Pre encuentro Nacional de Tierras y TerritorioEl despojo de tierras es planificado y ejecutado desde las altas esferas del régimen
Esta fue una de las conclusiones del Preencuentro la cual afirma tácitamente que en la ejecución de la perversa estrategia son utilizadas la Fuerza Pública, paramilitares, Fiscalía y otras fuerzas de seguridad del Estado.
A continuación, transcribimos en su integridad la declaración final del Pre encuentro Nacional de Tierras y Territorios:
Los y las 150 participantes del Preencuentro Nacional de Tierras y Territorio reunidos en Bogotá del 6 al 8 de agosto del 2009, en representación de 113 organizaciones de víctimas del desplazamiento, de mujeres, afrodescendientes, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos reunidos para analizar las experiencias e iniciativas de las comunidades en torno al derecho humano a la tierra y territorio, de la recuperación y protección de los territorios, declaramos:
1. El desplazamiento forzado como política de estado, tiene el objetivo fundamental del abandono seguido de despojo de las tierras y los territorios que entrañan riquezas de biodiversidad, culturales, históricos-sociales, que representan para el gobierno, políticos y empresarios una mercancía a negociar.
En este sentido, las tierras y territorios despojados son utilizados para la implementación de proyectos de agroindustria, infraestructura y extracción de recursos naturales, con la acción y omisión de lo militar, lo político y legislativo, que evidencia la permanencia de un Estado de cosas inconstitucional.
Durante el encuentro se identificaron casos de despojo ubicados en los departamentos de: Magdalena Medio, Vichada, Casanare, Meta, Norte de Santander, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Guaviare, Antioquia, Putumayo, Cesar, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Atlántico, Chocó y Boyacá.
2. Esta política ha provocado entre otras cosas, la destrucción del modelo agropecuario para la producción alimenticia propia y de la economía campesina; una grave crisis humanitaria y en la actualidad significa más de 4,6 millones de hombres y mujeres desplazadas y la pérdida de por lo menos 10 millones de hectáreas de tierras que pertenece a campesinos y campesinas, hombres y mujeres colonos, indígenas, afro descendientes, que están siendo ocupadas por otros, cambiando de legales y legítimos poseedores y propietarios, cambiando su uso, vocación, en el desarrollo de un reordenamiento territorial basado en una contra reforma agraria.
3. La contra reforma agraria expresada en el despojo de tierras y territorios, ha sido antecedida por la perpetración de crímenes de Lesa Humanidad por parte de acciones militares y paramilitares, quienes luego en complicidad con empresarios, terratenientes, políticos, apropian ilegalmente las tierras y territorios para sus intereses.
Para ello se amparan en la legislación existente en materia agraria, impuesta por un Congreso influenciado por los perpetradores del despojo. En las Notarias y Oficinas de Registro Público que avalan las falsedades de documentos que legalizan lo despojado. Las invasiones empresariales sobre los territorios que destruyen para sus proyectos. El despojos realizado por el narcotráfico.
Las acciones administrativas del Incora, la Unat y el IncoderR, que favorecen el despojo. La negación del gobierno a los regresos y retornos, diseñando una política de atención a la población desplazada para mantenerse en la ciudad y no en los territorios propios.
4. Lo despojado, no ha sido restituido y no será restituido. Nos preguntamos los participantes en este encuentro de Tierras y Territorios, por qué el gobierno no ha iniciado la devolución de tierras que ha entregado los jefes paramilitares y las que han sido declaradas en extinción de dominio o en las que existe orden judicial o administrativa de restitución;
y por el contrario se están entregando en subasta a nuevos propietarios, testaferros o empresas transnacionales, en muchas ocasiones de manera gratuita con la única condición de su explotación agroindustrial.
5. Durante estos días escuchamos el relato de más de 150 casos entre abandonos, despojos, apropiación ilegal de tierras y Territorios, donde las comunidades han desarrollado múltiples experiencias propias de retorno, regreso y protección de los territorios recuperados, a través de la resistencia y liberación de la madre tierra, de mecanismos como zonas humanitarias, espacios humanitarios, campamentos de refugio, zonas de reserva campesinas; las tomas de predios en extinción de dominio.
El reconocimiento de estas experiencias, deja claro que existe una decisión de recuperar lo despojado a través de estos retornos propios y regresos a los territorios, que las políticas gubernamentales no están orientadas a promover. Por tanto, es necesario que las comunidades potenciemos todas las iniciativas en pro de favorecer la defensa de la tierra y el territorio.
6. Los participantes del preencuentro exigimos al gobierno nacional el desmonte del Incoder y de la Dirección Nacional de Estupefacientes por considerar que estas instituciones son foco de corrupción y han amparado el despojo de tierras y territorios.
