Militares mataron a los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia: EU
Por Caracol Radio

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificado recientemente por petición de una ONG, afirma que durante la retoma del Palacio de Justicia, los empleados de la cafetería fueron asesinados por militares.

Caracol Radio tuvo acceso al documento, que dice textualmente que "los soldados mataron un número de integrantes del M-19 y sospechosos de ser sus colaboradores, incluyendo el personal de la Cafetería del Palacio".

De acuerdo con el mismo informe, el coronel Alfonso Plazas (foto) "comandó en noviembre de 1985, el asalto armado al edificio de la Corte Suprema después de haber sido tomado por el M-19".

El documento, realizado a finales de 1998 y titulado como "clasificado", relata varias reuniones llevadas a cabo entre altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá con mandos militares de la época, hablando sobre el juzgamiento de uniformados presuntamente vinculados con casos de violaciones de Derechos Humanos.

El abogado Rafael Barrios Mendivil, defensor de los familiares de las víctimas, dijo a Caracol Radio que pedirá a la juez que adelanta el juicio contra el coronel Plazas Vega, que tenga en cuenta el documento del Departamento de Estado, como prueba sobreviniente.

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Atentado ambiental en el páramo El Almorzadero por concesión del Gobierno a multinacional
Al menos 8.478 hectáreas de tierra ubicadas en ese hermoso páramo fueron dadas en concesión por 29 años a la multinacional Continental de Carbones
Por Camilo Raigozo. Voz

Inmensa preocupación y asombro ha causado en las comunidades campesinas, organizaciones de base, instituciones educativas, organizaciones defensoras de derechos humanos, del medio ambiente y en las autoridades locales de los municipios cercanos que se verán más directamente afectados por la explotación de carbón a cielo abierto, según el contrato de concesión por parte del Gobierno del presidente Uribe a la empresa Continental de Carbones, el cual tendrá una vigencia de al menos 29 años.

El páramo El Almorzadero, es una hermosa obra de la naturaleza que los humanos pueden apreciar sí se desplazan por la carretera que va de Málaga, pasando por Cerritos, ambos municipios de Santander, hasta Cúcuta, pasando por el corregimiento de Chitagá, Norte de Santander.

Precisamente los deslumbrantes paisajes que ofrece la ingeniería natural en el páramo El Almorzadero a la vista humana, que definitivamente serán destruidos por la explotación minera, son jurisdicción de los municipios de Cerritos y Chitagá.

Según una información de la ONG ambientalista, Censat Agua Viva, conocida el pasado 29 de septiembre, el proyecto minero quiere extraer de las entrañas del páramo el carbón que está cumpliendo con la función de purificar el agua utilizada por los campesinos y los habitantes de la provincia de García Rovira en Santander, para desarrollar sus actividades agropecuarias, la cual será irremediablemente contaminada por la empresa minera desconociendo de paso todas las voces que se oponen y han hecho resistencia al modelo extractivista e insostenible.

“Esta concesión otorgada a 29 años es un atropello a la lucha que por más de 20 años ha venido dando la comunidad de este territorio con vocación agropecuaria y de economía campesina”, advierte la ONG.

Riqueza hídrica

En los mantos de carbón del páramo nacen quebradas, ríos y al menos 31 lagunas que alimentan las cuencas del río Servitá, cuyas aguas van a desembocar al río Chicamocha, y a los ríos Colorado, Taveta y Chachabrí, afluentes del Gran río Orinoco.

En este hermoso páramo también nacen entre otras las quebradas Susalí, Pescadito, El Fraile, Tierra Negra y Agua Sucia, las cuales surten del precioso líquido a todos los acueductos rurales y urbanos de la región, especialmente de El Cerrito y Chitagá. Actualmente hay más de 70 concesiones acuíferas otorgadas a la Corporación Autónoma Regional de Santander, Cas.

“En los casi 20 años de resistencia de la comunidad a proyectos mineros y luego de la amarga experiencia vivida con una empresa en los años 90, la minería se ha convertido para los habitantes de esta región en una amenaza no solo ambiental por los graves impactos al medio ambiente sino en una tragedia social, económica y cultural, que conduce al desplazamiento y a la pérdida de identidad de las comunidades locales.

