viernes, julio 13, 2012

Parauribismo/
Los “líderes” del Ejército Anti- Restitución
Por Camilo Segura Álvarez

Augusto ‘El Tuto’ Castro y Omar Montero alias ‘Codazzi’ fueron militantes activos del Bloque Norte de las Auc, bajo el mando de ‘Jorge 40’.

Hoy, son sindicados por el presidente Santos de liderar el Ejército Anti-Restitución. ¿Son tan peligrosos como los pintan?

Gran preocupación causó en el Bajo Magdalena la recompensa que ofreció el presidente Santos por estas dos personas.

Según información no oficial, ambos deambulan por los municipios de Chivolo, Sabanas de San Ángel, El Difícil y Codazzi, entre otros.

Las comunidades temen que la calma ‘chicha’ que reina por estos días se transforme en una ola de violencia.

¿Quiénes son estas personas que, según el Gobierno, han puesto en jaque la restitución de tierras?

Augusto ‘El Tuto’ Castro

Documentos judiciales y pruebas testimoniales demuestran que Castro fue determinador de varias acciones violentas y que ha actuado como testaferro de tierras apropiadas por los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Es un ganadero reconocido en la región del Bajo Magdalena. Durante mucho tiempo, estuvo asentado en el municipio de Ariguaní, más conocido como El Difícil.

Su papel dentro de la expansión del Bloque Norte de las Auc fue el de un comandante de tipo financiero, pues puso al servicio de la organización criminal sus nexos con la clase ganadera y política de la región.

En Chivolo y en Sabanas de San Ángel, más exactamente en la vereda la Palizua, tiene algunas propiedades que le fueron endosadas por Jorge 40 con el propósito de configurar-

anillos de seguridad que le permitieran al jefe paramilitar mantenerse como “amo y señor” de la región una vez finalizado el proceso de Justicia y Paz con el gobierno Uribe.

En investigaciones hechas por las fiscalías especializadas de Santa Marta, por la Unidad de Justicia y Paz de esa ciudad y la Unidad Antiterrorista de Bogotá, se ha establecido que ‘El Tuto’ Castro y su familia,-

en especial su hermano el exsenador Jorge Castro, condenado por la Corte de Suprema de Justicia por parapolítica, tienen una gran influencia en la población y la institucionalidad de la región.

Tanto así que, a pesar de que pobladores del Plato, Ariguaní y Bosconia, así como la Corporación Jurídica Yira Castro, denunciaron la presencia de Castro durante los últimos dos años, la respuesta de la institucionalidad fue desoír a la comunidad y tacharla de “mentirosa”.

En la Palizua, los procesos de testaferrato que Castro hizo sobre los predios despojados de ‘Jorge 40’ contaron con el apoyo técnico y económico de la Corporación Autónoma del Departamento del Magdalena.

 La entidad le dio todo su aval a ‘El Tuto’ para iniciar unos proyectos de reforestación en un predio de más de 500 hectáreas, que hoy es objeto de restitución, con arboles de Tolúa y Eucalipto.

Confidencial Colombia reveló recientemente las denuncias que indican que ‘El Tuto’ fue capturado y luego liberado por miembros de la Policía Nacional.

La primera vez, el pasado 5 de enero en el municipio de El Difícil donde, presuntamente, fue retenido en el cementerio toda la noche, hasta la madrugada del día siguiente cuando luego de entregar un pago de 30 millones de pesos fue dejado en libertad.

La segunda, el 14 del mismo mes, cuando uniformados, que ya se encuentran procesados por estos hechos, lo capturaron y luego exigieron a la familia de Castro 100 millones de pesos por dejarlo ir.

Omar Montero, alias ‘Codazzi’

Fue parte de la estructura militar del Bloque Norte. Es reconocido por su sevicia en la comisión de varios crímenes. Entre las autoridades, ha hecho regar el rumor de que está muerto.

Sin embargo, las comunidades de Chivolo, El Plato, Pivijay y San Ángel e investigadores judiciales, dicen que se encuentra vivo y que hace parte de un grupo armado que,-

desde junio de 2011, patrulla en un sector conocido como el caño El Mulero y en un resguardo chimila ubicado en el municipio de San Ángel.

En la región se ha esparcido el rumor de que ‘Codazzi’ tiene una red de informantes por todo el Magdalena y parte del Cesar que le permite movilizarse sin problemas.

Esa red estaría conformada por desmovilizados de las mismas estructuras de Tovar Pupo.

El 4 de agosto del 2000, el Incoder Magdalena le adjudicó un predio en Chivolo, la finca El Tamarindo en el predio de Planadas, el de más extensión en la región.

Para ese momento, ya había sido desplazada y despojada la comunidad que allí habitaba.