En su lugar demandamos la creación de un programa nacional de restituciones con participación determinante en su cuerpo directivo de las organizaciones de víctimas, indígenas, campesinos, afrodescendientes y mujeres, que haga posible y rápido la restitución de predios y titulación a poseedores, tenedores, ocupantes, y a los reales propietarios.
7. Solicitamos a la Corte Constitucional la necesidad de convocar a una audiencia campesina donde estemos juntos afrodescendientes, indígenas y campesinas y campesinos mestizos, con el fin de que escuchen nuestra propuesta de política agraria desde cada una de nuestras realidades étnicas y regionales.
Para ello, formalmente estamos enviando una comunicación los participantes de este encuentro a los Magistrados de la Corte Constitucional que hacen seguimiento a la T-025.
8. Igualmente, nos proponemos elaborar un listado de beneficiarios de los despojos violentos donde se incluyan terratenientes, militares, transnacionales, congresistas, políticos y otros, para difundir y denunciar esta información que permita conocer los verdaderos responsables del desplazamiento forzado y despojo.
Para ello, ya hemos elaborado un informe parcial de 21 casos de despojos y apropiación ilegal que anexamos a esta declaración.
9. El preencuentro de tierras propone impulsar de manera conjunta un plan nacional de restitución directa, a través del cual los propietarios/tenedores, desarrollen acciones paras recuperar sus predios, a partir de los bienes entregados de paramilitares y narcotraficantes, además de los declarados de extinción de dominio.
10. Los asistentes hemos afirmado la necesidad de rescatar los valores culturales, sociales y económicos que entrañan el modelo de economía campesina; así como los modelos de organización de comunidades indígenas y afrodescendientes. En este sentido el encuentro hace un llamado a la sociedad colombiana a defender la soberanía alimentaria como un derecho fundamental.
11. Rechazamos la estigmatización de las y los campesinos, indígenas y afrodescendientes, las judicializaciones por intentar recuperar lo que por derecho nos pertenece.
Por ello exigimos que se cierren las investigaciones que se adelantan actualmente contra los hombres y mujeres campesinos, afrodescendientes e indígenas y que se han abierto por recuperar legal y legítimamente la tierra y el territorio despojado por paramilitares, políticos, empresarios, narcotraficantes.
12. Llamamos a consolidar proceso de convergencia y coordinación de iniciativas, pues es la manera más eficaz de enfrentar el proyecto de despojo e impunidad. EL gobierno elude su responsabilidad con las víctimas y no las repara adecuadamente y sólo se limita a pagar unas irrisorias indemnizaciones que en ninguna manera restablecen a las víctimas en sus derechos vulnerados.
Igualmente rechazamos los lineamientos de la política pública de restitución de tierras que recientemente se formuló porque ella se limita a la restitución de la propiedad, sin ocuparse del patrimonio y no se considera la totalidad de bienes que fueron despojados.
13. Reconocemos que actualmente se impulsan varias iniciativas en procura de exigir el derecho a la tierra y el territorio. En este sentido llamamos a las organizaciones a acompañar a las comunidades que resisten y luchan en recuperación de predio, liberación de la madre tierra, zonas de reservas campesinas, zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, retornos y regresos a las regiones; las cuales exhortamos a multiplicar por toda la geografía nacional.
14. Los participantes de este preencuentro consideramos muy importante salir a promover encuentros regionales y zonales que preparen la cumbre nacional por la defensa del territorio que proponemos se realice en el mes de julio de 2010, que convoca organizaciones que defienden la tierra y el territorio.
15. Finalmente, el encuentro exhorta y felicita a las comunidades que luchan y resisten en la defensa del derecho a la tierra, al territorio, al Soberanía Nacional y actualmente han logrado estar en sus tierras y territorios nuevamente.
Para ello se amparan en la legislación existente en materia agraria, impuesta por un Congreso influenciado por los perpetradores del despojo. En las Notarias y Oficinas de Registro Público que avalan las falsedades de documentos que legalizan lo despojado. Las invasiones empresariales sobre los territorios que destruyen para sus proyectos. El despojos realizado por el narcotráfico.
Las acciones administrativas del Incora, la Unat y el IncoderR, que favorecen el despojo. La negación del gobierno a los regresos y retornos, diseñando una política de atención a la población desplazada para mantenerse en la ciudad y no en los territorios propios.
4. Lo despojado, no ha sido restituido y no será restituido. Nos preguntamos los participantes en este encuentro de Tierras y Territorios, por qué el gobierno no ha iniciado la devolución de tierras que ha entregado los jefes paramilitares y las que han sido declaradas en extinción de dominio o en las que existe orden judicial o administrativa de restitución;
y por el contrario se están entregando en subasta a nuevos propietarios, testaferros o empresas transnacionales, en muchas ocasiones de manera gratuita con la única condición de su explotación agroindustrial.