“Son muchas las experiencias conocidas y muchos las jornadas de sensibilización que los mismos campesinos han dado para defender su territorio y reconocer que la minería es sinónimo de pobreza, corrupción y deterioro del tejido social”, dice Censat.

En septiembre del año pasado, Ingeominas expresó públicamente ante la comunidad nacional e internacional su decisión de suspender toda licitación para la explotación minera en el páramo el Almorzadero, dándole reconocimiento a éste como un “área de especial protección”.

Sin embargo un año después le entrega en concesión éste pulmón de la región nororiental colombiana a la empresa Continental de Carbones de manera sorpresiva.

Foro por la defensa del páramo

Las comunidades, las diferentes organizaciones sociales y ambientalistas, le solicitaron al gobernador de Santander, Horacio Serpa, el respeto y el respaldo a las comunidades. En la pasada IV Cumbre Ecológica de los pueblos realizada en Cerritos en abril de 2008, Serpa se había comprometido ante unos 400 campesinos y múltiples organizaciones sociales a respaldar el proceso de resistencia contra la explotación minera en el paramo El Al morzadero.

También le solicitaron al Ministerio del Medio Ambiente, a Corponor, Corporinoquia, y a la CAS, instituciones con incidencia en el páramo El Almorzadero, para que se pronuncien y tomen las respectivas medidas para la protección “más aun cuando el planeta pasa por problemas ambientales tan graves como el cambio climático”.

Finalmente hicieron invitación a todas las comunidades y organizaciones campesinas, ambientalistas, líderes sociales, sindicales, juveniles, estudiantiles y en general a la comunidad nacional e internacional, a que se integren a la lucha por la defensa del territorio y se hagan partícipes del Primer Foro Regional en Defensa del Páramo El Almorzadero, el cual se desarrollará el 31 de octubre próximo en el corregimiento de Chitagá, Norte de Santander. Foto Panoramio.

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Comunidades del alto Atrato se organizan para resistir el embate del Gobierno, los ‘paras’ y las trasnacionales

A continuación transcribimos apartes de un comunicado de las comunidades llegado a nuestra redacción:

Comunicado de prensa

El Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), informa que durante los días 06 y 09 de octubre de 2009 se está llevando a cabo una minga en las 42 comunidades de su influencia y un Foro en Yuto-Chocó-Colombia, con el propósito de Visibilizar los intereses económicos y políticos sobre el territorio que ponen en riesgo la vida de las comunidades y su relación directa con el no reconocimiento jurídico del territorio ocupado ancestralmente.

Cinco comisiones integradas por Directivos de Cocomopoca, la Diócesis de Quibdó, Agencias de Cooperación, Organizaciones e Instituciones harán una misión de observación en las comunidades y las conclusiones de las mismas serán socializadas en el Foro, las cuales servirán para continuar fortaleciendo el compromiso organizativo, incidir en los planes de desarrollo local, regional, continuar exigiendo la titulación colectiva del territorio ocupado ancestralmente y materializar el plan de etnodesarrollo.

Desde hace 10 años la organización presentó la solicitud de titulación colectiva al gobierno colombiano, con base en los lineamientos de la Ley 70 de 1993 y su decreto reglamentario 1745 de 1995, pero el gobierno colombiano no ha reconocido la ocupación ancestral del territorio, por favorecer los intereses que sobre el mismo tiene la multinacional minera Kedhada.

La Minga y el Foro son esfuerzos de Cocomopoca por fortalecer sus bases organizacionales con el apoyo de las organizaciones solidarias y por continuar materializando sus apuestas por una mejor calidad de vida de l@s 17.500 afrocolombian@s que habitan en su área de influencia.

El área de influencia del Alto Atrato, al igual que otras del Departamento del Chocó, siempre ha permanecido sometida al abandono y marginación por parte del Estado y el gobierno.

Ambos carecen de políticas que generen desarrollo alternativo para regiones como ésta, además, ante esta grave problemática se h amostrado poco interés por parte de agencias de cooperación y ONG nacionales e internacionales por intervenir en la zona.

