Parauribismo/Graves amenazas contra miembros de la Comisión Colombiana de Juristas
El 2 de marzo de 2009, a las 12:21 pm, fue recibido un fax en el que se declara como objetivo militar a Lina Paola Malagón Díaz, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, quien se encuentra adelantando actividades sobre la impunidad en casos de violaciones cometidas contra las y los sindicalistas en Colombia.
En el texto de la amenaza, también se menciona a otro miembro de la CCJ, quien debió salir del país a finales de 2008, por haber sido víctima de persecución y amenazas por parte del mismo grupo paramilitar, que se autodenomina “Bloque Capital de las Águilas Negras Auc”.
Es importante señalar que en los últimos años, otros miembros de la Comisión Colombiana de Juristas han sido víctimas de señalamientos y amenazas por parte de grupos paramilitares.
En febrero de 2009, la abogada defensora de derechos sindicales realizó un informe sobre la impunidad existente en los crímenes que se cometen en Colombia contra las y los sindicalistas por sus actividades de defensa de los derechos laborales.
Este informe fue un insumo importante para la audiencia que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2009 en el Congreso estadounidense, que fue convocada por el representante George Miller, Presidente de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y cuyo propósito fue examinar la situación de los derechos de los trabajadores en Colombia y la violencia antisindical.
El trabajo realizado por la CCJ para dicha audiencia se coordinó con el Director de la Escuela Nacional Sindical (ENS) José Luciano Sanín Vásquez, quien participó en el espacio convocado por el Representante a la Cámara de los Estados Unidos George Miller.
Esta participación generó la reacción del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien señaló a los participantes de la reunión como personas que distorsionaron la verdad, motivadas por “el odio político”[1].
La Central Sindical de Estados Unidos (AFL – CIO) se pronunció señalando que tales declaraciones representan un riesgo muy serio para las personas que participaron en la audiencia y le solicitó al Presidente Uribe retirar en forma inmediata dichas declaraciones y hacer un reconocimiento público a la legitimidad y al valor del trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, incluidos las y los sindicalistas.
Adicionalmente lo instó a garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos sindicales para que este trabajo pueda desarrollarse sin temor a represalias.
La CCJ rechaza y denuncia las amenazas recibidas en contra de sus integrantes y exige del Gobierno Nacional las garantías necesarias especialmente para la protección de la vida e integridad de la abogada Lina Paola Malagón Díaz.
Igualmente, exige a la Fiscalía General de la Nación que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables de estas amenazas.
Solicita a la comunidad internacional, en especial al G-24 y al Sistema de Naciones Unidas, que se mantengan atentos frente a estos hechos y que exijan al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de garantía y protección del ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Igualmente, convoca al movimiento sindical y de derechos humanos en Colombia y en el mundo a pronunciarse sobre esta grave amenaza en contra de las y los defensores de derechos humanos en Colombia.
El 2 de marzo de 2009, a las 12:21 pm, fue recibido un fax en el que se declara como objetivo militar a Lina Paola Malagón Díaz, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, quien se encuentra adelantando actividades sobre la impunidad en casos de violaciones cometidas contra las y los sindicalistas en Colombia.
En el texto de la amenaza, también se menciona a otro miembro de la CCJ, quien debió salir del país a finales de 2008, por haber sido víctima de persecución y amenazas por parte del mismo grupo paramilitar, que se autodenomina “Bloque Capital de las Águilas Negras Auc”.
Es importante señalar que en los últimos años, otros miembros de la Comisión Colombiana de Juristas han sido víctimas de señalamientos y amenazas por parte de grupos paramilitares.
En febrero de 2009, la abogada defensora de derechos sindicales realizó un informe sobre la impunidad existente en los crímenes que se cometen en Colombia contra las y los sindicalistas por sus actividades de defensa de los derechos laborales.
Este informe fue un insumo importante para la audiencia que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2009 en el Congreso estadounidense, que fue convocada por el representante George Miller, Presidente de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y cuyo propósito fue examinar la situación de los derechos de los trabajadores en Colombia y la violencia antisindical.
El trabajo realizado por la CCJ para dicha audiencia se coordinó con el Director de la Escuela Nacional Sindical (ENS) José Luciano Sanín Vásquez, quien participó en el espacio convocado por el Representante a la Cámara de los Estados Unidos George Miller.
Esta participación generó la reacción del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien señaló a los participantes de la reunión como personas que distorsionaron la verdad, motivadas por “el odio político”[1].
La Central Sindical de Estados Unidos (AFL – CIO) se pronunció señalando que tales declaraciones representan un riesgo muy serio para las personas que participaron en la audiencia y le solicitó al Presidente Uribe retirar en forma inmediata dichas declaraciones y hacer un reconocimiento público a la legitimidad y al valor del trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, incluidos las y los sindicalistas.
Adicionalmente lo instó a garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos sindicales para que este trabajo pueda desarrollarse sin temor a represalias.
La CCJ rechaza y denuncia las amenazas recibidas en contra de sus integrantes y exige del Gobierno Nacional las garantías necesarias especialmente para la protección de la vida e integridad de la abogada Lina Paola Malagón Díaz.
Igualmente, exige a la Fiscalía General de la Nación que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables de estas amenazas.
Solicita a la comunidad internacional, en especial al G-24 y al Sistema de Naciones Unidas, que se mantengan atentos frente a estos hechos y que exijan al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de garantía y protección del ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Igualmente, convoca al movimiento sindical y de derechos humanos en Colombia y en el mundo a pronunciarse sobre esta grave amenaza en contra de las y los defensores de derechos humanos en Colombia.
