Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
Una sentencia judicial obligó al Ejército Nacional a pedir
perdón a la familia de Alfredo Sierra
Castilla, quien fue retenido y asesinado por integrantes del Batallón de
Infantería 31 Rifles, adscrito a la Decimoprimera Brigada.
El crimen tuvo lugar el 21 de mayo del año 1994 en la
localidad de Puerto Carguero, jurisdicción del municipio de Nechí, Antioquia,
cuando terroristas estatales detuvieron y asesinaron a la víctima presentándola
luego como guerrillero dado de baja en combate.
Después de un largo proceso y ante las pruebas
contundentes recopiladas por la Fiscalía, los criminales tuvieron que reconocer
que Sierra Castilla era un campesino a quién detuvieron ilegalmente.
Luego de la detención arbitraria, los “héroes de la
patria”, amarraron a la víctima en la base militar acantonada en Carguero.
Acto seguido lo condujeron a la hacienda Monterrey, corregimiento Palomar, municipio
de Caucasia y lo asesinaron a sangre fría.
“No hay palabras que justifiquen un hecho tan irreparable
como el que sucedió”, dijeron hipócritamente voceros castrenses y se
comprometieron a que estos lamentables sucesos jamás vuelvan a suceder en
Colombia.
Sin embargo, el mismo día que el Ejército pidió perdón por
el asesinato del labriego Alfredo Sierra Castilla, el Sindicato de Trabajadores
Agrícolas de Sumapaz, denunció que miembros del Ejército Nacional asesinaron al
campesino Duver Celeita Cifuentes.
Según el sindicato el crimen fue perpetrado el pasado 13
de abril por las fuerzas militares que operan en la región, hacia el cañón del
río Duda, en La Uribe, Meta.
Duver Celeita Cifuentes era muy conocido, pues había
nacido y vivido siempre en la vereda de San José, corregimiento de San Juan de
Sumapaz. El nuevo crimen del Ejército dejó tres menores huérfanos y una viuda
más.
En la actualidad el Gobierno, el ministro de Defensa Juan
Carlos Pinzón, altos mandos castrenses, congresistas y dirigentes políticos
inescrupulosos, así como la extrema derecha del país, insisten en-
que el fuero militar sea ampliado, con lo cual las
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario cometidos por los militares quedarán en la impunidad.
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