Las escasas políticas del gobierno van en contra de los intereses de las comunidades y sus políticas organizativas y en el detrimento de su autonomía, violentando la convivencias pacífica de los habitantes y violando sus derechos fundamentales, cuestión fácilmente comprobable si se mira la precaria atención en salud, educación, servicios públicos restricción de alimentos y vías de comunicación.

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Esta guerra sí es nuestra
Por Elespectador

No basta con leernos el segundo Gran Informe de Memoria Histórica sobre el genocidio de El Salado y lavarnos las manos, después de sentir oleadas de asco y la presión sanguínea a mil. No basta con afirmar que “no somos capaces de leer el libro porque es demasiado impresionante”.

No basta con asomarnos desde la lectura, sobre las atrocidades que se están cometiendo a diario en el territorio colombiano. No basta con apagar los noticieros de televisión porque las noticias están teñidas de sangre y nos quitan el sueño, prefiriendo ver El capo porque es como una aventura en la cual no tenemos nada que ver.

No basta con saber que a cien metros de nuestras casas se allanan mansiones de narcotraficantes y asesinos, y seguir transitando la calle “porque ya los agarraron“. No basta con rasgarnos las vestiduras porque el “Régimen” ha concedido miles de millones a los ricos para que drenen sus posesiones.

No basta con criticar o defender este sistema que ya se salió de madre y nos tiene sumidos en el período más oscurantista y corrupto de toda la historia nacional.

No. No basta. Estas guerras sí son nuestras. Son a nuestros hermanos a los que están matando. Son nuestros hermanos los que asesinaron a sangre fría a toque de tambores y aplausos. Son nuestros hijos los que quedaron tirados en la plaza del pueblo. Son nuestras hermanas mujeres las que violaron y empalaron por sus vaginas antes de rematarlas.

Son nuestros campesinos los que deambulan de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad, sin brújula ni empleo, ni techo ni salud. Son nuestros hermanos de barrio los que conforman las bandas juveniles. Son nuestros asesinos paramilitares, guerrilleros o uniformados los que asesinan a otros hermanos.

Es el “régimen” reelecto y condenado a ser reelegido de nuevo, nuestro “régimen” el que se hace el de la vista gorda. El que se queda impávido ante las “chuzadas” a sus opositores. El que se lava las manos dejando podrir en la selva a otros hermanos, por odios politiqueros y pulsos de poder. Son los recursos de nuestros impuestos los que se reparten como botín de piratas del siglo XXI a los hacendados más ricos.

Son nuestros noticieros amedrentados de perder la pauta y ciertas prebendas los que nos “venden“ el miedo a Chávez y a Correa. Son nuestras bases militares las que se están regalando a otro país. Somos nosotros los que invadimos otras fronteras. Somos nosotros los que permitimos la extradición de jefes paramilitares para que no hablen la verdad.

Somos una generación de alcahuetas. Una generación de cómplices. La que cierra los ojos ante la corrupción rampante a todos los niveles. La que permite los negociados en vías, hospitales, transporte, vivienda.

Somos la generación que en aras de una “Seguridad Democrática” ficticia y amañada traga entero, no cuestiona, vende sus conciencias y aplaude ciega lo que tendrán nuestros hijos y nietos que llorar mañana.

Somos nosotros los que estamos jugando a la “democracia”, a las “consultas”, a los “acomodos” en las curules, dejando que Colombia, nuestro país, se suma en el abismo sin fondo de la desorientación, la podredumbre y la cada vez más asfixiante dictadura vestida de civil.

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Parauribismo/
Fiscalía pide condena contra alias ‘La Gata’
Por Camilo Raigozo

Uribe en compañía de Luís Jorge Alfonso López, hijo de "La Gata". Foto Semana

Un fiscal de derechos humanos y derecho internacional humanitario solicitó al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenar a Enilce López Romero, alias “La Gata”, empresaria del chance en la costa Caribe quién supuestamente incurrió en homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Alias “La Gata” quién fue donante de al menos 100 millones de pesos a la primera campaña a la presidencia de Uribe Vélez, fue investigada por su presunta responsabilidad en el crimen de Amaury Fabián Ochoa Torres, perpetrado el 12 de junio de 2000 en el peaje del municipio Carmen de Bolívar.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal instructor en sus alegatos de conclusión, existen los presupuestos jurídicos suficientes para que el juzgador profiera fallo condenatorio contra López Romero.

