Ituango, AntioquiaPor organizaciones sociales
Denunciamos a miembros del Ejército Nacional, Brigada
Móvil No. 18 Y 16, coronel Gómez, Fuerza Conjunta de Acción Decisiva, Fuad, en
jurisdicción de Ituango.
Brigada No. 4, Batallón Mecanizado “Juan del Corral”, a
cargo del cabo primero Candón y del sargento Álvarez y Batallón de Artillería
No. 4 “Jorge Sánchez”, a cargo del teniente Bonilla, en jurisdicción vía
Ituango-Medellin.
Era presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Candelaria Baja, jurisdicción de la Inspección de Policía de La Granja,
Municipio de Ituango, Antioquia.
Según información de su familia y pobladores
de la región, Luis Alberto se dirigía a una reunión de la Junta de Acción
Comunal cuando se escucharon varios disparos.
Al dirigirse al lugar de los
hechos varios campesinos, hallaron el cuerpo con varios impactos de bala y
heridas de machete.
Este hecho se presenta días antes que las comunidades
campesinas inicien su movilización en el marco de la semana de la indignación
nacional y la concentración-
de campesinos en el Valle de Toledo entre el 12 y
13 de octubre, donde realizarán un Foro denominado: “Ituango: Alternativa para
la construcción de la paz”.
En el foro esperan la participación de cerca de
2.000 campesinos de la zona rural de Ituango, quienes construirán alternativas
de solución de la Crisis Humanitaria-
que padecen ante el Bloqueo alimentario y
económico, la restricción de libre circulación, empadronamientos y
estigmatización en contra de los dirigentes sociales, comerciantes y población
en general.
Entre los casos documentados a través de testimonios de
pobladores se evidencia la existencia de una Crisis Humanitaria en la región,
desarrollada desde el bloqueo alimentario y médico, la-
estigmatización hacia la
población traducida en persecución judicial desde el actuar del Fiscal 29 de
Medellín y los señalamientos realizados por altos funcionarios del gobierno
departamental.
Entre las situaciones que evidencian la Crisis Humanitaria se
encuentran:
1. Bloqueo Económico y restricción de bienes
indispensables de la población civil: alimentos, insumos agrícolas y pecuarios,
medicamentos.
2. Restricción al Derecho de libre circulación y
residencia. Retenes ilegales del Ejército Nacional con acciones de
empadronamiento.
3. Uso de bienes civiles. Vulneración del principio de
distinción. Utilización de la población civil como escudo e informantes en
medio de hostilidades.
4. Abuso de Autoridad, funciones de policía judicial por
parte del Ejército Nacional. Allanamientos ilegales, amenazas, señalamientos.
5. Bombardeos indiscriminados que generan terror y
afectación de bienes civiles
6. Ataque e irrespeto a la labor de defensores de
derechos humanos. Estigmatización y señalamientos contra líderes y funcionarios
de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, Asocbac y la Asociación Campesina
de Ituango, Ascit.
Primero
Bloqueo Económico y restricción de bienes indispensables
de la población civil: alimentos, insumos agrícolas y pecuarios, medicamentos
Desde inicios del presente año hasta inicios del mes de
octubre se vienen desarrollando infracciones al DIH a través del permanente
bloqueo alimentario y sanitario por parte de unidades militares adscritas a la
Fucad y Brigada Móvil No. 18.
El 24 de agosto de 2012, a las 12:30 del día, miembros
del Colectivo OFB, fueron testigos de cómo a la salida del casco urbano del
Municipio de Ituango, tropas de la Brigada Móvil No. 18 de la Fuerza Conjunta
de Acción Decisiva, Fucad del-
Ejército Nacional exigieron facturas firmadas
por el comandante de esta brigada autorizando la circulación de alimentos,
suministros, insumos agrícolas, de construcción, médicos, entre otros bienes
indispensables para la supervivencia de la población civil.
Los pobladores de las veredas y corregimientos de
Ituango, son obligados a dirigirse a la base militar de la cabecera municipal
de Ituango, realizar una fila diariamente, presentar las facturas de compra-
de
alimentos, suministros, insumos agrícolas, de construcción, médicos, entre
otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, bajo
el argumento que “se debe verificar-
por parte del Ejército las cantidades de
alimentos, porque pueden ser para la guerrilla”, al igual que dicen que están
aplicando la Resolución 019 del 2008 del Consejo Nacional de Estupefacientes,-
la cual determina restricción de circulación de insumos combustibles y
químicos, en diversos departamentos del país, pero no incluye a Antioquia.
