Corte Penal InternacionalAterrados los militaristas
Vencido el plazo de salvaguarda de siete años pedido por Uribe y Pastrana en 2002 la Corte podrá investigar e imponer condenas ejemplares en casos de impunidad de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios
Por Camilo Raigozo. Voz
A partir del pasado primero de noviembre, fecha en la cual se venció el plazo de salvaguarda solicitado por el presidente Uribe y su antecesor Andrés Pastrana en 2002, la Corte Penal Internacional podrá investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad,-
los crímenes de guerra y los genocidios cometidos en Colombia y que gocen de impunidad o que los perpetradores materiales e intelectuales de dichos crímenes no hayan sido debidamente investigados, procesados y castigados en el país.
Extinguido el tiempo de salvaguarda que impedía a la CPI investigar y castigar crímenes de guerra cometidos en Colombia en el marco de la política de “seguridad democrática” y del conflicto social y armado que vive el país, sin que se hubiera-
impartido justicia, los jueces y fiscales del Tribunal Internacional podrán llevar a los altos estrados judiciales internacionales a los responsables de esos crímenes y garantizar que no haya impunidad.
"Por ejemplo políticos, líderes empresariales que hayan ordenado esos crímenes, agentes del estado de alto nivel, jefes de los grupos armados, pueden ser investigados por la Corte y en ese caso se abre un procedimiento que tiene la forma de un juicio penal", dijo Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado a los medios.
El defensor de los derechos humanos agregó que “con esta posibilidad se abre una nueva dimensión en las investigaciones judiciales del país, lo que permitirá que se impongan condenas ejemplares en los casos en los que no se haya impartido justicia”.
Hay suficientes razones para que la CPI opere en Colombia
Para varios analistas desde el punto de vista jurídico no abría la posibilidad de que la Corte actúe sobre crímenes de guerra cometidos con anterioridad al 1 de noviembre de 2009, pero a partir de esa fecha, en el caso en el que estos crímenes se produzcan ya sea por agentes del Estado, incluidos los ‘paras’, o por la insurgencia el alto tribunal internacional entraría a operar.
En el caso específico de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, la Corte Penal Internacional podrá iniciar investigaciones ya que la justicia colombiana ha sido inoperante.
Voceros del régimen han señalado que “no hay razones para que la CPI inicie investigaciones en Colombia”, supuestamente porque la justicia ha procesado a los acusados. El embajador de Uribe ante ese organismo, Francisco Lloreda, sostuvo sin sonrojarse que lo que sucede en su país no es comparable con otras naciones, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ha tenido que intervenir.
Bienvenida la CPI
Sin embargo defensores del gobierno de Uribe, entre ellos la congresista del partido de la U Lucero Cortés, siguiendo la línea de sus jefes políticos, en vez de salir en la defensa de una justicia limpia y transparente, así como de las víctimas, salió a defender a los criminales, ya que la parlamentaria con el apoyo de la aplanadora uribista, impulsa-
en el Congreso un proyecto de ley que buscar blindar a los uniformados de la Fuerza Pública que sean denunciados ante la Corte Penal Internacional, toda vez que esta ha sido responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos cometidos en complicidad con los paramilitares a quienes denominan sus primos.
Según las estadísticas reales emanadas de juiciosos estudios realizados por importantes organizaciones internacionales y locales, en el actual gobierno el mayor número de crímenes y homicidios de civiles al año en Colombia no han sido obra de las guerrillas, sino del Ejército y de grupos paramilitares, con la complicidad de numerosos terratenientes, ganaderos, empresarios y políticos, identificados con la política de Uribe.
Más de cuatro millones de desplazados internos fueron expulsados de sus lugares de origen por la estrategia militar-paramilitar, con el consiguiente despojo de sus tierras que suman entre seis y 14 millones de hectáreas de tierras. Bienvenida la CPI.
