Desalojo de familia desplazadaEl personero de Lebrija avala las arbitrariedades de la Fuerza Pública
Por Asogras
El miércoles 30 de septiembre sobre la 11:30 a.m. , en la vereda Palanqueros, del municipio de Lebrija, Santander, se vio un ejemplo de la manera como el Estado colombiano pretende resolver la cuestión agraria del país.
Mientras por intermedio de Agro Ingreso Seguro, descaradamente regala dinero a manos llenas a las familias más pudientes de la costa Caribe, desaloja inmisericordemente a una pobrísima familia campesina, desplazada por la violencia de Santander que sólo busca tierra en la cual trabajar y poder finalmente desarrollar su proyecto de vida.
Desalojo para el cual se movilizó una cantidad tal de tropas y policías, con sobrevuelo constante de helicóptero incluido, que más parecían dirigirse a una batalla campal en lugar de a desalojar una familia compuesta por la pareja y tres menores de edad.
Afortunadamente la presencia de abogados y de miembros de la Asociación Agraria de Santander, Asogras, impidió que este proceso policivo plagado de irregularidades siguiese adelante y la familia pudo seguir habitando en la finca que explotan económicamente y frente a la cual no reconocen ningún dueño aparte de ellos mismos.
Ssin embargo se denuncia la actitud de los miembros de la Policía Nacional y de dos civiles sin identificar que llegaron con ellos, quienes desde antes del inicio de la diligencia y durante toda su duración se dedicaron a filmar y fotografiar a las personas que allí se hallaban, actitud completamente arbitraria, irregular e ilegal,
que obviamente despertó reproches respetuosos por parte de los filmados, quienes no podían más que pensar en la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que esta institución ocasiona a lo largo y ancho de la geografía nacional, en particular los tristemente célebres falsos positivos que a propósito en esa zona de Santander han pululado.
Pero lo más grave de esta inaceptable situación fue la actuación del personero de Lebrija, quien en lugar de cumplir su función legal y constitucional se dedicó a defender las actitudes ilegales e inconstitucionales de la fuerza pública.
Ante este cúmulo de groseras irregularidades el señor abogado representante de la familia campesina tuvo que dejar constancia en el acta de la diligencia de que se estaban realizando filmaciones ilegales, por lo que emplazó respetuosamente a la alcaldesa como primera autoridad de policía y como cabeza de la diligencia de desalojo y además censuró formalmente el inconcebible actuar del Personero municipal.
Tristemente la autoridad competente ignoró lo anterior y los registros fílmicos y fotográficos permanecieron intactos y en manos de la policía.
En virtud de todo lo anterior, hacemos responsables a la administración municipal de Lebrija, al personero del mismo municipio y a los oficiales de policía encargados del gigantesco operativo, por cualquier atentado contra la vida en integridad de los campesinos, de los miembros de Asogras y de los abogados asistentes a la diligencia.
Solidaridad
Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todo el estamento que acompañen a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander, como lo son la Personería, Defensoría, Acción Social, Procuraduría, a la OEA, a Naciones Unidas, a los sindicatos regionales y nacionales, asociaciones campesinas regionales y nacionales e internacionales, a las ONG defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.
Llamamos a la solidaridad del movimiento sindical, el movimiento social de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los organismos de derechos humanos internacionales que hacen presencia en nuestro territorio,
a estar alertas en la exigencia al Estado colombiano para que se garantice los derechos constitucional de la población desplazada por la violencia que se vive hoy en Colombia y las diferentes sentencias por la corte constitucional donde se deben respetar los derechos de la población desplazada. Del gobierno del estado colombiano reclamamos protección.
Desalojo para el cual se movilizó una cantidad tal de tropas y policías, con sobrevuelo constante de helicóptero incluido, que más parecían dirigirse a una batalla campal en lugar de a desalojar una familia compuesta por la pareja y tres menores de edad.
Afortunadamente la presencia de abogados y de miembros de la Asociación Agraria de Santander, Asogras, impidió que este proceso policivo plagado de irregularidades siguiese adelante y la familia pudo seguir habitando en la finca que explotan económicamente y frente a la cual no reconocen ningún dueño aparte de ellos mismos.
Ssin embargo se denuncia la actitud de los miembros de la Policía Nacional y de dos civiles sin identificar que llegaron con ellos, quienes desde antes del inicio de la diligencia y durante toda su duración se dedicaron a filmar y fotografiar a las personas que allí se hallaban, actitud completamente arbitraria, irregular e ilegal,
que obviamente despertó reproches respetuosos por parte de los filmados, quienes no podían más que pensar en la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que esta institución ocasiona a lo largo y ancho de la geografía nacional, en particular los tristemente célebres falsos positivos que a propósito en esa zona de Santander han pululado.
Pero lo más grave de esta inaceptable situación fue la actuación del personero de Lebrija, quien en lugar de cumplir su función legal y constitucional se dedicó a defender las actitudes ilegales e inconstitucionales de la fuerza pública.
Ante este cúmulo de groseras irregularidades el señor abogado representante de la familia campesina tuvo que dejar constancia en el acta de la diligencia de que se estaban realizando filmaciones ilegales, por lo que emplazó respetuosamente a la alcaldesa como primera autoridad de policía y como cabeza de la diligencia de desalojo y además censuró formalmente el inconcebible actuar del Personero municipal.
Tristemente la autoridad competente ignoró lo anterior y los registros fílmicos y fotográficos permanecieron intactos y en manos de la policía.
En virtud de todo lo anterior, hacemos responsables a la administración municipal de Lebrija, al personero del mismo municipio y a los oficiales de policía encargados del gigantesco operativo, por cualquier atentado contra la vida en integridad de los campesinos, de los miembros de Asogras y de los abogados asistentes a la diligencia.
Solidaridad
Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todo el estamento que acompañen a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander, como lo son la Personería, Defensoría, Acción Social, Procuraduría, a la OEA, a Naciones Unidas, a los sindicatos regionales y nacionales, asociaciones campesinas regionales y nacionales e internacionales, a las ONG defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.
Llamamos a la solidaridad del movimiento sindical, el movimiento social de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los organismos de derechos humanos internacionales que hacen presencia en nuestro territorio,
a estar alertas en la exigencia al Estado colombiano para que se garantice los derechos constitucional de la población desplazada por la violencia que se vive hoy en Colombia y las diferentes sentencias por la corte constitucional donde se deben respetar los derechos de la población desplazada. Del gobierno del estado colombiano reclamamos protección.
Bucaramanga, 1 de octubre de 2009. Comité ejecutivo departamental Asogras.
Foto: presencia de un helicóptero que sobrevoló la zona durante el operativo de desalojo
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