Estas restricciones y bloqueos de alimentación y suministros son realizadas
también en los corregimientos de Santa Rita y La Granja.
Según testimonios, en la base militar mientras se realiza
la firma de las facturas por el Ejército Nacional, hacen presencia personas-
desmovilizadas uniformadas o de civil, en algunos casos encapuchados,
utilizados por el ejército para señalar “presuntos auxiliadores de la
guerrilla”.
Así mismo, en el lugar las unidades militares le manifiestan a los
pobladores que “si colaboran con información pueden aumentarles las cantidades
de mercado autorizado para transportar”.
Adicional a que los campesinos les toca hacer firmar las
facturas de los víveres que compran y solo pueden comprar la cantidad víveres
que el Ejército Nacional autoriza arbitrariamente, son obligados a entregar
copia del documento de identidad y el número del celular.
Posteriormente, algunas personas, especialmente
las mujeres, reciben llamadas de miembros del Ejército Nacional, con propuestas
indecentes y obscenas.
A las personas que no presentan en los retenes militares
las facturas firmadas por el Ejército Nacional, sus bienes son decomisados,
dañados y/o destruidos, los combustibles vertidos en el suelo en presencia de
los pasajeros de los vehículos de transporte público.
Ante la exigencia de la
población y las autoridades civiles de Ituango de acabar con el Bloqueo
alimentario y de insumos, la respuesta del Ejército Nacional es que es parte de
las acciones contra el Frente 18 de las FARC.
Segundo
Restricción al Derecho de libre circulación y residencia.
Retenes ilegales del Ejército Nacional con acciones de empadronamiento
En lo corrido del presente año se vienen desarrollando
permanentes retenes ilegales por parte de la Fucad y la Móvil No. 18 en
Ituango, La Granja, Santa Rita y veredas de la zona rural,-
con el argumento de
realizar funciones de policía judicial, investigando a los campesinos sobre su
presunta vinculación con la guerrilla o sobre su paradero.
El 24 de agosto de 2012, a las 12:30 del día, miembros
del Colectivo OFB fueron testigos de cómo a la salida del casco urbano del
Municipio de Ituango,-
tropas de la Brigada Móvil No. 18 de la Fucad, realizaron labores de policía
judicial al investigar a los pobladores que se movilizaban en un vehículo de
servicio público.
Los militares indagan a los pobladores por su documento de
identidad, dónde y con quién vive, a qué se dedican, de dónde vienen, entre
otras preguntas sobre sus labores cotidianas.
En los retenes militares, los
documentos de identidad son recogidos y revisados por los uniformados en
lugares distantes al lugar del retén con el argumento que “se hará verificación
de antecedentes penales”.
Parte de las acciones de empadronamiento e investigación
a la población civil por parte del Ejército Nacional, es la relación por
escrito de los nombres de las personas, sus documentos de identidad,-
entre
otras informaciones que son recogidas en formatos militares. Una de estas
situaciones se presentó en el corregimiento de Santa Rita el 26 de agosto de
2012, cuando el Cabo Galvis de la-
Móvil No. 16 del Ejército, bajo el engaño de
la realización de un censo, realizó verificación de antecedentes penales y
órdenes de captura a través de una máquina que hacía lectura del código de
barras de las cédulas de ciudadanía.
Al ser cuestionado por esta acción por uno
de los defensores de derechos humanos del Colectivo OFB, afirmó que “era una
comisión dada por el CTI de la Fiscalía al Ejército”, en desarrollo de las
capturas masivas realizadas este día.
El 28 de Agosto de 2012, en la vía Ituango a Medellín,
unidades militares adscritas a la Brigada IV realizaron retenes y labores de
policía judicial sobre los pasajeros del bus de servicio público de la empresa
Coonorte.
En dos ocasiones los pasajeros, fueron objeto de requisas personales
y a sus bienes transportados, exigiéndoles la entrega del documento de
identidad para la “verificación de antecedentes penales”, los cuales eran
cotejados haciendo uso de teléfonos celulares.
El primer retén militar se realizó en el sitio conocido
como San José de la Montaña, por militares del Batallón Mecanizado Juan del
Corral, de la Brigada IV, al mando del cabo primero, Candón y el sargento
Álvarez.
El vehículo y sus pasajeros fueron retenidos durante 25 minutos,
haciendo descender a todos los pasajeros, revisando antecedentes judiciales.