5. Durante estos días escuchamos el relato de más de 150 casos entre abandonos, despojos, apropiación ilegal de tierras y Territorios, donde las comunidades han desarrollado múltiples experiencias propias de retorno, regreso y protección de los territorios recuperados, a través de la resistencia y liberación de la madre tierra, de mecanismos como zonas humanitarias, espacios humanitarios, campamentos de refugio, zonas de reserva campesinas; las tomas de predios en extinción de dominio.
El reconocimiento de estas experiencias, deja claro que existe una decisión de recuperar lo despojado a través de estos retornos propios y regresos a los territorios, que las políticas gubernamentales no están orientadas a promover. Por tanto, es necesario que las comunidades potenciemos todas las iniciativas en pro de favorecer la defensa de la tierra y el territorio.
6. Los participantes del preencuentro exigimos al gobierno nacional el desmonte del Incoder y de la Dirección Nacional de Estupefacientes por considerar que estas instituciones son foco de corrupción y han amparado el despojo de tierras y territorios.
En su lugar demandamos la creación de un programa nacional de restituciones con participación determinante en su cuerpo directivo de las organizaciones de víctimas, indígenas, campesinos, afrodescendientes y mujeres, que haga posible y rápido la restitución de predios y titulación a poseedores, tenedores, ocupantes, y a los reales propietarios.
7. Solicitamos a la Corte Constitucional la necesidad de convocar a una audiencia campesina donde estemos juntos afrodescendientes, indígenas y campesinas y campesinos mestizos, con el fin de que escuchen nuestra propuesta de política agraria desde cada una de nuestras realidades étnicas y regionales.
Para ello, formalmente estamos enviando una comunicación los participantes de este encuentro a los Magistrados de la Corte Constitucional que hacen seguimiento a la T-025.
8. Igualmente, nos proponemos elaborar un listado de beneficiarios de los despojos violentos donde se incluyan terratenientes, militares, transnacionales, congresistas, políticos y otros, para difundir y denunciar esta información que permita conocer los verdaderos responsables del desplazamiento forzado y despojo.
Para ello, ya hemos elaborado un informe parcial de 21 casos de despojos y apropiación ilegal que anexamos a esta declaración.
9. El preencuentro de tierras propone impulsar de manera conjunta un plan nacional de restitución directa, a través del cual los propietarios/tenedores, desarrollen acciones paras recuperar sus predios, a partir de los bienes entregados de paramilitares y narcotraficantes, además de los declarados de extinción de dominio.
10. Los asistentes hemos afirmado la necesidad de rescatar los valores culturales, sociales y económicos que entrañan el modelo de economía campesina; así como los modelos de organización de comunidades indígenas y afrodescendientes. En este sentido el encuentro hace un llamado a la sociedad colombiana a defender la soberanía alimentaria como un derecho fundamental.
11. Rechazamos la estigmatización de las y los campesinos, indígenas y afrodescendientes, las judicializaciones por intentar recuperar lo que por derecho nos pertenece.
Por ello exigimos que se cierren las investigaciones que se adelantan actualmente contra los hombres y mujeres campesinos, afrodescendientes e indígenas y que se han abierto por recuperar legal y legítimamente la tierra y el territorio despojado por paramilitares, políticos, empresarios, narcotraficantes.
12. Llamamos a consolidar proceso de convergencia y coordinación de iniciativas, pues es la manera más eficaz de enfrentar el proyecto de despojo e impunidad. EL gobierno elude su responsabilidad con las víctimas y no las repara adecuadamente y sólo se limita a pagar unas irrisorias indemnizaciones que en ninguna manera restablecen a las víctimas en sus derechos vulnerados.
Igualmente rechazamos los lineamientos de la política pública de restitución de tierras que recientemente se formuló porque ella se limita a la restitución de la propiedad, sin ocuparse del patrimonio y no se considera la totalidad de bienes que fueron despojados.
13. Reconocemos que actualmente se impulsan varias iniciativas en procura de exigir el derecho a la tierra y el territorio. En este sentido llamamos a las organizaciones a acompañar a las comunidades que resisten y luchan en recuperación de predio, liberación de la madre tierra, zonas de reservas campesinas, zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, retornos y regresos a las regiones; las cuales exhortamos a multiplicar por toda la geografía nacional.
14. Los participantes de este preencuentro consideramos muy importante salir a promover encuentros regionales y zonales que preparen la cumbre nacional por la defensa del territorio que proponemos se realice en el mes de julio de 2010, que convoca organizaciones que defienden la tierra y el territorio.
15. Finalmente, el encuentro exhorta y felicita a las comunidades que luchan y resisten en la defensa del derecho a la tierra, al territorio, al Soberanía Nacional y actualmente han logrado estar en sus tierras y territorios nuevamente.
