Anticoncepción Oral de Emergencia, un debate regional
Es incomprensible la prohibición de la anticoncepción de emergencia en Honduras
Por Brújula Comunicaciones

Diferentes organizaciones de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de la región americana deplora que el gobierno de Roberto Micheletti haya prohibido el uso, venta y compra de la anticoncepción de emergencia.

A pesar de los continuos llamados de la OMS para que los servicios de salud incluyan la anticoncepción de emergencia en la atención de casos de violación, legisladores y gobernantes de América Latina siguen poniendo frenos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

A través del decreto ministerial 2744 de 2009, firmado por el presidente de facto Roberto Micheletti y publicado en el diario oficial de Honduras el pasado 24 de octubre, se prohibió en ese país centroamericano el uso y comercialización de la Anticoncepción Oral de Emergencia –AOE.

Este decreto, que tiene fuerza de ley, prohíbe la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), así como la distribución pagada o gratuita y la comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia.

A quien contravenga las disposiciones del decreto presidencial, se le aplicarán las penas establecidas para el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal.

El Decreto se emitió a pesar de que el 15 de mayo del 2009, el Presidente elegido democráticamente José Manuel Zelaya vetó el Decreto N° 54-2009 aprobado por el Congreso, que prohibía la AOE al considerarla abortiva.

Zelaya señaló que prohibir la AOE era inconstitucional, ya que la Organización Mundial de la salud –OMS- determinó que, con base a la evidencia científica, la AOE no es un método abortivo.

El Presidente devolvió el Decreto al Congreso con objeciones de fondo, determinando que no podría someterse a una nueva deliberación en el Congreso sin oír previamente a la Corte Suprema de Justicia, trámite que aún está pendiente de resolverse y que está siendo desconocido por el gobierno de facto actual.

Organizaciones sociales de Honduras denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en ese país centroamericano registraron más de 400 casos de abusos contra mujeres a manos de agentes de policía tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, que depuso al presidente Manuel Zelaya. Y en lo corrido del 2009 el feminicidio ha aumentado un 46 por ciento.

Women´s Link Worldwide denuncia que “la decisión del gobierno Micheletti es incomprensible porque viola todos los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado hondureño y reduce la oferta de anticonceptivos de emergencia, de uso fundamental para aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual.

"Las legislaciones restrictivas en relación a la salud reproductiva y a los derechos reproductivos constituyen una de las principales barreras para superar las inequidades y la discriminación vividas por las mujeres de la región”.

Las abogadas de la organización recordaron que esta pastilla está incluida en el kit de atención de emergencia a mujeres violadas sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un debate regional

Casi de manera simultánea con el decreto del gobierno hondureño, en el Perú el Tribunal Constitucional (TC) prohibió al Estado la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en los servicios públicos de salud del país, señalando que "podría ser abortiva".

Con esta sentencia el Tribunal Constitucional le ha quitado a las más vulnerables el acceso gratuito a este importante método anticonceptivo.

En Costa Rica está abierto el debate por el registro comercial de la AOE. Un proyecto de ley busca que la anticoncepción de emergencia sea de acceso para todas las mujeres que la requieran. En este momento el proyecto está en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

En Chile, desde el 2007 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la venta, comercialización y distribución de la AOE en el sector público de salud, negando así el acceso a la anticoncepción de emergencia a las mujeres chilenas más vulnerables, aquellas que no tienen recursos para acceder a las farmacias.

En Ecuador, el Juez Tercero de lo Civil de Guayaquil suspendió de manera definitiva el otorgamiento del registro sanitario para la comercialización y expendio de la marca comercial de AOE “Postinor 2”; la orden judicial fue confirmada por el Tribunal Constitucional en el 2006, prohibiéndose por completo la venta y comercialización del medicamento.

La restricción de los diferentes nombres comerciales de la AOE en América Latina atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres al restringir su libre opción a la maternidad y al acceso a métodos eficaces que permiten evitar que las mujeres arriesguen su vida por practicarse abortos inseguros.

A comienzos del mes de noviembre de 2009, en el marco del Primer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, realizado en Arequipa –Perú, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reiteró ante juristas de todo el continente el carácter no abortivo de la AOE, y recalcó que el 21% de las muertes maternas en América Latina se atribuye al aborto inseguro.

Volver a la página principal