Ante la exigencia de los defensores de derechos humanos de no realizar la
acción, los uniformados expresaron que era la orden de la Brigada.
El segundo retén se encontraba a 15 minutos del anterior,
al frente de la Finca “La Carolina”, en el sitio conocido como Llanos de Cuivá,
jurisdicción del municipio de Yarumal,-
vía Ituango-Medellín, realizado por el
Batallón de Artillería No. 4 Jorge Sánchez, de la Brigada IV, al mando del
teniente Bonilla.
Retuvieron el vehículo y sus pasajeros durante 45 minutos,
recogieron los documentos de identidad, cuya información era cotejada en un
teléfono celular, bajo el argumento de “verificar antecedentes judiciales”.
Los defensores de derechos humanos del Colectivo OFB, no
se bajaron del vehículo y explicaron a los militares que el procedimiento
realizado no estaba dentro de sus funciones, exigiendo que pararan la retención
ilegal.
Ante la solicitud, los militares mostraron actitud hostil y mantuvieron
la retención del vehículo y pasajeros.
Una persona de civil vestida de sudadera de color azul
oscuro, se encontraba entre los militares, fotografiando a los pasajeros del
vehículo y a los defensores de derechos humanos.
Los militares se negaron a
identificar a esta persona y cuando se escondió en la base militar, los
centinelas activaron sus armas apuntando a los defensores de derechos humanos
que exigieron su identificación.
Pasado 45 minutos el vehículo y sus ocupantes lograron
seguir su recorrido hacia Medellín, cuando dos patrulleros motorizados de la
Policía de Yarumal,
hicieron presencia en el lugar y aclararon al ejército que
no tienen función de policía judicial y no podían retener el vehículo y los
pasajeros.
Durante los 45 minutos de retención ilegal, ningún otro
vehículo fue detenido o requisado. La acción en ambos retenes militares estaba
dirigido al único vehículo de servicio público-
que había salido de Ituango, lo
que hace presumir que hace parte de la acción de estigmatización y señalamiento
hacia los pobladores de este municipio.
Desde el 30 de agosto y hasta el 01 de Septiembre del
2012, en las veredas de Quebrada del Medio y de Santa Lucia del municipio de
Ituango,-
se realizaron operativos por parte del Ejercito Nacional a través de
la Fucad, Brigada Móvil No. 18, extralimitando las funciones constitucionales
ejerciendo labores de policía judicial, investigando a-
los campesinos,
realizando empadronamientos, solicitud de cédulas, toma de fotografías a
documentos de identidad, desarrollo de bloqueo alimentario, de insumos médicos,
entre otros.
En lo corrido del mes de septiembre
e inicios de octubre, se mantiene el desarrollo de operativos militares que
extralimitan sus funciones ejerciendo labores de policía judicial.
Tercero
Uso de bienes civiles. Vulneración del principio de
distinción. Utilización de la población civil como escudo e informantes en medio
de hostilidades.
La presencia militar de la Fucad y en especial de la
Brigada Móvil No. 18, viene realizando un copamiento de la vida civil, en
lógica de militarización de lo cotidiano,-
lo que se expresa entre otras
situaciones a través de la ocupación de bienes civiles, entre centros
educativos, viviendas campesinas y lugares de trabajo de la comunidad.
El 07 de agosto de 2012, y por varios días, en la Vereda
El Capote, corregimiento La Granja, de Ituango, cerca de 300 miembros del
Ejército Nacional,-
adscritos a la Brigada Móvil No. 18, instalaron un
campamento en la casa de la Señora María del Carmen Nisas, colocando en peligro
a su familia así como a los demás habitantes de la vereda.
Entre el 08 al 13 de septiembre de 2012, unidades
militares de la Móvil No. 18 usaron como campamento la vivienda del señor
Bernardo López, ubicada en la vereda El Capote, corregimiento La Granja, de
Ituango.
Durante estos días, nuevamente fueron ocupadas las fincas
de los campesinos Víctor Monsalve y Abelino Guzmán, ubicadas en el lugar
conocido como Cerro Colombia,-
donde desde hace varios meses las tropas de la
Brigada Móvil No. 18 se encuentran acantonadas, perturbando las labores
agrícolas de los campesinos.
Otras viviendas y fincas utilizadas como campamentos del
Ejército Nacional son las de los campesinos Jsé Isaac E chavarría Meza, en la
vereda Buena Vista y la de Israel González en la vereda Yolombó, jurisdicción
del corregimiento La Granja.
