Cifras de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública entre noviembre de 2008 a marzo de 2009Por Comisión Colombiana de Juristas
Entierro masivo de jóvenes ejecutados por el Ejército en Toluviejo. Foto Manuel Pérez.
La Comisión Colombiana de Juristas ha registrado, entre julio de 2002 y junio de 2008, por lo menos 1.205 casos de ejecuciones extrajudiciales y 281 desapariciones forzadas atribuibles directamente a la fuerza pública, o sea un total de 1.486 violaciones al derecho a la vida perpetradas directamente por agentes estatales en los últimos seis años.
Dentro de este quinquenio, el último año analizado (julio de 2007 a junio de 2008) fue en el que se registró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, pues por lo menos 250 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por miembros la fuerza pública, frente a los 236 casos registrados entre julio de 2006 y junio de 2007.
Aunque aún no se cuenta con datos numéricos consolidados, la Comisión Colombiana de Juristas tiene conocimiento que este tipo de hechos se continúan cometiendo:
1. El 16 de diciembre de 2008, en el corregimiento “Gabriel López” perteneciente al municipio de Totoró (Cauca), fue ejecutado extrajudicialmente el indígena José Edwin Legarda Vásquez por miembros del Ejército nacional. La víctima era esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aída Marina Quilcue Vivas.
El homicidio se registró luego de que el vehículo en que se transportaba la víctima, fuera blanco de 17 impactos de bala perpetrados por los militares. En estos mismos hechos, resultó herida una enfermera de una misión médica, que lo acompañaba[1].
Un día después, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó públicamente que: “En el relato que los integrantes del Ejército han hecho al señor General Peña, Comandante de la Tercera División, han expresado que cuando en la madrugada advirtieron un vehículo, en dos ocasiones le señalaron a ese vehículo que parara, el vehículo no atendió esa instrucción y entonces le dispararon.
“También hemos oído del Ejército que esos retenes no los adelantan con todos los requerimientos técnicos, como serían todas las señales”[2].
Según la Defensoría del Pueblo “El vehículo tipo camioneta en que se movilizaban las víctimas, de propiedad del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), había sido adquirida desde hacía más de 6 meses y este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades departamentales y nacionales”[3].
De igual manera, la Defensoría respaldó el informe presentado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que difiere del informe presentado por el Ejército, cuando afirma que: “La comisión conjunta de autoridades indígenas y Fiscalía halló 105 vainillas de arma larga en el sitio” mientras que en la camioneta solo se registraron 16 impactos en las partes laterales y tres en la parte trasera.
Según la Defensoría, estos impactos de bala "desmienten la versión inicial según la cual la tropa disparó ante la omisión de pare"[4].
El 1° de mayo de 2009, un juez penal municipal, con funciones de control de garantías, dictó medidas de aseguramiento contra dos suboficiales y cinco soldados del Ejército nacional, a quienes un fiscal de Derechos Humanos y DIH les imputó el delito de homicidio en persona protegida en calidad de coautores por el homicidio de José Edwin Legarda[5]. Los imputados permanecen recluidos en el Batallón de Servicios de la Brigada 29 del Ejército Nacional[6].
2. El 26 de diciembre de 2008, en el municipio de Buenavista (Córdoba), fue ejecutado extrajudicialmente Arnobis Negrete Villadiego, de 18 años de edad, por miembros del Batallón de Infantería 31 Rifles adscrito a la Brigada 11 del Ejército nacional. La víctima fue presentada por la fuerza pública como un integrante de la “banda criminal” del jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, muerto en combate en el corregimiento de Villa Fátima del municipio de Buenavista (Córdoba).
La víctima era estudiante de séptimo grado de la institución Cristóbal Colón. El joven había desaparecido el día anterior, cuando en compañía de otro joven dejó su casa, ubicada en el barrio Edmundo López al sur de Montería[7]. La familia se enteró de la muerte por una nota de prensa en que se presentaba la foto de la víctima como la de una "baja de un integrante de la banda de alias 'don Mario', y la incautación de una granada y un fusil"[8].
El 4 de mayo de 2009, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció durante una audiencia de rendición de cuentas sobre derechos humanos, que el joven había sido asesinado por el Ejército y posteriormente presentado como un falso muerto en combate.
