Parauribismo/ Aterrador comportamiento del régimen de la ‘seguridad democrática’ con los derechos humanos
Entre el año 2002 y el 2008 fueron asesinados 430 sindicalista, desplazadas más de 2.4 millones de personas y se investigan al menos 1.200 ejecuciones extrajudiciales, entre otras monstruosidades del régimen
Por Camilo Raigozo. Voz
Una cifra escalofriante y constante es el número de personas desplazadas cada día en el régimen uribista: al menos 1.250 personas en su mayoría mujeres y niños, son en promedio desarraigadas forzosamente de sus tierras cada 24 horas, según cifras-
ofrecidas en una declaración pública del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, el pasado 9 de marzo, titulada, “Declaración Pública por la memoria y contra la impunidad”.
La declaración rechaza tajantemente la continuidad de la política de ‘seguridad democrática’, por su aterrador comportamiento con los derechos humanos de los colombianos y su altísimo nivel de impunidad.
La organización de víctimas critica que en los últimos ocho años, y a pesar del incremento en el gasto militar para la seguridad, “persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario,-
la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”, dice en uno de sus apartes el documento.
El texto del Movice resume a grandes rasgos lo que ha sido la política de ‘seguridad democrática’ de Uribe en materia de derechos humanos e impunidad de la manera siguiente:
Ha sido una política de perdón y olvido para los paramilitares, pues de los 35.353 criminales que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98 por ciento, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado. Esta única condena fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Más de 133 congresistas y ex-congresistas han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares.
Entre el año 2002 y el 2008 fueron asesinados 430 sindicalista, desplazadas más de 2.4 millones de personas y se investigan al menos 1.200 ejecuciones extrajudiciales, entre otras monstruosidades del régimen
Por Camilo Raigozo. Voz
Una cifra escalofriante y constante es el número de personas desplazadas cada día en el régimen uribista: al menos 1.250 personas en su mayoría mujeres y niños, son en promedio desarraigadas forzosamente de sus tierras cada 24 horas, según cifras-
ofrecidas en una declaración pública del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, el pasado 9 de marzo, titulada, “Declaración Pública por la memoria y contra la impunidad”.
La declaración rechaza tajantemente la continuidad de la política de ‘seguridad democrática’, por su aterrador comportamiento con los derechos humanos de los colombianos y su altísimo nivel de impunidad.
La organización de víctimas critica que en los últimos ocho años, y a pesar del incremento en el gasto militar para la seguridad, “persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario,-
la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”, dice en uno de sus apartes el documento.
El texto del Movice resume a grandes rasgos lo que ha sido la política de ‘seguridad democrática’ de Uribe en materia de derechos humanos e impunidad de la manera siguiente:
Ha sido una política de perdón y olvido para los paramilitares, pues de los 35.353 criminales que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98 por ciento, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado. Esta única condena fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Más de 133 congresistas y ex-congresistas han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares.
También son investigados por delitos graves como asesinatos y desapariciones forzadas 14 ex gobernadores, 7 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría de estos pertenecientes al partido político del actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Estas cifras continúan abultándose a medida que la justicia procede.
30.000 crímenes de lesa humanidad
Otra de las críticas de las víctimas a la política de seguridad democrática, son las acciones delictivas del régimen, puestas cada vez más al descubierto a medida que avanzan las investigaciones, utilizando al DAS para realizar acciones criminales contra defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados, jueces, sindicalistas y en general contra opositores del Gobierno.
Advierte el documento que Jorge Noguera, a quién Uribe mantuvo en la dirección del DAS entre 2002 y 2005, se encuentra detenido por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones y por la creación de un órgano ilegal que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a jueces, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
También da cuenta el texto de que hoy operan al menos 22 grupos paramilitares, que a finales del año pasado sumaban más de 11.000 delincuentes armados, “el mismo número que reportaban para el año 2002”, al comienzo del mandato de la seguridad democrática.
La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos con el único objetivo de evitar que las víctimas obtuvieran información sobre los beneficiarios y autores intelectuales de más de 30.000 crímenes de lesa humanidad.
Así mismo la Fiscalía investiga más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública entre los años 2002 a 2008. Entre 2002 y 2009 más de 430 sindicalistas han sido asesinados. Tan sólo en el año 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas.
Así mismo la política de seguridad democrática ha infringido permanentemente las normas del Derecho Internacional Humanitario al utilizar a la población civil en el conflicto armado bajo modalidades como “la red de informantes”, “red de cooperantes”, “soldados por un día”, “familias guardabosques”, “soldados campesinos”, “estudiantes informantes”, “taxistas informantes”, entre otros.
Finalmente la declaración afirma que la entrega de siete bases militares al gobierno de los Estados Unidos, deja por fuera del control nacional las acciones cometidas por estas fuerzas militares, otorgándoles inmunidad por los delitos que los estadounidenses puedan cometer en nuestro país.
30.000 crímenes de lesa humanidad
Otra de las críticas de las víctimas a la política de seguridad democrática, son las acciones delictivas del régimen, puestas cada vez más al descubierto a medida que avanzan las investigaciones, utilizando al DAS para realizar acciones criminales contra defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados, jueces, sindicalistas y en general contra opositores del Gobierno.
Advierte el documento que Jorge Noguera, a quién Uribe mantuvo en la dirección del DAS entre 2002 y 2005, se encuentra detenido por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones y por la creación de un órgano ilegal que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a jueces, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
También da cuenta el texto de que hoy operan al menos 22 grupos paramilitares, que a finales del año pasado sumaban más de 11.000 delincuentes armados, “el mismo número que reportaban para el año 2002”, al comienzo del mandato de la seguridad democrática.
La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos con el único objetivo de evitar que las víctimas obtuvieran información sobre los beneficiarios y autores intelectuales de más de 30.000 crímenes de lesa humanidad.
Así mismo la Fiscalía investiga más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública entre los años 2002 a 2008. Entre 2002 y 2009 más de 430 sindicalistas han sido asesinados. Tan sólo en el año 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas.
Así mismo la política de seguridad democrática ha infringido permanentemente las normas del Derecho Internacional Humanitario al utilizar a la población civil en el conflicto armado bajo modalidades como “la red de informantes”, “red de cooperantes”, “soldados por un día”, “familias guardabosques”, “soldados campesinos”, “estudiantes informantes”, “taxistas informantes”, entre otros.
Finalmente la declaración afirma que la entrega de siete bases militares al gobierno de los Estados Unidos, deja por fuera del control nacional las acciones cometidas por estas fuerzas militares, otorgándoles inmunidad por los delitos que los estadounidenses puedan cometer en nuestro país.
