Catatumbo, Norte de SantanderRetaliación del régimen con detenciones masivas y arbitrarias
Por Camilo Raigozo. Voz
Líderes de Ascamcat en la Audiencia Popular en La Gabarra, Tibú. Foto Camilo Raigozo.
El pasado sábado 6 de febrero en horas de la mañana, en el corregimiento La Trinidad, municipio de Convención, miembros de LA Fiscalía, CTI, Sijin y un comando especial del Ejercito, realizaron la detención de los campesinos José de Dios Benítez, Roimer Carrascal y Edilson Márquez, miembros de la Junta de Acción comunal de su vereda.
A las fuerzas represivas del Estado la acompañaban los informantes de profesión Jair Ascaño, alias “Walter”; Jaider Claro y Diorgen Estevez, quienes se distinguían en la región por ser vagos, araganes y maleantes. Luego se fueron a trabajar con el Ejército como informantes remunerados, según las denuncias.
Simultáneamente ocurrió lo mismo en los corregimientos El Aserrío, San Pablo y La Cecilia, del municipio de Teorama, donde fueron detenidos José Alberto Quintero Salazar, Jesús Antonio Quintero Salazar, Olinto Salazar Pabón, Gabriel Quintero, inspector de Policía, Aleida Angarita, ex presidenta de la junta de acción comunal y-
Yorgen Acosta, fiscal de la junta de acción comunal. Allí las tropas utilizaron a los informantes alias”Sientero” y “Carlos Estévez”. El 7 de febrero fueron detenidos Dioscamel Galvis Vergel, en La Cecilia y Héctor Saúl Carrascal y su hijo Neider Carrascal, en el corregimiento de San Pablo.
El 6 de febrero, en el corregimiento de San Juancito, municipio de Teorama, la Fiscalía y el Ejército estuvieron pidiendo la cédula a los habitantes donde las fotocopiaron, filmaron y fotografiaron a las personas.
El lunes 7 de febrero, el ejército rodeó el pueblo y argumentó que tenía 15 órdenes de captura. El 6 de febrero, en El Tarra fueron retenidas 150 personas, registradas las cédulas, fotografiadas y filmadas, lo mismo que las personas. Al día siguiente hicieron lo mismo con otros 100 pobladores.
Las comunidades denunciaron que todas las personas detenidas en esta ocasión, habían sido retenidas por el ejército hace dos meses, fotografiadas y filmadas, lo mismo que sus documentos de identidad.
Al cierre de esta edición, los campesinos detenidos se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta, acusadas de terrorismo y concierto para delinquir. La Asociación Campesina del Catatumbo hizo un llamado urgente a la Defensoría, Personería y Procuraduría, para que cumplan con su deber constitucional de proteger a la población de los atropellos de los agentes del Estado.
También hicieron un llamado a la comunidad internacional y nacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los medios de comunicación y a las organizaciones sindicales para que estuvieran vigilantes con el respeto de los derechos civiles de las víctimas.
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