Mientras las unidades militares usan los bienes de la
población civil como sitios de campamento, se desarrollan patrullajes con
personas que ocultan el rostro con pasamontañas,-
utilizando prendas militares y
armamento exclusivo de las fuerzas militares, como ocurrió el 13 de septiembre
en el Corregimiento de La Granja.
En el casco urbano del Municipio de Ituango las Fuerzas
Militares instalaron el comando de operaciones conjuntas de la Fucad y Brigada
Móvil No. 18 en una institución educativa, al frente de una escuela y locales
comerciales, en el centro poblado.
La Policía tiene instalada su base en medio
de la población y restringe la libre circulación al impedir el paso por varias
calles, donde tienen trincheras.
Igual situación ocurre en Santa Rita-Ituango,
donde la Policía cierra varias calles a la redonda donde se encuentra instalada
la estación e impide el uso de estas vías después de determinada hora o durante
varios días.
Cuarto
Abuso de Autoridad, funciones de policía judicial por
parte del Ejército Nacional. Allanamientos ilegales, amenazas, señalamientos
El 12 de agosto de 2012, hacia la 1:00 p.m., unidades
militares del Ejército Nacional sin portar distintivos visibles allanaron de
manera ilegal las viviendas-
de los campesinos Egidio Graciano Pérez y Hernando Zapata, ubicadas en el sitio conocido como “El Llano” de la vereda Las Cuatro,
jurisdicción del municipio de Ituango.
Primero llegaron a la vivienda de Egidio Graciano Pérez,
exigieron que presentara su documento de identidad y su teléfono celular, ambos
datos fueron registrados por el Ejército. Mientras registraban los datos e
intimidaban a Egidio, su vivienda fue allanada sin orden judicial.
Los militares señalaron a EGIDIO de pertenecer a la
guerrilla y le expresaron “desmovilícese, hay una buena recompensa”.
A lo que
el joven respondió que él no era nada de lo que lo señalaban y no tenía por qué
desmovilizarse.
Ante la respuesta fue objeto de amenazas “ojala que cuando
volvamos, lo encontremos armado para capturarlo”. Luego de varios minutos el
ejército se marchó del lugar.
Los militares se dirigieron a la vivienda de Hernando Zapata y al llegar dieron la orden a varios soldados de ir a la casa de Egidio
y capturarlo “vivo o muerto”. Nuevamente Egidio es capturado por varios minutos
y dejado en libertad.
En la vivienda de Hernando practican un allanamiento
ilegal y expresan que tienen una orden de captura en su contra, le quitaron el
teléfono celular y registraron su contenido.
Hernando y su señora madre Rosa María Zapata Arango de 60 años de edad fueron humillados, objetos de malos
tratos, de palabras soeces.
Le dijeron “Usted es alcahuete de la guerrilla y le
da información al guerrillero conocido como Molina de la presencia del
ejército”. A la señora Rosa María le dijeron “perra, alcahuete… se merece por
lo menos 15 años de cárcel”.
Durante varias horas permanecieron retenidos por el
ejército, quienes antes de retirarse del lugar obligaron a Hernando a firmar un
documento, el cual no se lo permitieron leer
El 26 de septiembre del 2012, en la vereda Conguital -
Socorro, fueron capturados sin orden judicial varios campesinos por miembros
del Ejército Nacional de Colombia,-
quienes se hicieron pasar por paramilitares.
Los campesinos capturados de manera ilegal, fueron obligados a afilar unos
cuchillos y posteriormente dejados en libertad.
Quinto
Bombardeos indiscriminados que generan terror y afectación
de bienes civiles
El martes 4 de septiembre de 2012, a las 11:55 a.m. tres
(3) aviones de la Fuerza Área de Colombia – FAC, sobrevolaron las veredas del
Ocal y Badillo, jurisdicción del municipio de Ituango.
Este mismo día en la vereda el Ocal arrojaron varias
bombas de alto poder destructivo, una de esta hizo impacto en la finca del
señor Franco Ramírez, impactando a cerca de 350 metros de distancia de la
vivienda, causando daños en cultivos de maíz y frijol.
Y en la vereda Badillo fueron afectados los predios de
los señores Cipriano Graciano y Ramón Sucerquía.
El domingo 9 de septiembre del 2012 a la 1:17 p.m., se
realizaron nuevos bombardeos por parte de la FAC, cayendo una de las bombas en
la finca del señor Julio Sucerquía,-
ubicada en la vereda Buena Vista San Bartolo, colocando
en peligro la vida de varios campesinos que en ese momento transitaban cerca
del potrero donde cayó el artefacto.
