Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
Afamir Castillo, madre de Darbey Mosquera Castillo, asesinado
a sangre fría junto con Alex Hernando Ramírez Hurtado, por presuntos bandidos
pertenecientes al Ejército Nacional, fue amenazada de muerte.
También fueron amenazados los abogados defensores de las
familias de las víctimas Jorge Molano y Germán Romero, informó El Espectador.
Los dos juristas, defensores de derechos denunciaron ante
la opinión pública las amenazas de muerte, por buscar que haya justicia por el doble
crimen en el Valle del Cauca.
El pasado miércoles Afamir Castillo fue abordada en un
bus por un sujeto quien le gritó amenazas de muerte apuntándole a la cabeza con
una pistola.
“La voy a matar”, le increpó el individuo, quien agregó
que también mataría a los dos abogados que la defienden en el caso del crimen
de su hijo.
Los juristas Molano y Romero representan a la familia
Mosquera Castillo en el proceso que se adelanta contra los presuntos criminales
pertenecientes a la Brigada VIII del Ejército por el asesinato de los dos jóvenes.
El defensor de derechos humanos le dijo a El Espectador que
el hecho se presentó a menos de 48 horas de que se inicie el juicio en contra
del mayor del Ejército, Josué Giovanni Linares y el capitán Julio Cesar Álvarez
por su presunta participación en los dos crímenes.
Por estos hechos también son investigados los presuntos
bandidos Emilio José Barrios y Javier Navarrete, también pertenecientes a la mencionada
brigada del Ejército.
El atropello fue puesto en conocimiento de Amnistía
Internacional quien alertó al gobierno de Juan Manuel Santos para que se tomen las medidas necesarias en la
protección de la vida de las tres personas.
Las preguntas que quedan en el aire son: ¿Qué relación
hay entre los presuntos criminales del Ejército y los sicarios? ¿Los sicarios
también son militares o son pagados por estos? ¿Existe algún comando especial de
la Fuerza Pública para estos menesteres?
Actualmente el gobierno del presidente Santos, el
ministro de Defensa, altos mandos militares, el procurador Alejandro Ordoñez,
congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, entre otros,-
impulsan una reforma al fuero militar, con lo cual los
crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la
fuerza pública quedarán en la impunidad.