Según el Ministro de Defensa, a propósito de este caso se nombró una comisión investigadora del Ejército, que habría establecido que “encontró unas fallas administrativas. Hay una serie de informaciones que estamos trasladando a la Fiscalía y a la Procuraduría y nosotros estamos estudiando las medidas correspondientes”[9].
3. El 9 de enero de 2009, fue ejecutado extrajudicialmente Robinson de Jesús Gil, por agentes de la Policía de Bogotá, quienes lo asesinaron propinándole un disparo, luego de haberlo golpeado brutalmente con un bate. La víctima era un indigente y supuesto drogadicto.
Luego de ser asesinados, los agentes de policía intentaron desaparecer el cadáver abandonando en la carretera que conduce de la ciudad de Bogotá al municipio de Choachí (Cundinamarca). El 10 de febrero de 2009, la Fiscalía les profirió cargos por los delitos de homicidio agravado, tortura y privación ilegal de la libertad al patrullero Héctor Villalobos Ríos, y al agente Alfonso Aníbal Vásquez Ciro[10].
Durante la audiencia pública de imputación de cargos, la delegada de la Fiscalía General de la Nación realizó la siguiente descripción de los hechos:
“Todo parece indicar que en el camión de policía de la estación de Puente Aranda los señores uniformados Villalobos y el señor Alfonso Aníbal Vásquez Ciro, procedieron a levantar de la vía pública a un grupo de personas habitantes de calle, la razón la fiscalía la desconoce.
“Se trasladan con este personal a la UPJ[11] de Puente Aranda, allí al parecer se hace un trámite administrativo respecto de alguno de ellos, pero dos de estas personas fueron sacadas por estos dos uniformados de la estación de policía luego de que uno de ellos fuera salvajemente golpeado al interior de la misma, de acuerdo con la descripción que de estos hacen un policía de la UPJ y uno de los habitantes de calle cuya diligencia fue leída por esta delegada.
“Posteriormente y minutos después, ese camión es visto subiendo por el sendero que de la carretera del distrito capital conduce al cercano municipio de Choachí, específicamente hasta el kilometro noveno.
“Luego minutos después de que este camión fuera visto en regreso a gran velocidad por miembros de la Policía Nacional, la policía de carreteras reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona que según la descripción que se hace en la diligencia de inspección de cadáver tiene aspecto de indigente, con una herida por arma de fuego en la región de la cara y con heridas por elemento contundente también en región orbital y en región maceterea”[12].
4. El 7 de enero de 2009, en el municipio de La Macarena (Meta), fue víctima de homicidio, María Concepción Rico, presuntamente por miembros del Ejército Nacional. Los hechos ocurrieron luego de que miembros el Ejército vinieran persiguiendo a miembros de un grupo guerrillero que pasó cerca de la casa de la víctima, los militares dispararon de forma indiscriminada contra la vivienda hiriendo a la Sra. Rico, quien se encontraba en compañía de su hija Yesica Rico y su vecino Sebastián Gutiérrez.
Después de una hora y media, la víctima fue trasladada junto con su hija en un helicóptero a la ciudad de Villavicencio en donde murió. A Yesica Rico y su vecino Sebastián Gutiérrez, los militares los acusaron de ser miembros de la guerrilla, manifestándoles que debían agradecer que no los habían matado a todos[13].
5. El 28 de febrero de 2009, en la ciudad de Bogotá, fue desaparecido forzadamente el niño Rodolfo Blandón, presuntamente por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según María Fernanda Sierra, madre del niño de 15 años, dos policías que se movilizaban en una moto de la institución desaparecieron al niño, en la localidad de Ciudad Bolívar, y hasta el 7 de marzo de 2009, apareció muerto con un tiro en la cabeza en un potrero en el barrio Lucero Alto, ubicado al sur de la ciudad.
Según una familiar de la víctima “Son muy extraños los hechos en que murió mi sobrino, pero en Ciudad Bolívar es muy difícil identificar a los uniformados porque las motos de ellos nunca tienen placa y jamás portan chalecos reflectivos (...) Mi sobrino era un muchacho trabajador, a pesar de su edad él le ayudaba a su mamá, una mujer de 40 años y sordomuda”[14].
El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, manifestó a través de un comunicado de prensa que “se están adelantando las investigaciones pertinentes y que mientras tanto el comando ha tomado la decisión de suspender provisionalmente a los uniformados presuntamente vinculados con el propósito de contribuir con la investigación”[15].