El 26 de septiembre del 2012, nuevamente la FAC realizó
un bombardeo indiscriminado sobre los cerros de la vereda El Ocal.
En la vereda Birri- Birri, se vienen presentando
reiteradamente ametrallamientos y disparos de morteros por parte de miembros de
las Brigadas Móviles No. 17 y No. 18 del Ejército Nacional acantonados en este
lugar
Sexto
Ataque e irrespeto a la labor de defensores de derechos
humanos. Estigmatización y señalamientos contra líderes y funcionarios de
Asocbac y Ascit
El 25 de Agosto de 2012, en el desarrollo de jornadas de
formación a los campesinos de Santa Rita-Ituango, los Defensores de Derechos
Humanos, Pablo Cala y Carolina Hoyos, fueron víctimas de hostigamientos y
presiones indebidas por parte de miembros de la Policía Nacional.
De manera
particular se puede registrar que el Subintendente Bedoya ingresó al sitio
donde se impartían los cursos de formación de manera irrespetuosa perturbando
el desarrollo de las labores.
Ante la solicitud de que se retirara del recinto
y de que permitiera el normal desarrollo de las actividades programadas,
informó a su comandante al Mayor Peña que “allí se está haciendo algo raro
porque esa actividad era programada por Asocbac”.
El 25 de Agosto de 2012, el teniente Rubio y el cabo segundo
Usme Martínez de la Brigada Móvil No. 18 de la Fucad del Ejército Nacional,
trataron de privar de la libertad-
al Defensor de Derechos Humanos, Fernando Sanmiguel, cuando se encontraba realizando labores de difusión y protección de
los derechos humanos en el Corregimiento La Granja-Ituango.
El 27 de Agosto de 2012 en el casco urbano del municipio
de Ituango, tres Defensores de Derechos Humanos, EdinsonCuellar Oliveros, César Santoyo y Pablo Cala,-
solicitaron una entrevista con el coronel Gómez,
comandante de la Móvil No. 18 Fucad, con el fin de poner en su conocimiento
las actuaciones ilegales que viene realizando su tropa.
Sin embargo, al llegar
a su despacho, éste de manera agresiva e intimidante no permitió que los
Defensores de Derechos Humanos hablaran sino que exigió la identificación de
todo el equipo que-
se encontraba realizando las labores de formación dado que
los iba a denunciar y de manera particular preguntó por la abogada Carolina Hoyos quien había exigido a sus tropas el respeto a las labores de los
Defensores de DDHH.
Ante esta situación de irrespeto e intimidación no se pudo
realizar la reunión y los delegados de nuestra organización se retiraron del
lugar.
En La Granja-Ituango, unidades militares de la Brigada
Móvil No. 18 de la Fucad del Ejercito Nacional, en la extralimitación de sus
funciones constitucionales-
viene realizando señalamientos, estigmatización y
persecución a directivos y afiliados de las organizaciones campesinas Asocbac y
Ascit, al tildarlos de hacer parte de la guerrilla de las FARC.
Igualmente, los
militares han manifestado que aquellas personas que asistieron a la jornada de formación realizada del 25 al 28 de Agosto del
presente año por el Colectivo OFB en diferentes puntos del Municipio de
Ituango, eran colaboradoras de la guerrilla de las FARC.
El día Sábado 01 de Septiembre de 2012, la señora Luz Mary Álvarez, fue a la base militar instalada en la cabecera municipal de
Ituango con el fin de presentar las facturas para que le coloquen el sello de
autorización y lograr transportar un material de construcción hacia la vereda.
En el momento de la presentación de la factura el oficial de turno le dijo que “Usted
no tiene nada que hacer aquí, no le vamos a firmar la factura” y de
manera intimidante le manifiesta que “debe venir su esposo, Ananías Manuel Vega, para ver cuál es su problemita”.
Ananías es líder campesino, Defensor
de Derechos Humanos y Vice-presidente de la Ascit.
El Comandante de la Brigada No. 18 en reuniones con
Asocomunal ha estigmatizado al señor Julián Cabrera Marín, líder campesino,
Defensor de Derechos Humanos y funcionario de Asocbac como asesor acompañante
para Ascit, afirmando que es un guerrillero de las FARC y que éste “cae
porque cae”.
Volver a la página principal
