El día de las elecciones el Gobierno amordazó a la prensaEn los meses previos y en el día de las elecciones legislativas se presentaron sendas violaciones contra la libertad de prensa. La peor agresión provino del Gobierno que con decretos inconstitucionales amordazó a los comunicadores
Por Camilo Raigozo. Voz
Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, conocido la semana pasada, da cuenta de que al menos existieron ocho acciones que atentaron contra la libertad de prensa, entre el 13 de diciembre de 2009, fecha en que se autorizó legalmente a los candidatos al Congreso de la República a hacer campaña, hasta el 16 de marzo de 2010, día en que se inició el escrutinio oficial.
Se reportaron dos amenazas, cinco obstrucciones y un trato inhumano, contra periodistas de diferentes medios de comunicación. La Flip aclaró que el número de casos puede ser superior dado que por diferentes motivos algunos no son reportados.
Las violaciones se registraron en el Valle de Cauca, Antioquia, Meta, Nariño, Arauca, Sucre y Bogotá. Desde el 21 de febrero de 2010, circuló en Cartago, Valle del Cauca, una amenaza de muerte contra cinco periodistas y contra varios ciudadanos del municipio.
La amenaza estaba firmada por paramilitares autodenominados “Los Doce del Patíbulo”, quienes declararon objetivo militar a personas que no estuvieran de acuerdo con la gestión del actual alcalde de Cartago. En los últimos cinco años, dos periodistas han sido asesinados en ese municipio.
En Sincelejo, Sucre, el periodista radial Manuel Morón Arrieta fue amenazado con armas de fuego el pasado 8 de marzo por varios sujetos que se movilizaban en una camioneta. “No se meta con la clase política”, le advirtieron y luego huyeron.
El periodista había publicado en las últimas semanas informes sobre las campañas electorales y los vínculos de la clase política con los paramilitares. El día de las elecciones, los periodistas de departamento de Guaviare vieron limitado su acceso a los-
resultados electorales y a los puestos de votación por una orden presuntamente dada por el registrador departamental, Enrique Ortega. Según quejas de los reporteros a la Flip, en los municipios Calamar y El Retorno, la Registraduría Departamental les impidió el acceso a los puestos de votación.
Mordaza mediante decretos anticonstitucionales
Sin embargo el mayor obstructor a la libertad de prensa en la fecha electoral fue el propio Gobierno, al expedir el 3 de marzo de 2010 el decreto 671 para reglamentar el proceso electoral.
Dicho decreto fijó “normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones al Congreso de la República”. Los artículos 7, 9 y 10 de ese decreto, violaron la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, que protegen la libertad de expresión, el derecho fundamental al acceso a la información y obstaculizaron el libre ejercicio de la prensa.
De esta manera el Gobierno limitó derechos fundamentales a través de un decreto reglamentario, “cuando la jurisprudencia nacional e internacional aclaran que esto solo se puede hacer a través de una ley, y en este caso, no existe ninguna norma legal en materia electoral que así lo permita”, dice la Flip.
El segundo parágrafo del artículo 7 decía que una vez cerrada la votación “los medios de comunicación citados sólo podrán suministrar información sobre resultados electorales provenientes de las autoridades electorales”, lo que implicó que los periodistas no pudieron emitir información suministrada por fuentes diferentes a la Registraduría Nacional, como por ejemplo, observadores nacionales, internacionales o testigos electorales.
A su vez, el artículo 9 señalaba que, “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”.
Aquí se violó el artículo 73 de la Constitución y se condenó al país a ignorar por decreto lo que realmente sucedió en el país ese día con una visión diferente a la del régimen.
Por último, el artículo 10 impuso que “los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por las autoridades electorales,” coartando la libertad que tenían los periodistas de darle prelación a la información que ellos consideren necesaria. Foto C.Cortéss.