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Parauribismo/
Ex ‘paras’ se entregan para esclarecer más de tres mil hechos criminales
Por Fiscalía

En la Penitenciaria Nacional La Picota se presentaron voluntariamente Jorge Enrique Echeverry Jiménez, alias ‘Vaso’; Dario Antonio López Cosme y Jairo Nelson Martínez Cano, desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y postulados por el Gobierno Nacional a la Ley de Justicia y Paz.

Los ex paramilitares manifestaron al fiscal segundo de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz su intención de colaborar con el proceso para ayudar a esclarecer más de 3.000 hechos delictivos de los que tuvieron conocimiento durante su militancia en el grupo ilegal armado.

En el caso de alias ‘Vaso’, quien fue cabecilla militar en La Dorada (Caldas) y permaneció en las autodefensas desde 2002 hasta 2006, la Fiscalía lo interrogará en versión libre sobre su posible participación en 700 homicidios perpetrados en la mencionada población por el ‘Frente Omar Isaza’, que hacía parte de las Acmm.

La diligencia judicial comenzará hoy en la Subunidad de Apoyo de Justicia y Paz, ubicada en la Carrera 30 No. 13-24 en Bogotá, mientras que las versiones de López Cosme y Martínez Cano se llevarán a cabo el próximo lunes 19 de octubre.

Con estas entregas voluntarias la Fiscalía Segunda de Justicia y Paz registra un total de 289 postulados, y 5.600 víctimas del accionar del mencionado grupo armado ilegal.

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“Agro Ingreso Seguro”
Agro Robo Seguro
Al menos 72 mil quinientos millones de pesos de los colombianos han sido feriados anualmente entre los círculos próximos a la “Casa de Nari”
Por Camilo Raigozo

Álvaro Uribe Vélez y su ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, alias “Carimagua”, hampones de cuello blanco.

Apenas comenzó el segundo gobierno de Uribe, este y su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, alias “Uribito” o alias “Carimagua”, se las ingeniaron para crear un programa en el que pudieran ser robados “legalmente” al menos 72 mil 500 millones de pesos cada año, de los impuestos que con gran esfuerzo pagan los colombianos.

En el último año los beneficiarios de la repartija no pasan de 100, entre individuos y familias cercanas a la “Casa de Nari”, quienes en “franca lid”, como asegura Julián Alfredo Gómez Díaz, director de Agro Ingreso Seguro, se ganaron la lotería sin comprarla.

Según la revista Cambio y Noticias Uno, los afortunados han sido y muy seguramente serán donantes para las reelecciones del Mesías. La coartada la llamaron estratégicamente Agro Ingreso Seguro cuyo comercial del pomposo lanzamiento decía en uno de sus apartes: “Es el año donde todos ganamos”. Claro, se refería, según se puede deducir de la denuncia hecha por la revista Cambio, a corruptos y mafiosos cercanos o del propio gobierno.

Mientras el 65 por ciento de las familias campesinas viven por debajo del índice de pobreza y el 32 por ciento viven en la indigencia, como consecuencia de la nefasta política agraria de Uribe, sin recibir un solo peso de ayuda del régimen, una sola familia de las más ricas e influyentes de Santa Marta, la familia Dávila, en un solo año ha recibido como regalo de Uribe al menos 2.200 millones de pesos para “riego y drenaje”, libres de impuestos.

Del mismo modo el gobierno de la “seguridad democrática”, que se niega rotundamente a ofrecer cualquier ayuda o subsidio modesto para que miles de campesinos en casi todo el país puedan sustituir los cultivos ilícitos a los cuales han tenido que recurrir para poder sobrevivir con sus familias, ha sido muy generoso con los Dangond, Lacouture y Vives, tres poderosas familias de la Costa Atlántica, a las cuales, en menos de un año les ha regalado de la plata de los colombianos más de 6.763 millones de pesos, igualmente, para “riego y drenaje”.

