Parauribismo/Colombia debe combatir la impunidad dice la ONU
También señaló que el Gobierno debe proteger a testigos, familiares de víctimas, defensores y jueces, que intervienen en casos de violaciones a los derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Voz
El pasado miércoles 24 de marzo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU advirtió sobre la necesidad urgente de que el gobierno colombiano tome las medidas pertinentes con el fin de garantizar y-
proteger la vida y la integridad de testigos, familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos y jueces, que trabajan en casos en el que se ha puesto de manifiesto la violación a los derechos humanos.
En el momento de presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos, CDH, del organismo internacional, referente al Estado colombiano, la alta comisionada adjunta Kyung-wha Kang, alertó que en el país persisten problemas como las graves amenazas contra personas vinculadas a procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales, mal llamados-
“falsos positivos”, las cuales se han manifestado en presiones contra fiscales y testigos, hasta amenazas de muerte e, incluso, asesinatos, que es lo que les está ocurriendo, por ejemplo, a las Madres de Soacha.
Kyung-wha Kang advirtió en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, que para Colombia, “Es fundamental que todos los casos de violaciones de derechos humanos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas sean vistos por tribunales civiles".
Igualmente señaló que varias informaciones recibidas por el Alto Comisionado daban cuenta del aumento de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos.
"Quedan por dar pasos esenciales, como la investigación de abusos pasados, la implementación de mecanismos para depurar los archivos de inteligencia y el desarrollo de sistemas para la protección de datos personales", explicó.
Otros dos puntos que sobre Colombia tocó la comisionada adjunta, fue el alarmante recrudecimiento del reclutamiento de niños ejercido principalmente por los grupos paramilitares los cuales se encuentran en constante crecimiento en varias regiones del país.
La funcionaria también calificó como alarmante el número de casos de violaciones sexuales que estos grupos están cometiendo. Finalmente corroboró que son los civiles quienes continúan padeciendo con mayor rigor la violencia del conflicto armado que padece Colombia desde hace más de cuatro décadas.
La ONU también le pidió a Colombia un mayor control sobre los organismos de inteligencia, en clara referencia a los continuos escándalos que se han descubierto en el DAS, organismo que depende directamente del presidente Uribe.
Este organismo que según investigaciones de la Fiscalía y denuncias de varios cabecillas de los paramilitares, fue literalmente tomado por estos y desde allí se realiza interceptaciones ilegales de comunicaciones y seguimientos a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición.
“Algunos miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno”, advirtió el documento de la ONU.
También señaló que el Gobierno debe proteger a testigos, familiares de víctimas, defensores y jueces, que intervienen en casos de violaciones a los derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Voz
El pasado miércoles 24 de marzo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU advirtió sobre la necesidad urgente de que el gobierno colombiano tome las medidas pertinentes con el fin de garantizar y-
proteger la vida y la integridad de testigos, familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos y jueces, que trabajan en casos en el que se ha puesto de manifiesto la violación a los derechos humanos.
En el momento de presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos, CDH, del organismo internacional, referente al Estado colombiano, la alta comisionada adjunta Kyung-wha Kang, alertó que en el país persisten problemas como las graves amenazas contra personas vinculadas a procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales, mal llamados-
“falsos positivos”, las cuales se han manifestado en presiones contra fiscales y testigos, hasta amenazas de muerte e, incluso, asesinatos, que es lo que les está ocurriendo, por ejemplo, a las Madres de Soacha.
Kyung-wha Kang advirtió en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, que para Colombia, “Es fundamental que todos los casos de violaciones de derechos humanos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas sean vistos por tribunales civiles".
Igualmente señaló que varias informaciones recibidas por el Alto Comisionado daban cuenta del aumento de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos.
"Quedan por dar pasos esenciales, como la investigación de abusos pasados, la implementación de mecanismos para depurar los archivos de inteligencia y el desarrollo de sistemas para la protección de datos personales", explicó.
Otros dos puntos que sobre Colombia tocó la comisionada adjunta, fue el alarmante recrudecimiento del reclutamiento de niños ejercido principalmente por los grupos paramilitares los cuales se encuentran en constante crecimiento en varias regiones del país.
La funcionaria también calificó como alarmante el número de casos de violaciones sexuales que estos grupos están cometiendo. Finalmente corroboró que son los civiles quienes continúan padeciendo con mayor rigor la violencia del conflicto armado que padece Colombia desde hace más de cuatro décadas.
La ONU también le pidió a Colombia un mayor control sobre los organismos de inteligencia, en clara referencia a los continuos escándalos que se han descubierto en el DAS, organismo que depende directamente del presidente Uribe.
Este organismo que según investigaciones de la Fiscalía y denuncias de varios cabecillas de los paramilitares, fue literalmente tomado por estos y desde allí se realiza interceptaciones ilegales de comunicaciones y seguimientos a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición.
“Algunos miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno”, advirtió el documento de la ONU.
