Del “Pacto de Ralito” al “Gran Pacto Social Agrario”Por Camilo Raigozo. Voz
Como se recordará, en el año 2001 los principales cabecillas narco-paramilitares, ganaderos, políticos, empresarios, terratenientes y una pléyade de representantes de poderosos criminales, aún anónimos, celebraron en Santafé de Ralito, corregimiento del municipio de Tierralta, Córdoba, fortín paramilitar, lo que se llamó El Pacto de Ralito.
En este pacto secreto, ventilado a la luz pública en el 2006, se propuso por parte de estos delincuentes la “Refundación del país”.
Y aunque algunos de esos malhechores están en la cárcel, extraditados o muertos, la gran mayoría, la más poderosa, goza de las mieles del éxito en el logro de sus propósitos pues el país ha venido siendo refundado poco a poco en los últimos ocho años, según los planes.
Hoy son muy pocos los poderes y entes del Estado que aún no han podido ser cooptados por el poder maligno, entre ellos la Honorable Corte Suprema de Justicia.
El pasado domingo El Espectador ofreció una información sobre un nuevo pacto cuasi secreto al que sus ejecutores han llamado pomposamente “Gran Pacto Social Agrario”.
Según el diario capitalino, “los pasados 25 y 26 de septiembre, en el municipio de Melgar (Tolima), a instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes-
“agrarios de diez departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas”. En otros términos, la refundación del campo colombiano a su manera.
Proyecto de ley
Los promotores del “Gran Pacto”, plantean que vencida la insurgencia y la resistencia campesina en su lucha de clases es hora de dar el zarpazo final. “En la medida en que el Estado ha venido recobrando sus espacios a través de los órganos judiciales, administrativos y las Fuerzas Armadas,-
“se hace necesario crear un “Gran Pacto Social Agrario”, donde estén los gremios, los productores, el Estado y los trabajadores del campo”, dicen, omitiendo mencionar que en cumplimiento del Pacto de Ralito, más de cuatro millones de campesinos fueron desplazados a punta de bala y motosierra y que les fueron robadas de entre seis y 14 millones de hectáreas de tierras, según estudios de varias organizaciones defensoras de derechos humanos.
Al respecto del “Gran Pacto”, ya está bastante adelantado un proyecto de ley cursado en la Comisión Quinta del Senado, presentado por el senador antioqueño de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez, el cual pretende restablecer en Colombia el régimen de aparcerías, al estilo del feudalismo de los siglos 13 al 18, donde los terratenientes, hoy-
llamados grandes inversionistas, esclavizan a los campesinos desposeídos entregándoles a través de la figura del comodato o arrendamiento, pequeñas parcelas para que los labriegos pobres las trabajen para su manutención, la de sus familias y le entreguen jugosas ganancias a su amo feudal.
Imposición del modelo Carimagua
Desde luego, los campesinos pobres y sometidos a esa cruel explotación nunca tendrán derechos de propiedad o de titulación de parcela alguna. Por el contrario, los que aún tengan pequeñas propiedades serán sacados de competencia inexorablemente, ya sea expulsándolos violentamente o por medio de leguleyadas, como lo han venido haciendo con los pequeños paneleros, lecheros o los de las gallinitas criollas, por citar unos ejemplos.
Sobra decir que según los planes, los señores feudales del siglo 21 en Colombia tendrán la garantía plena por parte del Estado de la propiedad de sus tierras, de la exoneración de impuestos, de subsidios no reembolsables, como los de Agro Ingreso Seguro (Agro Robo Seguro) y otras coartadas que irán imponiendo, según sus necesidades.
Para eso cuentan en su poder con el Legislativo, el Ejecutivo, y, por ahora, una parte del Judicial. También cuentan con el servicio de la Fuerza Pública, de bandas paramilitares y como si fuera poco de militares estadounidenses que en al menos siete bases ayudarán a mantener el orden.
Para Aurelio Suárez, miembro del Polo y conocedor de temas agrarios, “lo del Nuevo Liderazgo Campesino ya está cobrando forma y el ejemplo patente es la siembra de palma aceitera, montada sobre alianzas estratégicas, o el controvertido Agro Ingreso Seguro, donde nadie tiene claro cuántos campesinos van a poner sus parcelas, mientras los industriales y comercializadoras terminarán llevándose la mejor parte del negocio”.
En suma, el “Gran Pacto Social Agrario”, es la implementación del modelo Carimagua, es decir, entregarles la tierra a los palmicultores, ganaderos, terratenientes, paramilitares y empresarios, para que más de cuatro millones de desplazados forzosos y el resto de campesinos se conviertan en mano de obra esclavizada.
Según un estudio de la Universidad Nacional conocido en mayo de 2006, mostraba que de la población campesina, el 81 por ciento vivía en niveles de pobreza y el 40 por ciento en la indigencia. La misma investigación mostró que había 655.000 hogares campesinos carentes de tierra, 2’250.000 hogares poseían cada uno menos de 3 hectáreas y representaban el 58 por ciento de propietarios.
Mientras tanto 2.428 terratenientes poseían 44 millones de hectáreas de tierra, es decir el 53 por ciento de la tierra registrada en el Instituto Agustín Codazi. Foto El Espectador.