Entre otros de los múltiples ejemplos de la aberrante corrupción de quien dicen ha sido el mejor presidente de todos los tiempos, es el caso de un “subsidio” adjudicado a María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, por 200 millones de pesos para un programa de “riego y drenaje” en el Valle, para variar. Mientras tanto las miles de familias desplazadas que viven en la miseria por todo el país, solo reciben del régimen malos tratos, burlas y atropellos.

O el caso del abogado Danny Alirio Villamizar, hijo del senador Alirio Villamizar, detenido por el escándalo de las notarías, recuerda Noticias Uno, a quien Agro Ingreso Seguro le giró 496 millones de pesos el año pasado, no reembolsables y libres de impuestos, gracias a una ley que fue iniciativa de su padre.

Otras familias que han disfrutado de las repartijas de Uribe y “Uribito son, entre otras, la familia Tribín, de la zona bananera, con 2.140 millones; Riveros Páez, de Meta, con 2.000 millones; Vives , de la zona bananera, con 1.610 millones; Fernández de Castro, de la zona bananera, con 1.413 millones; Posada Grillo, del Valle, con 1.037 millones y la familia Cuello, de La Guajira, con 629 millones.

De estos “subsidios no reembolsables del multimillonario programa estatal para el sector agropecuario colombiano también han sido beneficiados reinas de belleza, comisionistas de bolsa, parapolíticos, allegados a políticos y familias adineradas, entre otras especies cercanas a la “Casa de Nari”.

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Sabana de Torres, Santander
Comisión verificó el estado deplorable de los derechos humanos
Por Camilo Raigozo

Vista parcial de la Mesa de Trabajo sobre Tierras y Territorio. Foto Camilo Raigozo.

El pasado 27 de septiembre, en la vereda Doradas del municipio de Sabana de Torres, Santander, se realizó con éxito la Primera Comisión de Verificación a las Violaciones de los Derechos humanos y al DIH convocada por la Asociación Agraria de Santander, Asogras, la cual contó con el acompañamiento de veedores internacionales y de representantes de más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y sindicales, del país.

Al certamen fueron citadas las autoridades civiles y militares municipales y departamentales, así como la Fiscalía, la Defensoría y la Personería, cuyos representantes escucharon las diferentes denuncias de los campesinos ante la Comisión de Verificación.

César Tamayo, presidente de Asogras, dio la bienvenida a las comunidades campesinas provenientes de las diferentes veredas y a las delegaciones de acompañamiento que viajaron desde Bogotá, Bucaramanga y Barrancabermeja, lo mismo que a las autoridades civiles y de los entes de control que cumplieron la cita.

Durante la mañana los asistentes trabajaron en dos mesas temáticas. La primera lo hizo sobre el tema de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, mientras que en la segunda se abordó la problemática de tierras y territorios.

En el tema de derechos humanos las comunidades pudieron denunciar la presencia de paramilitares, las amenazas y los crímenes que han cometido sin que las autoridades militares y civiles hayan hecho mayor cosa para evitarlo.

Entre los principales atropellos que están sufriendo las comunidades en esta materia sobresalen, el desplazamiento forzado, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas arbitrarias, judicializaciones, montajes jurídicos y asesinatos selectivos, entre otras violaciones a sus derechos fundamentales, las cuales gozan de total impunidad.

En cuanto al tema territorial los labriegos denunciaron la persecución oficial contra las familias en estado de desplazamiento forzado, la negación por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales de sus derechos y la alianza existente entre las instituciones oficiales con paramilitares, palmicultores, ganaderos, latifundistas y con los grandes proyectos agroindustriales, entre otros, para desalojar al campesinado y a las personas desplazadas de sus parcelas con el proyecto de arrebatárselas.