6. El 10 de marzo de 2009, en la ciudad Barranquilla (Atlántico), fue ejecutado el niño Miguel Andrés Martínez González, de 16 años de edad, presuntamente por dos miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El niño habría sido asesinado de un tiro en la cabeza, después de que se le ordenara detener la marcha de la motocicleta en la que se movilizaba en compañía de Juan Carlos Niño Marchena, de 24 años de edad, quien también fue agredido.
Inicialmente, los policías acusaban a los jóvenes de haber cometido un robo. Posteriormente, las autoridades confirmaron que los jóvenes no tenían antecedentes judiciales y que no tenían en su poder armas, ni el supuesto botín por el que eran perseguidos[16].
7. El 14 de marzo de 2009, en el municipio de La Macarena (Meta), fue ejecutado extrajudicialmente Luis Arbey Díaz Rubiano, presuntamente por miembros de la Brigada Móvil No. 1 adscrita al Ejército Nacional, que se encontraba al mando de un Teniente de apellido Londoño. La víctima se desempeñaba como Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda “El Tapir”, ubicada en el municipio de La Macarena (Meta).
La víctima fue asesinada luego de salir de su residencia en compañía de su hijo Rolando Martínez Plaza, quien después de ser testigo del asesinato de su padre fue detenido arbitrariamente por miembros del Ejército Nacional, por el término de dos días[17].
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[1] Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep), Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Revista Noche y Niebla, No. 38, Bogotá, 2009, pág. 205.
[2] Presidencia de la República, Secretaría de Prensa, “Declaración del Presidente Álvaro Uribe sobre la muerte del indígena Edwin Legarda”, 17 de diciembre de 2008, pág. 1. http://www.webpresidencia.gov.co/
[3] Periódico El Tiempo, “Versión militar sobre muerte de Edwin Legarda fue cuestionada por la Defensoría”, 23 de diciembre de 2008, http://www.eltiempo.com/
[4] Ibid.
[5] Fiscalía General de la Nación, “Asesinato de José Edwin Legarda. Aseguran a siete militares por homicidio en persona protegida”, 1 de mayo de 2009, www.fiscalia.gov.co
[6] Ibíd.
[7] Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep), Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Revista Noche y Niebla, No. 38, Bogotá, 2009, pág. 209.
[8] Periódico El Tiempo, Sección Caribe, “Madre de víctima de 'falso positivo' pide castigo para los responsables”, 19 de mayo de 2009, www.eltiempo.com
[9] Ministerio de Defensa, “En 2009 no hay una sola queja de falsos positivos”, 4 de mayo de 2009, www.mindefensa.gov.co
[10] Periódico El Tiempo, “Habitante de la calle murió a manos de 2 policías el 9 de enero; le dieron un tiro en la cabeza”, 11 de febrero de 2009, www.eltiempo.com
[11] Unidad Permanente de Justicia.
[12] Puede escuchar la intervención completa de la Delegada de la Fiscalía General de la Nación, siguiendo este link: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/habitante-de-la-calle-murio-a-manos-de-2-policias-el-9-de-enero-le-dieron-un-tiro-en-la-cabeza_4809833-1
[13]Comisión de Seguimiento de derechos humanos y dih del Sector del Bajo Ariari, Denuncia Pública, Bogotá, 20 de abril de 2008, en:Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia. 1° de enero a 31 de marzo de 2009”, Boletín No. 5, pág.
9, www.ddhhcolombia.org.co; Informe del Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep), en: Periódico El Espectador, “No más dictadura del positivo”, 5 de mayo de 2009, www.elespectador.com
[14] Periódico El Espectador, “Dos policías habría matado a un joven de 15 años”, 10 de marzo de 2009.
[15] Periódico El Espectador, “Policía sospechosos de asesinato”, Ver video completo en: http://www.elespectador.com/policia-nacional/video-policias-sospechosos-de-asesinato
[16] Periódico El Heraldo, “Mi hijo no era ningún delincuente”, 12 de marzo de 2009, www.elheraldo.com
[17] Denuncia pública realizada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Tapir, la Asociación Campesina Ambiental de los ríos Lozada Guayabero y la Asociación Campesina Ambiental de los Parques Naturales Tinigua y Macarena, La Macarena (Meta), 24 de marzo de 2009 y Periódico El Espectador, “El Ministro ha respondido en forma equivocada”, 9 de mayo de 2009, www.elespectador.com
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