Seguridad narcocrática/

Acusados coronel y exalcalde por desapariciones forzadas y asesinatos

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Fiscalía informó que el coronel del Ejército Nacional, Juan Carlos Castañeda Villamizar, y el exalcalde de Recetor, Casanare, Flaminio Cocinero Costo, fueron cobijados con resolución de acusación por una fiscal de Derechos Humanos y DIH que investiga las desapariciones y los asesinatos de al menos 30 habitantes de las veredas de ese municipio y de Chámeza.

El proceso inicia con las denuncias elevadas por familiares de las víctimas, quienes indicaron a la Fiscalía que entre 2002 y 2003 paramilitares citaban a los lugareños a reuniones, y posteriormente los desaparecían.

Los funcionarios judiciales establecieron que los campesinos citados por los ‘paras’ eran torturados y posteriormente asesinados con arma blanca o un disparo de fusil.

Según testigos en la elaboración de los listados de víctimas intervenía el entonces alcalde Cocinero Costo, mientras que el coronel Castañeda Villamizar, entonces comandante del Batallón No.44, Ramón Pérez Nonato, se encargaba de no realizar operativos por las zonas donde los 'paras'  cumplian su tarea.

La Fiscalía acusó a los presuntos criminales, Castañeda Villamizar y Cocinero Costo,  por los delitos de desaparición forzada agravada, tortura agravada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

El pasado 18 de febrero el presidente Santos expresó que el artículo sobre la ampliación del fuero penal militar incluido en la reforma a la justicia que se tramita en el Congreso sería retirado.

Dicho artículo consistía en garantizar impunidad a los crímenes y atrocidades cometidos por miembros de la fuerza pública.

Sin embargo el Gobierno y las fuerzas militares no cejan en su empeño de buscar la manera de arropar con impunidad estos delitos y para eso buscan legitimar otro esperpento peor que el anterior.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para reformar la Justicia Penal Militar.

En este, desde  ya se conoce, busca que al menos  las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por las fuerzas militares, sean materia exclusiva de la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de impunidad.

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