Un documento final con las denuncias recibidas y las conclusiones sobre la crisis humanitaria que padecen los habitantes de la región, será dado a conocer próximamente ante los diferentes organismos internacionales y nacionales encargados de velar por el cumplimiento del respeto a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El documento será también puesto en conocimiento de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, así como a la opinión pública nacional e internacional, con el fin de obtener su vigilancia y cooperación, para que cesen las violaciones y se castigue a los responsables de las mismas.

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Desalojo de familia desplazada
El personero de Lebrija avala las arbitrariedades de la Fuerza Pública
Por Asogras

El miércoles 30 de septiembre sobre la 11:30 a.m. , en la vereda Palanqueros, del municipio de Lebrija, Santander, se vio un ejemplo de la manera como el Estado colombiano pretende resolver la cuestión agraria del país.

Mientras por intermedio de Agro Ingreso Seguro, descaradamente regala dinero a manos llenas a las familias más pudientes de la costa Caribe, desaloja inmisericordemente a una pobrísima familia campesina, desplazada por la violencia de Santander que sólo busca tierra en la cual trabajar y poder finalmente desarrollar su proyecto de vida.

Desalojo para el cual se movilizó una cantidad tal de tropas y policías, con sobrevuelo constante de helicóptero incluido, que más parecían dirigirse a una batalla campal en lugar de a desalojar una familia compuesta por la pareja y tres menores de edad.

Afortunadamente la presencia de abogados y de miembros de la Asociación Agraria de Santander, Asogras, impidió que este proceso policivo plagado de irregularidades siguiese adelante y la familia pudo seguir habitando en la finca que explotan económicamente y frente a la cual no reconocen ningún dueño aparte de ellos mismos.

Ssin embargo se denuncia la actitud de los miembros de la Policía Nacional y de dos civiles sin identificar que llegaron con ellos, quienes desde antes del inicio de la diligencia y durante toda su duración se dedicaron a filmar y fotografiar a las personas que allí se hallaban, actitud completamente arbitraria, irregular e ilegal,

que obviamente despertó reproches respetuosos por parte de los filmados, quienes no podían más que pensar en la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que esta institución ocasiona a lo largo y ancho de la geografía nacional, en particular los tristemente célebres falsos positivos que a propósito en esa zona de Santander han pululado.

Pero lo más grave de esta inaceptable situación fue la actuación del personero de Lebrija, quien en lugar de cumplir su función legal y constitucional se dedicó a defender las actitudes ilegales e inconstitucionales de la fuerza pública.

Ante este cúmulo de groseras irregularidades el señor abogado representante de la familia campesina tuvo que dejar constancia en el acta de la diligencia de que se estaban realizando filmaciones ilegales, por lo que emplazó respetuosamente a la alcaldesa como primera autoridad de policía y como cabeza de la diligencia de desalojo y además censuró formalmente el inconcebible actuar del Personero municipal.

Tristemente la autoridad competente ignoró lo anterior y los registros fílmicos y fotográficos permanecieron intactos y en manos de la policía.

En virtud de todo lo anterior, hacemos responsables a la administración municipal de Lebrija, al personero del mismo municipio y a los oficiales de policía encargados del gigantesco operativo, por cualquier atentado contra la vida en integridad de los campesinos, de los miembros de Asogras y de los abogados asistentes a la diligencia.

Solidaridad

Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todo el estamento que acompañen a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander, como lo son la Personería, Defensoría, Acción Social, Procuraduría, a la OEA, a Naciones Unidas, a los sindicatos regionales y nacionales, asociaciones campesinas regionales y nacionales e internacionales, a las ONG defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.

Llamamos a la solidaridad del movimiento sindical, el movimiento social de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los organismos de derechos humanos internacionales que hacen presencia en nuestro territorio,

a estar alertas en la exigencia al Estado colombiano para que se garantice los derechos constitucional de la población desplazada por la violencia que se vive hoy en Colombia y las diferentes sentencias por la corte constitucional donde se deben respetar los derechos de la población desplazada. Del gobierno del estado colombiano reclamamos protección.

Bucaramanga, 1 de octubre de 2009. Comité ejecutivo departamental Asogras.
Foto: presencia de un helicóptero que sobrevoló la zona durante el operativo de desalojo

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