Lo que no es comprensible es que 5 años después de que se presentaron las primeras denuncias sobre estos hechos, 3 años después del retorno de las comunidades-

y de varios procesos de desalojo contra los legítimos propietarios de estas tierras, la adjudicación a nombre de Omar Montero siga en firme.

¿Por qué, si el Gobierno tiene tan bien identificado a ‘Codazzi’ como el líder del Ejército anti-restitución, no ha podido dar marcha atrás a esta adjudicación?

¿Por qué, si desde hace un año la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y la MAPP-OEA pudieron corroborar la presencia de un grupo armado en el caño El Mulero,-

y las comunidades han denunciado que de él hace parte ‘Codazzi’, hasta ahora se alerta sobre la peligrosidad de Montero?¿Es este grupo una facción del Ejército Anti-restitución?

La restitución en riesgo

El pasado 2 de junio en Chivolo, en una reunión en la que participaron todas las autoridades civiles y militares del orden local, la comunidad sostuvo sus denuncias sobre la presencia de Montero y Castro en la región.

La respuesta de las autoridades fue que no tenían conocimiento de ello y que investigarían.

Sin embargo, es evidente que para que el presidente Santos haya salido en público a hacer tamaña sindicación sobre estos dos personajes, por lo menos los organismos de inteligencia tenían conocimiento de su proceder delictivo desde hace tiempo.

¿Por qué, si las autoridades, incluida La Procuraduría, han estado de acuerdo en la creación de un plan de protección concertado con las comunidades, nadie había sido enterado de las sindicaciones que se le hacían a las personas que los pobladores han visto en sus territorios y que ellos han denunciado?

Si es verdad que ellos dirigen esa organización, es evidente que el riesgo de que la restitución fracase en Chivolo es inminente.

La presencia del grupo armado del que, presuntamente, hace parte Omar Montero; la inoperancia de la Fiscalía para desarticular las redes de despojo que dejo constituidas Jorge ‘40’en el Bajo Magdalena;-

la imposibilidad del Incoder regional y nacional para tumbar los títulos y adjudicaciones de las que gozan; y la desconfianza de las comunidades frente a las autoridades para la creación de un plan concertado de protección, no dan grandes perspectivas para que la restitución en Chivolo sea un éxito.

¿Buscando un positivo?

Cabe señalar que las apariciones “públicas” del Ejército Anti-restitución han estado diseminadas por el territorio nacional desde febrero de este año, un mes después de la entrada en vigor de la Ley de víctimas.

Hasta ahora, solo se conocía la entrega de panfletos amenazantes en Nariño y Cesar en febrero, y ahora, en Magdalena, Sucre y Bolívar.

Recientemente, defensores de DDHH y políticos fueron señalados por esa organización ilegal de querer darle tierra a guerrilleros a través de la Ley de Víctimas, en lo que pareciera el lanzamiento de un proyecto de ultraderecha a nivel nacional.

Llama la atención que de las trece personas amenazadas, solo una, el representante Iván Cepeda, esté vinculada con el tema de tierras. ¿Por qué amenazar a los demás?

Es probable que los asesinatos de más de 50 líderes de restitución de tierras en los últimos tres años se le atribuyan desde el Ejecutivo a ese grupo armado.

Sin embargo, si es tan alto el poder que ostenta, no tiene sentido que sus acciones armadas hayan sido invisibilizadas por autoridades militares y civiles.

Contrario a lo que sí ha ocurrido con las acciones de otros grupos similares, por ejemplo, con el paro armado de ‘Los Urabeños’ en el noroccidente del país o las masacres de ‘Los Rastrojos’ en el sur.

El ofrecimiento de 150 millones de pesos por ‘Codazzi’ y ‘El Tuto’ que hizo el Gobierno puede tener tanto de acertado como de mediático.

¿El Ejército Anti-restitución es la principal amenaza a la aplicación de la ley de víctimas? ¿Tiene sentido que un par de subalternos de’ Jorge 40’ decidan, a motu propio, ponerse los reflectores en la cara emprendiendo una cruzada contra la política bandera de Santos?

“Sabemos que existe, pero no es plausible que ‘El Tuto’ y ‘Codazzi’ sean los cerebros del Ejército Anti- restitución.

Para nosotros, los determinadores, fundadores y financiadores de las antiguas Auc son los que están detrás de eso” dice Germán Romero, abogado de la Corporación Yira Castro, que representa jurídicamente a varias comunidades campesinas del Magdalena.

Es acertado que el Gobierno ejerza presión sobre los violentos y se preocupe por garantizar los derechos de las personas que han sufrido esta cruenta guerra.

Si ‘El Tuto’ Castro y ‘Codazzi’ son judicializados habrá mayores garantías para las comunidades del Bajo Magdalena. Pero, ojalá, sus eventuales capturas no signifiquen únicamente un triunfo mediático y la bestia violenta, que han desatado los reaccionarios de siempre, siga viva y matando.


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