Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo. Notimundo
Por el asesinato a sangre fría de cinco personas, entre ellas una niña, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a un oficial, un suboficial y diez soldados del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio múltiple en persona protegida, en concurso con desaparición forzada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Igualmente informó la Fiscalía que los crímenes fueron cometidos el 25 de mayo de 2005 en la vereda Porvenir del municipio de Monterrey, Casanare, donde tropas del Ejército asesinaron a Misael Álvarez Guerrero, Yuber Armando Contreras Álvarez, Berney Guerrero Bohórquez, Hilda Blanca Cruz Montejo (menor de edad) y Nelson Enrique Arias Ramírez y luego los presentaron como abatidos en combate.
Los presuntos criminales son : José Francisco Bustamante de la Cruz, teniente coronel, Rubén Darío Saavedra Rincón, sargento segundo, Nilson Gómez Jiménez, Ariosto Segura Guanay, José Elacio Rincón Pérez, José Alexander López Gutiérrez, Neptalí Ovejero, Jorge Alexander Vargas Barrera, Erasmo Ortiz Naranjo, Javier Chanchi Pedroza, Melquis Segua y Ramiro Comayán Barrera, soldados profesionales, como coautores y cómplices de los delitos mencionados.
El oficial Bustamante de la Cruz y el suboficial Saavedra Rincón fueron capturados en las últimas horas por miembros del CTI de Villavicencio y se encuentran “privados de la libertad” en el Batallón de Policía Militar No. 13 en Bogotá.
Otros tres militares acusados por asesinato de indígenas Wayúu
En otro proceso, igualmente a cargo de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, fue acusado el coronel Wilmer Eliécer Gómez Núñez, comandante del Gaula del Ejército, adscrito al Batallón Cartagena, como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal.
Según la información de la Fiscalía, por asesinato a sangre fría fueron acusados Wilson Otavo Otavo, sargento segundo, y Eduar Fabián Ramírez Cifuentes, soldado profesional.
El ente investigador pudo establecer que los crímenes fueron cometidos el 8 de junio de 2004 en el municipio de Manaure, Guajira, donde tropas del Ejército Nacional asesinaron a Héctor Eduardo Gómez y Belisario Uriana Gómez, miembros de la etnia Wayuu.
El fiscal instructor estableció que no hubo combate y que las víctimas no pertenecían a la insurgencia como habían aducido los criminales. Los presuntos homicidas están “privados de la libertad”, afirmó la Fiscalía.
En la deforma a la justicia, eufemísticamente denominada "reforma a la justicia", que se tramita en el Congreso de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que cobijar con el manto de la impunidad los crímenes pasados, presentes y futuros cometidos por miembros de la fuerza pública.
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