Diálogos de pazPor Camilo Raigozo
No solo por lo que han manifestado tanto el Gobierno y
sus voceros, como las FARC-EP y los suyos, en la mesa de diálogos, sino también
porque así lo refrenda la historia del conflicto social y armado en las últimas
cinco décadas, se puede decir sin ambages que la confrontación y el diálogo es
entre el régimen plutocrático y el pueblo colombiano.
Por un lado, los voceros del régimen en la mesa tienen la
misión de defender a capa y espada, y conseguir más si es posible, los intereses, los privilegios, los capitales,
las gabelas, los latifundios, las riquezas y el poder político y económico,
entre otros, de las clases dominantes.
Por el otro, la guerrilla de las FARC-EP, que defiende en
la mesa los derechos por conquistar de las comunidades campesinas,
afrodescendientes, indígenas, obreras, asalariadas y estudiantiles, excluidas por
el régimen del disfrute a una vida justa y digna.
Esta confrontación se ha mantenido incólume durante toda la
época republicana hasta hoy, con el agravante de que desde hace medio siglo, el
pueblo, cansado de la injusticia, la humillación y la exclusión social en todos
los ámbitos, se alzó en armas.
Desde entonces uno y otro bando han defendido con los
fusiles sus propios intereses y el de las clases que los componen y los rodea, sin que hasta hoy haya
vencedores ni vencidos, ni se vislumbre que así suceda en el futuro.
El régimen plutocrático, atornillado en el poder desde hace
200 años, apoyado por el gobierno criminal de Estados Unidos, ha utilizado contra
su adversario todos los aparatos represivos del Estado:
militar, con medio millón
de hombres dotados con armamento de última tecnología planetaria; paramilitar,
dotado del apoyo político y económico por parte de sus beneficiarios y garantía
de impunidad sobre sus crímenes; judicial y carcelario, entre otros.
También ha utilizado en la guerra contra el pueblo otros
aparatos represivos de índole ideológico, sicológico: eclesiástico, educativo, político
y cultural.
En las últimas décadas el régimen ha utilizado un aparato
represivo aún más poderoso que los anteriores: el que conforman los medios de
comunicación en televisión, radio, prensa y ahora virtual.
De hecho para hacer fracasar y posteriormente satanizar
los diálogos del Caguán intervinieron tres poderosos aparatos del régimen: el
militar, los medios y el paramilitar, entre otros.
Por su parte, las FARC-EP enfrentan la batalla con una
abismal desventaja en número de combatientes, armamento de alta tecnología,
músculo económico, intervención de Estados Unidos, y todo el poder del Estado.
En Oslo las dos partes destaparon las cartas. Por un lado
Humberto de la Calle, vocero del régimen dijo en esa ocasión, entre otras cosas
que, “la cuestión minero-energética, el modelo de desarrollo, el modelo
económico, la inversión extranjera y la doctrina militar no se van a negociar
con las FARC”.
De la Calle remató lo anterior advirtiendo que: “Si no se
avanza, el gobierno ha dicho que no es rehén de este proceso”. Así mismo el régimen
presidido por Santos impuso como fecha límite junio de 2013, “para tener un
avance en los acuerdos con las FARC”.
Fácil. Tal como sucedió en las tres oportunidades anteriores
en, La Uribe, Tlaxcala y El Caguán, si el régimen plutocrático no logra imponerle
su voluntad a la insurgencia, se levanta olímpicamente de la mesa bajo
cualquier pretexto. Con cara gana el régimen, con sello pierde el pueblo.
Frente a la participación de las organizaciones sociales,
populares y de víctimas, en la mesa de diálogos, el presidente Santos ha
dicho que son un “bochinche” que afecta a los mismos, los cuales deben ser “serios
y expeditos”.
Por su parte las FARC-EP dijeron en Oslo por intermedio
del vocero Iván Márquez, entre otras cosas que:
“En el pueblo reposa la fuerza irresistible de la paz.
Ésta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien
debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le
corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones”.
Así mismo, los voceros del régimen se sonrojaron ante el
mundo en Oslo y no ocultaron su malestar, cuando Márquez divulgó las cifras
escandalosas arrojadas por el modelo económico y de desarrollo que el gobierno
considera intocables:
“No se puede encadenar este proceso a una política
enfocada exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos
capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70% de
la población.
“Ellos sólo piensan en el incremento de su botín, no en
la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven en la
pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50 % de la población económicamente
activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo.
"Casi 6 millones de
campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso.
Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar entre los países del mundo en
desigualdad social”.
En cuanto a la responsabilidad sobre las víctimas del
conflicto que tanto vocifera el régimen valiéndose de su poderoso aparato
mediático, las FARC le recordaron que:
“No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado,
que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus
atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la
denominada época de la violencia en los años 50.
“Que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la
Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia
contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de
campesinos,-
"por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las
masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que
significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y
humanitaria.
“En síntesis que responda por el terrorismo de Estado.
Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios
atrincherados en la espuria institucionalidad”.
