete a todos los sectores de la
sociedad, no podemos aceptar que el contenido de la paz se defina a puerta
cerrada por las partes en confrontación armada.
El conflicto social, político, económico y armado del
país debe ser dialogado y negociado con participación de toda la sociedad. Es
un desafío al que estamos más que dispuestos.
Les exigimos no suspender los diálogos, y a mantener férrea la voluntad
de avanzar y negociar el fin del conflicto armado.
A los sectores aferrados al poder y a la riqueza les
decimos hoy: no teman al poder desde las bases, no le teman a la controversia
de ideas, a la diversidad y la creatividad, no teman a la construcción soberana
y democrática de nuestra historia. No teman a la riqueza y la tierra bien
repartidas, no le teman a la justicia social.
A los demás sectores de la sociedad, a los excluidos, a
los olvidados, a los maestros, a las amas de casa, a los estudiantes, a los
comerciantes, a todos los que contribuyen a la riqueza del país con su trabajo
y que aún permanecen expectantes, los convocamos a la movilización social en
busca de la paz.
Los cambios estructurales de nuestro régimen político y
económico, solo serán posibles con nuestra activa participación. Les invitamos
a apropiarse de los destinos del país, a participar en las decisiones que nos
afectan, a trabajar juntos por la justicia
social que merecemos.
